Más de un centenar de empresas que recibieron ‘ayudas Covid’ suspenden en transparencia

En 2021, los fondos europeos para paliar los efectos de la pandemia produjeron un flujo de dinero público sin precedentes desde la Comunidad Autónoma a las empresas. Aunque todas ellas reivindicaron solidaridad de los poderes públicos para salir adelante de la situación, no todas ellas cumplieron con los estándares democráticos de transparencia. De las 288 empresas que recibieron más de un millón de euros de ayudas de la Comunidad Autónoma para hacer frente a los estragos económicos de la pandemia durante 2021, un total de 111 (38,5%) suspendieron el examen llevado a cabo por el equipo que dirige el comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán.

Además, de esas 111, un total de 26 empresas fueron perceptoras de más de 5 millones de euros en 2021 y siete de las mismas no llegaron al aprobado en esta última evaluación. A este panorama poco edificante hay que añadir 35 entidades privadas que, estando emplazadas por el comisionado de Transparencia desde 2019, no han presentado declaración en ninguno de los años de evaluación y por ese motivo se las considera "incumplidoras de sus obligaciones contempladas en la Ley de Transparencia", así como las 64 entidades que, habiendo rendido cuentas en la evaluación del ejercicio de 2020 no lo hicieron en 2021.

El suspenso en transparencia se debe a que todas estas empresas no presentaron en parte o en su totalidad alguna de las 16 obligaciones sobre información a publicar al haber recibido una subvención pública, entre las que destacan el importe, el objetivo o finalidad de la ayuda, la administración concedente, la normativa aplicable a la entidad, funciones y competencias, objeto social, fin fundacional de la entidad, balance, cuentas de pérdidas y ganancias y auditoría de cuentas.

El 85% de las 352 reclamaciones al Servicio Canario de Salud (SCS) son de un solo funcionario

Además, deben aportar el perfil, los méritos académicos y trayectoria profesional, la remuneración anual de sus administradores directivos y, en virtud del artículo 3 de la Ley de Transparencia, una descripción de la finalidad y objetivos o logros alcanzados con la subvención o ayuda.

El comisionado de Transparencia de Canarias es el único en toda España que evalúa y controla a todos los perceptores de grandes subvenciones, por lo que el número de entidades privadas emplazadas a presentar su declaración de transparencia de 2021 fue de 3.319, que recibieron 1.352,8 millones de euros públicos en total. De ellas, 2.767 (83%) presentaron la documentación exigida por el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) y alcanzaron una nota media de 4,49.

Por lo que respecta a la evaluación de 2022 y 2023, que se está llevando a cabo ahora, un total de 1.114 entidades privadas serán examinadas por percibir subvenciones públicas por un importe superior a 60.000 euros. La existencia de menos empresas a evaluar se debe, según confirmó el propio comisionado, a que ya no existe el flujo de dinero público especial  y urgente que se desembolsó para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

Multas y sanciones

Cerdán, que hizo entrega del informe anual de Transparencia 2022-2023 a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, recordó que el Comisionado de Transparencia publicó el pasado año una recomendación a las administraciones públicas para que en todos los procesos de ayudas y subvenciones de dinero público a empresas privadas se incluya una disposición que recuerde que "el incumplimiento de la obligación de publicar la información de publicidad activa a que estuvieran obligadas las entidades beneficiarias constituye infracción administrativa" del artículo 69 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y que, por tanto, la empresa opaca puede "ser sancionada con multa, y conllevar como sanción accesoria el reintegro total o parcial de la ayuda o subvención pública concedida".

Hasta el momento, ninguna administración pública ha incluido esta sugerencia en sus pliegos de concesión de ayudas. 

Pero incluso Cerdán fue un paso más allá y se mostró partidario de que una futura Ley del Comisionado de Transparencia incluya "la posibilidad de imponer multas a quienes incumplan con su obligación de transparencia", ya que esta institución no tiene capacidad coercitiva, como también le ocurre a la Diputación del Común.

"No se trata de multar por multar, pero si hay que pagar cuando uno incumple el Código de Circulación y pisa la línea continua, también hay que hacerlo si se incumple el código de transparencia", aseguró.

Sector público

Por lo que se refiere al sector público, durante los años 2022 y 2023 se presentaron reclamaciones concernientes a un total de 82 y 85 entidades respectivamente, entre las que se encuentran la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus entes dependientes, ayuntamientos, cabildos y las dos universidades.

El número de reclamaciones disminuyó en el ámbito municipal. Pese a ser 412, se ha pasado de un 37 % del total en 2022 a representar un 32 % en 2023, y lo mismo ocurre en la categoría de universidades, corporaciones y otras entidades, que decrece desde un 3% hasta un 2 %. En cambio, en el ámbito insular aumenta de un 10% a un 15 % y en el sector autonómico lo hace en un punto porcentual.

El Gobierno de Canarias y sus entes dependientes son quienes registran más de la mitad de las reclamaciones (614), ya que según Cerdán es este un instrumento que cada año registra más uso por parte de funcionarios y sindicatos para conocer detalles de las políticas de recursos humanos y de selección de personal en todas las administraciones canarias.

Precisamente, puso el ejemplo del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), la corporación municipal que encabeza el ranking de reclamaciones debido a que "hay unos sindicatos muy fuertes que demandan información continuamente". Un caso parecido sucede en el Servicio Canario de Salud (SCS), pues "un funcionario acumula el 85% de las 352 reclamaciones" interpuestas en el bienio 2022-2023.

Otro dato curioso que aportó Cerdán es el referido a la exdiputada Nereida Calero (CC), que presentó ante el comisionado de Transparencia hasta 28 de las 39 reclamaciones contra la Consejería de Transición Ecológica que dirigía el actual senador socialista José Antonio Valbuena por la falta de diligencia a la hora de suministrar la información requerida.

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