La drástica reducción de la financiación del convenio de carreteras por parte del Estado puede suponer la destrucción de 17.000 empleos en dos años. La Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario advirtió ayer de las consecuencias de los recortes que afectan a las vías que se están ejecutando en Canarias y que para 2013 suponen una caída del 74% de la dotación prevista en el convenio, pasando de 207 millones a 54,1 millones de euros.
El convenio de carreteras emplea a 24.200 trabajadores, 6.200 de ellos de forma directa en las empresas adjudicatarias de las infraestructuras y 18.000 indirectos por el movimiento económico que genera en las empresas auxiliares y en otros sectores. Según los cálculos del Ejecutivo regional, la suma de los ajustes de 2012 y 2013 dejará sin trabajo a 17.000 personas, impactando más en el empleo directo ya que el Ejecutivo se ve abocado a paralizar obras y a ralentizar otras. De esta forma, la previsión es que se destruirán 4.400 empleos directos y 12.000 indirectos.
El consejero de Obras Públicas del Gobierno autonómico, Domingo Berriel, criticó al Ministerio de Fomento ya que con su "insensibilidad" miles de personas irán a engrosar las listas del paro en una comunidad autónoma que alcanza ya el 33% de la tasa de desempleo, muy por encima de la media nacional. Berriel advirtió que es "imposible" que su departamento cumpla con los compromisos adquiridos con las empresas contratistas ya que la Comunidad Autónoma no puede cubrir los cerca de 300 millones de euros que deja de transferir Fomento entre este año y el próximo. "Si no se consige corregir esta situación tendremos que paralizar las obras más costosas y menos avanzadas, lo que va provocar más paro, retrasos en el calendario y desfases en la ejecución prevista", añadió.
Carreteras en peligro
El panorama no puede ser más desolador para las principales vías que se ejecutan con los fondos del convenio. En total son 21 las carreteras que se están construyendo en Canarias, que suponen una inversión global de 1.135 millones de euros. En el caso de Gran Canaria, el nuevo escenario aboca a la paralización de la IV fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, según confirmó Domingo Berriel. Por lo que respecta a la carretera de La Aldea-El Risco, se hará lo posible por no paralizarla pero sí sufrirá una ralentización del calendario previsto.
La prolongación de la autopista GC-1 entre Puerto Rico y Mogán está previsto que finalice a finales de año pero el Ejecutivo se ve ahora con el problema añadido de que no hay fondos suficientes para abonarla en 2013, ya que esta vía se ha prefinanciado por las empresas adjudicatarias. La carretera Pagador-Guía está prácticamente finalizada y quedaría fuera el ajardinamiento de la misma.
La reducción de los fondos de 2012 y 2013 también provoca que no se liciten nuevas vías ni este año ni el próximo, por lo que se altera el calendario de adjudicaciones previsto en el convenio de carreteras, que estaba firmado por el Estado y la Comunidad Autónoma hasta 2017 a razón de 200 millones de euros anuales.
Según el titular de Obras Públicas, los 54 millones previstos para carreteras en el 2013 no van a cubrir ni los gastos que afrontará el Ejecutivo canario para pagar las indemnizaciones por incumplimiento de sus contratos con las empresas que ejecutan las obras, que tendrán que parar o bajar la actividad en gran medida. Domingo Berriel aseguró que, en lo que va de 2012, ya se han perdido más de 2.000 puestos de trabajo por el incumplimiento del convenio.
Recurso judicial
Berriel también confirmó ayer el pleito judicial que entablará la Comunidad Autónoma por el incumplimiento por parte del Estado del convenio de carreteras. De esta forma, se presentará un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Fomento por vulneración de contrato. A esta iniciativa se une el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Presupuestos del Estado de 2012, por incumplir la Ley del REF y la inversión media del Estado en el Archipiélago.
Berriel aseguró que la Comunidad Autónoma irá hasta el final para defender el convenio de carreteras en los tribunales, si bien admitió que la Justicia tardará varios años en resolverlo.
