"Ningún destino está dando soluciones sensatas a los nuevos desafíos que afectan al sector turístico", entre ellos las tensiones entre residentes y visitantes por la saturación o el control de la oferta vacacional. Así al menos lo cree el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, quien acaba de apuntar diversas soluciones ante la Asamblea General que este organismo clausuró ayer en Chengdun (China): "Si yo fuera residente en uno de los destinos afectados por la masificación, también me sentiría molesto", manifestó. Y, puesto que la saturación se está concentrando en torno a dos ejes (las viviendas vacacionales y los cruceros), recomendó negociar con las plataformas digitales y las navieras para alcanzar con ambas soluciones consensuadas. En el caso de la oferta vacacional, sobre todo con Airbnb y HomeAway, que concentran el 50% del total de las viviendas que se publicitan.
El secretario general de la OMT -que en diciembre deja el cargo- recordó que durante su mandato no tuvo que hacer frente a estos "nuevos desafíos" (en su caso el reto fue dar respuesta al impacto de la crisis en el sector). Y concluyó: "Tenemos que ser imaginativos para resolver este tipo de problemas, pero los destinos no están dando respuestas imaginativas ni sensatas, mientras los políticos se limitan a intentar apaciguar a la gente".
Taleb Rifai citó expresamente tres casos de máxima saturación turística: Dubrovnik, Venecia y Barcelona, el destino español más afectado junto a Baleares por la denominada "turismofobia". La gran diferencia que distingue a ambos de Canarias, con quien comparten el liderazgo turístico en nuestro país, es que los millones de turistas que llegan cada año se distribuyen espacial y temporalmente mucho más en el destino canario: en cuatro islas (en las restantes no es masivo) y durante los doce meses del año. Mientras la estacionalidad incrementa de forma significativa la presión turística sobre Baleares y Cataluña.
Esta comunidad autónoma es la que más esfuerzos ha realizado en dar las respuestas que recomienda Rifai a los nuevos retos del turismo. Algunas fracasaron, como la prueba piloto que propuso en 2015 el Ayuntamiento de Barcelona de perdonar el 80% de la multa a los pisos turísticos ilegales si los dueños de los mismos los destinaban al alquiler social. Sin embargo otras han marcado un camino a seguir, al convertirse en la primera ciudad europea en plantar un pulso a las plataformas digitales, especialmente a Airbnb, para prohibirles que subieran pisos ilegales y establecer sanciones contra ellas de permitirlo. El Tribunal Supremo ha avalado esta vía de control de la oferta al obligar en una sentencia a a HomeAway a quitar de su web pisos ilegales.
Sin embargo en el resto de regiones españolas, incluida Canarias, los tribunales han cuestionado las medidas que los gobiernos están poniendo en marcha para atajar los problemas derivados de la entrada masiva de viviendas en el mercado turístico. Desde que en 2013 el Gobierno delegara en las autonomías la normativa sobre alquileres vacacionales, cada región ha establecido distintas exigencias. En total, nueve comunidades autónomas han elaborado en los últimos tres años decretos para regular esta oferta y cinco están pendientes de aprobar proyectos y borradores. Algunos establecían un catálogo tan exhaustivo de requisitos técnicos y servicios mínimos exigidos que, en opinión de los tribunales, "no superan el análisis de necesidad y proporcionalidad". No solo eran excesivos en muchos casos, sino claramente absurdos en algunas de las condiciones.
Si hay un denominador común de la mayoría de regulaciones: la exigencia a los dueños de inscripción de su vivienda en un registro (en los Cabildos en el caso de Canarias). Pero en general el resultado ha sido un maraña normativa que ha convertido en obligatorias cuestiones que antes se resolvían con un simple contrato de arrendamiento.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ido advirtiendo a diversas comunidades que debían modificar o anular algunos artículos de sus decretos, por entender que restringían la competencia o favorecían a las empresas alojativas ya instaladas. Y quienes no han tenido en cuenta sus recomendaciones, como Canarias, han terminado por ser cuestionadas por los respectivos tribunales. Aunque no ha sido la única comunidad (ni el único país) que ha quedado en entredicho por apostar por una norma que tiende a favorecer a la oferta existente frente a la emergente.
