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La nueva ley turística permite convertir casas en villas y ´amnistía´ más de 5.000

La mitad de viviendas que se ofertan como turísticas se localizan en Lanzarote

24.05.2013 | 11:36
NC y PP defienden intereses de Gran Canaria. Tanto el representante del PP en la Cámara regional, Miguel Jorge Blanco, como el de Nuevas Canarias, Román Rodríguez (en la imagen con el consejero Domingo Berriel (d), defendieron la inclusión en la ley de la posibilidad de construir hoteles de cuatro estrellas, como reclama Gran Canaria. No tuvieron éxito.
NC y PP defienden intereses de Gran Canaria. Tanto el representante del PP en la Cámara regional, Miguel Jorge Blanco, como el de Nuevas Canarias, Román Rodríguez (en la imagen con el consejero Domingo Berriel (d), defendieron la inclusión en la ley de la posibilidad de construir hoteles de cuatro estrellas, como reclama Gran Canaria. No tuvieron éxito.

La Ley de Renovación Turística permitirá amnistiar más de 5.000 villas turísticas en Canarias que se encuentran en la ilegalidad ya que son plazas residenciales que se explotan como oferta alojativa sin ningún tipo de control. La ley faculta la reconversión de viviendas en villas recalificando las parcelas para uso turístico, a través de un reglamento del Gobierno. La regularización de este producto turístico supone dar carta blanca a miles de camas ilegales sobre todo en islas como Lanzarote, donde los empresarios han contabilizado unas 2.500 viviendas de esta modalidad.


La Comisión de Turismo del Parlamento canario aprobó ayer el dictamen de la ley con los votos de CC y PSC para su debate final en el pleno de la próxima semana. En la misma se reduce notablemente la distancia de la costa de las nuevas villas turísticas. En el proyecto remitido por el Ejecutivo era de 500 metros, pero se ha reducido a 200 metros de la franja costera y a 100 metros si se encuentran en zonas de acantilados.


Durante el debate parlamentario el portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, criticó la "incoherencia" del Gobierno de permitir convertir residencias en plazas turísticas y autorizar la construcción de un producto "que no está claro que genere empleo y consume mucho suelo", mientras que se imponen restricciones a nuevos hoteles y apartamentos de cuatro estrellas. Sin embargo, el nacionalista José Miguel González matizó que las parcelas tendrá un mínimo de extensión, tendrán que figurar en el planeamiento urbanístico y se faculta al Gobierno para que dicte criterios y requisitos posteriores.


Otro de los aspectos más destacados modificados durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Renovación Turística es la supresión de la obligatoriedad de que el 60% del personal de los nuevos hoteles de cinco estrellas provenga de las listas del Servicio Canario de Empleo (SCE). Los empresarios habían criticado esta imposición del Ejecutivo, finalmente se suprime cualquier tipo de porcentaje y lo único que se le pide a los nuevos centros hoteleros es la firma de convenio con el SCE para favorecer la formación continua de las plantillas.


La Comisión de Turismo de ayer modificó algunos aspectos relativos a la preponderancia de los Plan de Modernización Turística del Gobierno sobre los planes insulares y urbanísticos de cabildos y ayuntamientos. Tanto el PP como NC criticaron la "marcha atrás" que supone con respecto a la ponencia los cambios introducidos por los grupos que respaldan al Ejecutivo, ya que los planes de renovación del Gobierno no deberán tener ya la conformidad del ayuntamiento sino simplemente un "informe previo" que no tiene carácter vinculante. En el caso de no haya acuerdo entre las administraciones sobre la renovación de las zonas turísticas la decisión definitiva estará en manos del Ejecutivo.


Otra modificación, esta vez con el apoyo del PP, es la referida a la prevalencia de los planes de modernización sobre los planes de los cabildos y ayuntamientos. La nueva redacción del artículo 8 establece que el planeamiento territorial tendrá el carácter de "recomendación" y que los planes del Gobierno podrán apartarse "motivadamente" de las directrices municipales e insulares para desarrollar la renovación de la planta alojativa según lo previsto en la ley.

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