La Comunidad Autónoma quiere llegar al alquiler cero en menos de dos años. Sólo entre 2011 y 2012 el ahorro en arrendamientos superará los 10 millones de euros. Desde el año pasado se está aplicando un amplio plan de reorganiza- ción y movilidad de los centros directivos de la Comunidad Autónoma para sacar el máximo rendimiento a los edificios e inmuebles públicos en propiedad.
Durante décadas la Administración autonómica creció de forma exponencial al mismo tiempo que se incrementaba el gasto de alquileres ante la falta de espacio para ubicar al personal. El gasto en arrendamientos ha llegado a superar los 20 millones de euros y la dispersión de los departamentos ha sido la tónica dominante a medida que la Comunidad Autónoma incrementaba sus competencias.
En los últimos meses la Comunidad Autónoma ha comprado el edificio de Servicios Múltiples III, en la capital grancanaria, y el edificio Proda- mer, en Santa Cruz de Teneri-fe. Según explica el director general de Patrimonio y Contratación, Abel Morales, "con la adquisición de estos edifi-cios estamos pagando menos de hipoteca que antes con los alquileres".
Con estas adquisiciones y las reformas que se han ejecutado en otros edificios públicos se ha acelerado el traslado y mudanza de departamentos para ahorrarse sólo en este año 5,6 millones en alquileres, a los que hay que añadir el ahorro de los 4,5 millones del año pasado.
"La gestión patrimonial de lo que se tiene que ocupar principalmente es de sacar el máximo rendimiento a cada metro cuadrado de propiedad porque un patrimonio bien gestionado debe ser rentable", asegura Abel Morales.
La Dirección General de Patrimonio y Contratación lleva varios meses gestionando las mudanzas que se están realizando de los departamentos y centros directivos, para desalojar edificios e inmuebles alquilados en las dos capitales canarias y trasladar el mobiliario y el personal a los edificios en propiedad. En el caso de las islas no capitalinas el criterio es el mismo y se está planificando la concentración de oficinas en los locales que sean propiedad de la Comunidad Autónoma ante la dispersión que ha existido hasta el momento.
