La Justicia prohíbe izar la 'tricolor' en edificios oficiales

Precisamente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas también ha prohibido a los cabildos de Gran Canaria y Lanzarote izar la enseña en dos autos contra los que no cabe recurso. La responsable del Juzgado, María del Carmen Monte, se suma así a la decisión adoptada por la titular del Contencioso Administrativo número 2, todas adoptadas a instancias de la Delegación del Gobierno en Canarias.

La corporación grancanaria mantiene, en todo caso, su intención de izar a 11.00 horas esa bandera ante la fachada de su Casa Palacio, aunque no descarta no hacerlo si finalmente considerase que el auto judicial que ha recibido se lo impide expresamente y sustituir la iniciativa por la lectura de un manifiesto, han explicado fuentes del Cabildo a Efe. La decisión última que se adopte no se conocerá, en todo caso, hasta el momento en que se lleve a cabo el acto, ya que los servicios jurídicos estudian todavía el contenido y las implicaciones exactas del auto, al que se dio entrada en el Cabildo durante la tarde del jueves, han añadido desde la corporación.

El Abogado del Estado defienden en los recursos que con el izado se "ocasiona un perjuicio al interés general porque por definición toda bandera se emplea como enseña o señal de una nación, una ciudad o una institución (según definición dada por la RAE)". Las entiende pues "como representativas de los pueblos o instituciones sin diferenciar su ideología o creencias. Son las oficiales y por ello precisamente son las que se enarbolan edificios y lugares públicos". Para el Estado, la tricolor con las siete estrellas verdes "no es oficial", amén de que su izado tiene un "marcado carácter partidista y político" y vulnera la legislación.

Incide en que si bien no es ilegal su uso, cuando la insignia oficial de Canarias es otra -definida en la ley orgánica de 1982 por la que se aprueba el Estatuto de Canarias- "resulta obvio el contenido ideológico que se quiere dar a un acto enarbolando una bandera como la de las siete estrellas verdes en un lugar público". Un acto así, resulta "incompatible con el deber de objetividad y neutralidad de los poderes públicos y las administraciones", subraya el Estado. Para dejarlo claro hace referencia a sentencias del Supremo sobre la enarbolación de la estelada catalana o de los Tribunales Superiores de Justicia del País Vasco y Castilla La Mancha al respecto de la insignia republicana.

En tanto la resolución judicial llega al resto de instituciones y el juzgado decide si acepta el recurso al auto interpuesto por Fuerteventura, el Cabildo grancanario seguirá con sus planes, aunque sea de forma descafeinada. Hoy, tal y como aprobó el pleno el pasado 30 de septiembre, izará la tricolor a las 11.00 horas en la puerta de la Casa Palacio si los servicios jurídicos entienden que puede hacer caso omiso al auto judicial; de lo contrario, el presidente de la corporación insular, Antonio Morales (NC), leerá un manifiesto. Como no puede ser de otra forma, junto a él estará el consejero de CC en la oposición, Fernando Bañolas, impulsor de la iniciativa -que también apoyaron Podemos, PSOE y Unidos por Gran Canaria-. Tanto NC como CC han adoptado la bandera de las siete estrellas como un símbolo propio y coinciden en que más allá de la reivindicación política para que la fue creada en 1964 por el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (Mpaiac) con los años se ha convertido en un emblema del sentimiento de la identidad canaria que se usa como símbolo de las Islas en todo tipo de encuentros populares.

En ese sentido, el presidente del Gobierno de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, fue ayer rotundo: "Es la bandera del pueblo y el pleno de cada ayuntamiento o cabildo debe tomar su decisión", sentenció al tiempo que recordó que las corporaciones locales han izado en los últimos años banderas igual de 'alegales' que la tricolor como la del movimiento LGTB, la gitana u otras de mayor carácter como las de Palestina, la República Árabe Saharaui Democrática. En el caso de Gran Canaria ante la Casa Palacio ha ondeado incluso la del Club Gran Canaria de Baloncesto.

Morales pedía ayer, tras conocerse el auto judicial, "no darle más trascendencia" al asunto. "Hay una parte del pueblo canario que ve en el símbolo de la bandera con las siete estrellas una referencia y, por lo tanto, es lógico y normal que, si hay un día en el que se conmemora esa bandera, tenga un hueco en las instituciones. No pasa absolutamente nada por hacer algo así", manifestó.

Como sea que el parecer del Estado es otro bien distinto, Arico, donde ya la habían enarbolado el miércoles con intención de mantenerla al menos una semana, decidió ayer dar marcha atrás. La tricolor desapareció a primeras horas de la tarde de la puerta del Ayuntamiento después de que en una carta enviada por la Delegación del Gobierno se les advirtiera de que estaban vulnerando la legalidad vigente en materia de símbolos.

La misiva hace hincapié en una sentencia de mayo de este año del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro de Las Palmas de Gran Canaria que anulaba un acuerdo del Cabildo de Lanzarote con el que se homenajeó la bandera durante la semana del 22 de octubre y que emularon otros ayuntamientos de la isla. "La decisión de enarbolar una bandera no oficial en un lugar destacado de la sede del Cabildo constituye una fragante vulneración de la norma". Ello al margen de que, en un paso más allá, la corporación que preside Pedro San Ginés se atrevió a reconocer "a la Bandera Nacional de Canarias, blanca, azul y amarilla, con siete estrellas verdes, como uno de los símbolos colectivos del pueblo canario, expresión de las aspiraciones de libertad, hermandad" y "progreso" de las "gentes de las ocho islas". Ello aún a pesar de que, como advirtió la juez, invadía competencias que la ley no atribuye al Cabildo.

Con sentencia en contra y todo, la corporación lanzaroteña aprobó el pasado 29 de septiembre otra moción -con los votos a favor de CC, PIL y Somos Lanzarote- para volver esta semana a izar la tricolor. Esta vez no será en la puerta del Cabildo, junto al resto de las divisas oficiales, sino en una rotonda de Arrecife, en la trasera de la sede la institución insular.

Estos no son los primeros encontrazos de la Delegación del Gobierno en Canarias a cuenta de la tricolor. El pasado enero, la Policía, haciendo valer la Ley de Seguridad en el Deporte, obligaba a la retirada de los banderines que portaban los aficionados al entender que con ella se "incita, fomenta o ayuda" a la realización de comportamientos violentos o terroristas.

En defensa de los actos de homenaje a las estrellas verdes salieron ayer, además de los nacionalistas, los representantes del Podemos en el Parlamento para quienes con la instauración de la democracia la insignia se ha convertido en un "símbolo de las luchas sociales y reivindicaciones ciudadanas de Canarias".

"Esta bandera es una enseña ligada a movimientos políticos, culturales y sociales que ha sobrevivido a las propias organizaciones y colectivos que la utilizaron por primera vez, convirtiéndose en una insignia de la identidad canaria, que se usa además como distintivo en multitud de eventos tanto populares como deportivos", señalan desde la formación que lidera Meri Pita.