El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero (CC), ha acusado hoy al Consejo de Ministros de tratar a su comunidad "como si aún fuera una colonia perdida en el Atlántico", al autorizar prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las islas por "el capricho de favorecer a Repsol".

Rivero ha comparecido esta tarde en rueda de prensa en Puerto del Rosario junto a los presidentes de los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, los nacionalistas Mario Cabrera y Pedro San Ginés, para valorar la decisión adoptada este mañana por el Gobierno central, que los tres consideran "unilateral e injusta".

"Sólo sirve a una idea: beneficiar a una empresa privada", ha denunciado el presidente canario, antes de subrayar el daño que esas prospecciones pueden causar a la principal industria de las islas, el turismo, y de recordar que las principales instituciones canarias se han manifestado en contra de los sondeos petrolíferos.

Paulino Rivero ha acusado al Gobierno central de haber aprobado esas prospecciones con una actitud "que tiene más parecido con las decisiones que se tomaban en la España de otra historia" y de estar "jugando con el futuro de los canarios", algo ante lo que estos "no pueden arrodillarse".

El presidente canario ha anunciado que la comunidad autónoma utilizará todos los recursos legales a su alcance "para evitar un atropello como el que pretende el Gobierno" y hacer inviable el acuerdo del Consejo de Ministros.

"Empieza una batalla muy interesante", según Rivero, quien ha recordado que existe una amplia normativa que protege el mar de las islas y se ha mostrado convencido de que si las instituciones canarias tienen el apoyo de los ciudadanos no habrá prospecciones, al tiempo que ha alentado a los canarios a "no callar" ni arrodillarse "ante decisiones que son de otro tiempo".

Las prospecciones petrolíferas cuentan con el rechazo del Gobierno de Canarias, el Parlamento regional, los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote y los ayuntamientos, ha recordado Rivero.

Asimismo, ha advertido sobre el riesgo medioambiental que suponen las prospecciones petrolíferas para las islas, donde el turismo supone el 30 por ciento del PIB y el 40 por ciento del empleo.

En caso de producirse una situación adversa, el turismo de Lanzarote y de Fuerteventura resultaría afectado, así como el agua de mar que se desala para uso de la población.

Canarias necesita un modelo sostenible a largo plazo por encima de decisiones que pretenden "favorecer los caprichos de una multinacional", ha manifestado Rivero, quien ha criticado que, frente a esta decisión, el Gobierno haya limitado el desarrollo de las energías renovables en las islas con la eliminación de la prima a las energías limpias.