Intereses encontrados
Junto a Catilla y León y Galicia, Canarias ha sido de hecho la comunidad autónoma que elaboró unas de las regulaciones más restrictivas, en su caso en el sentido de establecer un criterio territorial sin precedentes. De ahí que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbara el decreto, que aún sigue en vigor porque el Gobierno optó por recurrirlo. En todos los casos está detrás la fuerte presión de los empresarios hoteleros y extrahoteleros, que se resisten a aceptar que un nuevo modelo turístico se está abriendo paso.
En el último pleno del Parlamento regional, el nuevo consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, recordaba cómo se había desarrollado este proceso y reconocía que era difícil predecir qué iba a ocurrir con el decreto de alquiler vacacional (aún está pendiente de otros pronunciamientos judiciales). El consejero sí adelantó sin embargo su opinión al respecto: "Todas las administraciones tienen que participar de la solución y cabildos y ayuntamientos tienen que contribuir a establecer soluciones flexibles que se adapten a la realidad". Isaac Castellano añadió que "no se oculta la complejidad a la que nos enfrentamos todos y los riesgos que el alquiler vacacional implica".
Pero el Gobierno de Canarias no lo tiene fácil para lograr un consenso en el propio sector: las posturas de unos (hoteleros y extrahoteleros) y otros (arrendadores vacacionales) están muy confrontadas. Nada más conocer la sentencia del TSJC, el gerente de la patronal tinerfeña Ashotel, Juan Pablo González, difundió un artículo titulado ¿Quo vadis, alquiler vacacional?, en el que sostenía lo siguiente: "Una consecuencia que tendrá esta sentencia a medio plazo será el germen de una nueva burbuja inmobiliaria especulativa, no sólo para casi el 60% de las 120.000 camas de alquiler vacacional existentes en Canarias -28.000 viviendas- y que se ubican en zonas turísticas, sino también porque atraerá muchas de las nuevas viviendas sin vender existentes en Canarias, entre 30.000 y 40.000, ni más ni menos".
Juan Pablo González añadía en su artículo: "Ya vemos en otras ciudades turísticas como Baleares, pero también en zonas urbanas como Barcelona, los problemas que esta actividad genera a los residentes por el incremento de los precios medios de alquiler". Y concluía: "Ya no interesan los vecinos que pagan 400 euros al mes, sino los turistas que pueden pagar 400 euros a la semana. Y el vecino que se busque la vida, pero en otro sitio, porque aquí molesta". Y, efectivamente, se ha estimado que un propietario ingresa por 10 días de alquiler turístico lo mismo que por un mes residencial. El riesgo de gentrificación es además real, y ya hay barrios de diferentes ciudades canarias que han comenzado a alzar la voz de alarma.
Los representantes empresariales de hoteles y apartamentos siguen recurriendo a todo tipo de argumentos para combatir la consolidación de la oferta vacacional: desde su escasa capacidad para crear empleo hasta señalarlo como responsable directo de la masificación del destino. Sin embargo, tanto la CNMV como los tribunales han ido desmontando estos argumentos y contraponiendo otros. Entre ellos, diversas sentencias han incluido una defensa de los beneficios que sí conlleva la oferta vacacional en el sentido de propiciar una mayor distribución social de los ingresos obtenidos por una sociedad por la actividad turística que se desarrolla en su territorio.
"No hay razones para exigir a un cliente que solo desea contratar una habitación para alojarse, asumir el coste del arrendamiento de la totalidad de la vivienda si el propietario desea ofrecer ese servicio", razonó también el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y esta es una de las claves del pulso que enfrenta a dos intereses encontrados ante el cambio de modelo turístico que se ha impuesto desde hace años. El crecimiento del turismo a nivel mundial ha estado propiciado por factores ajenos a la proliferación de viviendas vacacionales en todo el mundo. Son una consecuencia de la implantación del transporte low cost y el surgimiento de nuevas formas de contratación on line. Aprovechan un desbordamiento de la demanda que no para de crecer y se siente atraída por nuevos productos, más directamente vinculados al destino. En todo caso, el secretario general de la OMT viene reiterando desde hace años algo que los destinos no acaban de asumir: Que "el número creciente de visitantes no es el enemigo, sino la gestión insostenible de ese crecimiento".
