El Gobierno tendrá la potestad de cambiar y distribuir a los funcionarios de sus puestos hacia los servicios que más lo requieran en cada momento, siempre que no impliquen cambios de isla de residencia. La Ley de Medidas Administrativas y Fiscales establece una serie de medidas para racionalizar las plantillas de los departamentos de la Administración autonómica, imponiendo la movilidad a sus empleados.
Uno de los sectores más afectados será el personal sanitario, al que se podrá destinar a otro centro o unidad distinta a la de su nombramiento por razones asistenciales y organizativas. La Consejería de Educación también podrá fijar la distribución de las plantillas de docentes.
La nueva ley recoge varias modificaciones de normas y leyes que afectan a los funcionarios y a la organización del trabajo. Entre ellas figura que el Ejecutivo declarará de oficio la jubilación forzosa de todos los empleados públicos de la Comunidad Autónoma que cumplan la edad establecida en la ley, incluido el personal de las empresas y fundaciones públicas.
El Ejecutivo modifica la Ley de la Función Pública Canaria y prolongará el servicio activo del funcionario que lo solicite por un periodo máximo de un año, pudiendo renovarse sólo en condiciones especiales. Esta medida afecta a unos 65.000 trabajadores que dependen de la Comunidad Autónoma. En tres meses, todos aquellos empleados que estén en situación de prolongación del servicio activo serán jubilados forzosamente.
Uno de los sectores más afectados por esta medida es el de los docentes, ya que hasta ahora tenían la posibilidad de acogerse a la jubilación a los 60 años. Los maestros y profesores también se jubilarán como el resto de las categorías laborales y podrán solicitar la prolongación de la permanencia en servicio activo sólo hasta la finalización del curso escolar.
La ley también recoge con amplitud la decisión de reducir los salarios un 5% a todo el personal de la Administración autonómica, desde los altos cargos hasta los trabajadores de las empresas y fundaciones públicas. En todas las categorías se exceptúa de la reducción salarial a los trabajadores cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional.
Además de los cerca de 62.000 empleados de la Comunidad Autónoma, también se incluyen en esta disminución de las retribuciones al personal docente de los centros concertados, a los profesores de las dos universidades canarias y al personal laboral.
Los 2.800 trabajadores que ejercen su trabajo en las empresas y fundaciones públicas están sometidos, además, a una serie de medidas que van más allá de la rebaja salarial del 5%. Los complementos de antigüedad e incapacidad temporal se igualarán al del resto del personal de la Comunidad Autónoma al margen de lo que figure en sus convenios colectivos. Asimismo, se suspenden durante dos años todas las medidas de acción social y los acuerdos, pactos y convenios vigentes.
Con respecto a las bajas laborales, los empleados públicos cobrarán la totalidad de su salario hasta un máximo de tres meses a cargo de la Administración autonómica. Solo se podrá incrementar este periodo por razones muy justificadas.
