En un agrio debate que duró más de tres horas, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, anunció ayer en el Parlamento canario dos cuestiones con respecto a las prospecciones de hidrocarburos que lleva a cabo Repsol en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura: "si encuentran petróleo, Canarias va abrir una nueva batalla" para "exigir" la titularidad de esos recursos y "este pueblo decidirá si arriesga o no en la extracción".
Además, ante el "apagón y la opacidad informativa" del Gobierno de España sobre cómo se están desarrollando las prospecciones, el Ejecutivo canario ha activado un "plan de vigilancia y de control propio", para hacer un seguimiento de todas las actuaciones en la zona de los sondeos.
Para declarar que el crudo sea de Canarias en caso de hallarlo, el presidente alude a la irreversible reforma de la Constitución española hacia un estado federal asimétrico que le daría a las Islas la potestad sobre sus aguas. Si se encuentra petróleo no se extraería hasta dentro de ocho años, tiempo suficiente para reformar la Carta Magna o incluso acudir a las Naciones Unidas, indican fuentes de Presidencia. "Que el Gobierno de España no crea que si no para este disparate y al final hay petróleo, esto se va a acabar, porque la siguiente batalla será conseguir que el crudo sea de Canarias, porque será un recurso natural nuestro; la sociedad canaria no aceptará más expolios", enfatizó Rivero en el pleno de la Cámara. En cuanto al plan para controlar los riesgos que pueden provocar las actuales prospecciones, el presidente convocará como una especie de gabinete de crisis con expertos de las universidades en sismología, biólogos o veterinarios, entre otros, a fin de que marquen una hoja de ruta que instruya al Gobierno sobre lo que debe hacer. El Ejecutivo usará previsiblemente su barco, La Bocaina, atracado en Lanzarote, para acercarse a la zona y vigilar el área.
Campañas manipuladoras
La cuarta comunicación que el Gobierno canario remitió al Parlamento en contra de las prospecciones de Repsol volvió a calentar la bancada de los grupos políticos y, especialmente, los duros rifirrafes que se produjeron entre el PP y Paulino Rivero, al que le pidieron que renuncie a su cargo y no espere los seis meses que le quedan como presidente. La portavoz popular, Astrid Pérez, acusó al Gobierno canario - que conforman Coalición Canaria y el PSOE- y a los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote de fomentar "el terrorismo social" contra su partido. Además, denunció que estas instituciones han financiado "campañas embusteras y manipuladoras" en contra de los sondeos, gastándose "dos millones de euros robados al pueblo canario" para "llenar los bolsillos" a algunas empresas vinculadas a Coalición Canaria.
"Es inmoral", afirmó la diputada, al tiempo que aseveró que siente "miedo" por la violencia con que han tratado a miembros del PP en la Isla de la que es originaria, Lanzarote, por oponerse a las prospecciones. "Soy testigo y víctima de cómo en un pleno del Cabildo de Lanzarote un grupo de asesores pagados por CC y el PSOE practicaron el terrorismo social e insultaron y amenazaron a los consejeros del PP", y recalcó que a ella misma "uno de esos mercenarios" le profirió "insultos de carácter sexual". Su compañera Australia Navarro acusó a Rivero de actuar como un "antisistema" incitando a la rebelión social por las prospecciones, lo que le "inhabilita" en el cargo. El presidente del Gobierno expuso cortante que "quien intenta robar a los canarios es Repsol con el patrocinio del Gobierno del PP", y acusó a Astrid Pérez de "enfangar el debate con acusaciones muy graves que, de ser ciertas, debería denunciar en la fiscalía y no en el Parlamento de Canarias". El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, rechazó cualquier manifestación de violencia pero dejó caer al PP que "el que siembra vientos recoge tempestades".
Paulino Rivero afirmó que si hay "un altercado social la culpa es del PP" y subrayó que el Gobierno de Mariano Rajoy y el ministro de Industria, José Manuel Soria, actúan en "connivencia con Repsol", no escuchan a los canarios ni contestan a los múltiples requerimientos que el propio Parlamento y el Ejecutivo le han hecho desde las Islas.
"Canarias se siente abandonada por las altas instancias", espetó Rivero, en referencia a Felipe VI y a Rajoy. A su juicio, la batalla contra el petróleo ha servido para unir a la sociedad canaria como nunca antes, y ha despertado el sentimiento como pueblo. Por tanto, "la batalla jurídica se intensificará", en la política intentarán que "las altas instancias no miren hacia otro lado" e impulsarán aún más la presión social.
En todo caso, "si el PP sigue desoyendo a esta tierra, qué duda cabe que se va a generar un problema y el que debiera de estar preocupado por lo que ocurra es el Gobierno del PP", recalcó. Además, insistió en que los socios de Repsol, los presidentes de CaixaBank y Sacyr, y el propio presidente de la compañía, Antonio Brufau, le confirmaron tras encontrárselos en la coronación de Felipe VI que los sondeos no son estratégicos para la multinacional sino que "es una imposición del regulador", en este caso el Ministerio. El presidente insistió en que el Gobierno del PP está "está cocinando" en Baleares un informe medioambiental negativo sobre las prospecciones porque allí los populares se oponen, y rechazó categóricamente esas "arbitrariedades".
En este sentido, Rivero denunció que el Gobierno central envía a Cataluña a Mariano Rajoy "en son de paz" después de celebrar una consulta ilegal, mientras que a las Islas "manda a la Armada", y se mostró convencido de que si el ministro de Industria fuera de "Albacete, Valencia o de Orense, el PP de Canarias estaría donde está el sentido común y no defendiendo al secretario general del PP en las Islas y los intereses particulares de una empresa".
Por su parte, Manuel Fajardo, portavoz del PSOE, indicó que el Gobierno del PP no contesta al Parlamento canario "en meses" desde que pidió la celebración del referéndum "y al pequeño Nicolás lo hace en 48 horas. Esas son las cosas de este Gobierno".
Román Rodríguez, de Nueva Canarias, anunció por su parte que su partido propondrá una consulta popular si el Gobierno canario insiste en introducir el gas en Gran Canaria. Ignacio González, del CCN, se posicionó vía Twitter, a favor de los sondeos aunque es diputado del Grupo Nacionalista. En las resoluciones aprobadas, con el PP en contra, el Parlamento reprueba la paralización de la consulta popular y agradece su apoyo a Greenpeace.
