La Fiscalía de Las Palmas ha abierto diligencias para investigar una supuesta estafa al sector hotelero en la que están implicados despachos de abogados ingleses por incitar a los turistas a formular denuncias por falsas intoxicaciones alimentarias para cobrar indemnizaciones.
Las diligencias incoadas por el ministerio público parten de un atestado remitido por el Cuerpo Nacional de Policía, cuyos máximos responsables en Canarias, con el comisario jefe José Luis Moreno al frente, se reunieron a finales de septiembre con los representantes de la patronal turística de Palmas para afrontar el problema, que también afecta a los hoteles de Tenerife y de otros puntos de España, como Andalucía y el Levante. La supuesta red de estafadores dispone de conexiones internacionales para hacer negocio a costa de los seguros contratados con los turoperadores que organizan los viajes de los turistas. De hecho, en esas comunidades se tramitan denuncias similares a las que investiga la Fiscalía de Las Palmas, explican fuentes judiciales.
El mecanismo fraudulento consiste en interponer denuncias que en su mayoría resultan falsas porque no se ha producido ninguna intoxicación relacionada con el mal estado de la comida en los hoteles, informó la Delegación del Gobierno en Canarias tras participar en esa reunión con mandos policiales y representantes empresariales que inició la investigación.
Los agentes han constado que el fraude se activa al regresar los turistas a sus países de origen, pero cuenta con colaboradores en suelo isleño para poner en marcha el engaño. El denunciante presenta la demanda en los tribunales británicos, los turoperadores adelantan la indemnización y luego descuentan a los hoteles el dinero pagado, pues las cláusulas de los contratos establecen que los establecimientos turísticos son responsables de reparar el perjuicio causado a los clientes.
Esta, al menos, es la dinámica que ha constatado la policía en su investigación, que está en una fase inicial y aún debe ser depurada por la Fiscalía para tratar de identificar a los posibles autores de la estafa. Solo en el caso de acreditar ese extremo se interpondrá la correspondiente denuncia o querella en el juzgado de guardia.
La práctica delictiva causa importantes daños económicos a la industria turística y, en concreto, a los hoteles de las principales zonas de ocio canarias, como el sur de Gran Canaria y el sur de Tenerife. El fenómeno, además, se produce a nivel nacional. De ahí que el anterior delegado del Gobierno, Enrique Hernández-Bento, contactase con la Secretaría de Estado de Turismo para canalizar las quejas y motivar la reacción de la autoridades británicas para erradicar esta práctica.
En el caso del sur de Gran Canaria, además, los agentes han identificado vehículos con rótulos en inglés en los que se anima a los turistas a formular denuncias por enfermedades que mayoritariamente resultan ser falsas. Estos vehículos tienen apariencia de ambulancias y, en algunos casos, prestan servicios sanitarios. De ahí que también se investigue la actuación del Servicio Canario de Salud (SCS) a la hora controlar esa actividad y de hacer cumplir la normativa que regula el sector.
El atestado policial ha sido asumido por la Fiscalía de Delitos Económicos, que ha abierto diligencias por un posible delito de estafa. La investigación la llevará este departamento al tratarse de un fraude de carácter internacional a través de un complejo mecanismo de denuncias que bordea la ilegalidad. El ministerio público dispone de seis meses prorrogables para determinar si hay indicios delictivos e interponer la correspondiente denuncia o querella ante el juzgado de guardia.
A la reunión policial asistieron los presidentes de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Fernando Fraile; de la Asociación de Empresarios Hoteleros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, José María Mañaricua; de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas, Tom Smulders; y de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas, Fermín Sánchez.
