Los altos cargos de la Comunidad Autónoma tendrán limitadas sus actividades profesionales públicas y privadas hasta dos años después de dejar su responsabilidad política en la Administración regional. Tras la salida del puesto se mantendrán ciertas incompatibilidades en la participación en empresas y sociedades o en la concurrencia a procesos selectivos para el sector público. Asimismo, para acceder al puesto los miembros del Gobierno y de los organismos autónomos y empresas públicas deberán informar de sus actividades y del estado de sus bienes antes, durante y después del nombramiento.
El Ejecutivo regional inició ayer la tramitación de la Ley del Estatuto de los Altos Cargos y Buen Gobierno, en la que se endurecen los requisitos para formar parte de la Comunidad Autónoma tanto para acceder a la misma como para ejercer las funciones de cargo público. De hecho, antes de tomar posesión se debe presentar una declaración en la que la persona designada se hace responsable de reunir los requisitos exigidos de idoneidad y honorabilidad, de que los datos e informaciones aportadas son ciertas y que está en posesión de los documentos que las acreditan. Asimismo, los curriculums se harás públicos en el portal de transparencia.
El régimen de incompatibilidades que se pretende establecer establece que el alto cargo debe tener dedicación plena y excluyente y que antes de ser designado no puede incurrir tampoco en algún supuesto incompatible entre su actividad personal o profesional con el desarrollo de las funciones públicas. En el ejercicio del cargo no podrá tampoco compatibilizar la responsabilidad política con cualquier otro puesto o actividad sea pública o privada.
El consejero de Presidencia y Justicia, Aarón Afonso, aseguró ayer que el objetivo del Gobierno es evitar las "puertas giratorias" pero tampoco se quiere cerrar el paso "a que profesionales de reconocido prestigio puedan estar al frente de áreas de gestión de la Comunidad Autónoma". Por ello, Afonso aboga por buscar una "fórmula" que equilibre las dos cuestiones.
El borrador que prepara la Consejería de Presidencia entra a regular el conflicto de intereses poniendo coto a que los altos cargos ejerzan influencia o voten desde su puesto en asuntos en los que pueden tener intereses profesionales o familiares. De hecho, estará obligado a abstenerse o, si esto no sucediera, ordenarle su inhibición. Asimismo, se prohíbe expresamente recibir regalos, obsequios y donaciones.
La futura ley recoge la creación de dos registros: el de actividades e intereses de altos cargos y el de bienes y derechos patrimoniales de altos cargos. La nueva normativa prevé la creación de una oficina de intereses de altos cargos para dotarla de autonomía funcional y de más competencias en el seguimiento y control de las obligaciones de los responsables públicos.
En este sentido, el Consejo de Gobierno aprobó la modificación del decreto que regula los intereses de los altos cargos para adaptarlo a la Ley de Transparencia, de tal forma que en dos meses los bienes de los responsables públicos de la Comunidad Autónoma serán publicados en el Boletín Oficial.
