Canarias se ha beneficiado en los últimos cuatro años de más de 2.600 millones de euros en subvenciones, bonificaciones y condonación de impuestos gracias al régimen de ayudas de Estado regionales amparado por la Unión Europea (UE). Las regiones ultraperiféricas (RUP), entre las que se encuentra el Archipiélago, forman parte de las excepciones contempladas por Bruselas para permitir este tipo de ayudas por su condición de lejanía, fragmentación y los sobrecostes que supone producir para las empresas canarias en relación con las empresas radicadas en el continente. Las ayudas de Estado son el marco de referencia del Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas y columna vertebral que respalda las condiciones singulares de Canarias en el marco de la UE.
La Comisión Europea aprobó la semana pasada las nuevas directrices de ayudas de Estado con finalidad regional, marco que ampara a Canarias para que pueda mantenerse como región en la que se permite seguir dando el máximo nivel de ayudas públicas a las grandes empresas, situación que está restringida en la mayoría de las regiones de la UE, a excepción de aquellas más desfavorecidas cuyo Producto Interior Bruto (PIB) esté por debajo del 75% de la media europea. Como norma general, la directiva comunitaria sólo autoriza la concesión de pequeñas ayudas con las que impulsar la economía de sus regiones pero limita fuertemente las apoyos a las grandes empresas. Bruselas también amplía el número de categorías exentas de notificación obligatoria.
Canarias se beneficia de este régimen especial que concede la UE en dos vertientes principales: las subvenciones y bonificaciones destinadas a reducir el sobrecoste que supone la lejanía y el hecho insular. Entre las ayudas más destacadas figuran la subvención al transporte de mercancías, la subvención al transporte aéreo regular de viajeros o las ayudas a la desalación de agua. También se integran los subsidios concedidos para el fomento del empleo. Entre 2010 y 2013 el conjunto de este tipo de subvenciones supera los 1.000 millones de euros.
El segundo aspecto que forma parte de este marco de ayudas y que es figura esencial del REF son los incentivos fiscales, que suponen un amplio abanico de exenciones en el pago de impuestos para que las empresas puedan capitalizarse y fortalecer sus estructuras, con el fin de competir en igualdad de condiciones con las continentales. En este apartado figuran la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones, la Zona Especial Canaria (ZEC), el Registro Especial de Buques o el 50% de bonificación del Impuesto de Sociedades a las empresas productoras (artículo 26). En los últimos cuatro años el beneficio que ha generado esta condonación de impuestos ha supuesto poco más de 1.600 millones de euros que la Administración ha dejado de ingresar en sus arcas.
Las ayudas de Estado de finalidad regional se clasifican en ayudas a la inversión, ligadas a la creación de empleo y a la inversión inicial de las empresas para poner en marcha la actividad económica, y las ayudas al funcionamiento, que van destinadas a la disminución de los gastos corrientes de las empresas, reduciendo los sobrecostes que implica la lejanía y la fragmentación insular. En las directrices aún vigentes el límite de la acumulación de ayudas no debe superar el 40% en la equivalencia de la subvención bruta para las grandes empresas, el 50% para las medianas y el 60% para las pequeñas empresas.
Sin duda alguna es la Reserva para Inversiones (RIC) el incentivo fiscal más potente de los incluidos en el REF canario y que en los últimos años ha perdido buena parte de su fortaleza debido a la reducción de los beneficios de las empresas, su principal soporte. Desde su constitución en 1994 la RIC ha permitido la canalización de más de 22.500 millones de euros en inversión en la economía canaria, según el estudio realizado por el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe).
Los recortes públicos han afectado directamente a los beneficios de las ayudas de Estado vinculadas al REF. De esta forma, según el mismo análisis, entre 2010 y 2013 se han reducido en un 57% el volumen total de las inversiones, transferencias, las ayudas a la inversión y al funcionamiento contempladas en los Presupuestos Generales del Estado, lo que supone que el gasto público atribuible al REF se ha reducido considerablemente y, con ello, el impacto sobre los sobrecostes que suponen los factores de producción en el periodo 2010-2013. Ejemplo de este escenario de ajustes es la subvención al transporte de pasajeros, que ha pasado de los 229,67 millones de euros en las cuentas de 2010 a los 180,82 millones de euros del presupuesto de este año.
Incumplimiento de compromisos
La importante reducción de las inversiones, subvenciones y bonificaciones fiscales de los presupuestos públicos están poniendo en peligro y distorsionando el sistema de compensaciones recogidas en la Ley del REF, según han denunciado en varias ocasiones las organizaciones empresariales y recoge el Catpe en su reciente informe sobre la actualización del régimen especial canario. El REF tiene por objeto ayudas para compensar los costes adicionales que suponen los problemas estructurales de las Islas, que son de carácter permanente, por lo que no deberían verse sometidos a ningún tipo de coyunturas. Para el think tank canario, esta situación no sólo es atribuible al Gobierno central, que incumple sus compromisos y obligaciones con Canarias, sino también al Ejecutivo regional, que está reduciendo la cofinanciación comprometida inicialmente, caso de la subvención al transporte de mercancías o a la eliminación de la cofinanciación del Posei agrícola. R. A. D.
