¿Cuál es, a su juicio, la principal novedad que trae consigo la modificación de la ley de contratos del sector público?
Me llama especialmente la atención la vertiente social y laboral. A Europa le preocupa que se utilice la contratación pública para precarizar las relaciones laborales. Tradicionalmente, lo que le sucediera al personal del adjudicatario era ajeno a la Administración, y aquí hay un cambio importante en el cuidado de las condiciones laborales de quienes prestan servicios para el adjudicatario. Y por otro lado, y para mí también esencial, se cambia la filosofía de la contratación pública. Si hasta ahora simplemente se perseguía aprovisionar a la Administración, es decir, la contratación se limitaba a satisfacer la necesidad de la Administración pública, a partir de este momento se va más allá. Lo que importa ya no es tanto satisfacer esa necesidad de la Administración pública, sino, además, que se logren otros objetivos, objetivos sociales, medioambientales, de innovación... En definitiva, que ese gran volumen económico que en el PIB supone la contratación pública no se limite a que la Administración vea satisfechas sus necesidades, sino que también contribuya a las políticas de crecimiento sostenible, de respeto del medio ambiente, de integración de personas con discapacidad...
Porque el precio deja de ser lo único o lo más importante en una adjudicación pública.
Efectivamente. Ya no es del todo relevante el criterio económico en cuanto a que la Administración logre productos o servicios a un menor precio, que es lo que antes pedía la normativa, aquello de yo me proveo a los mejores precios. Ahora hay que atender a la calidad, porque la calidad de lo que tú adquieras como institución realmente te trasciende y se utiliza como instrumento para otras políticas, de ahí que haya que atender ese criterio de la calidad.
Y supone también una apuesta por acabar con prácticas cuando menos irregulares, como el f raccionamiento de contratos, por ejemplo.
La contratación menor se modifica. Y esta es una contratación que siempre es mirada con recelo porque en definitiva estamos hablando de una adjudicación directa que, como tal, no respeta los principios de concurrencia, publicidad y demás. Y los controles, pues bienvenidos sean. Las directivas aumentan las medidas de lucha contra la corrupción, y no hay que olvidar que España ha recibido varios avisos de Europa. Sí puntualizaría, no obstante y a modo de reflexión, que no siempre deberíamos vincular el contrato menor a prácticas digamos no del todo ortodoxas, porque a veces hay ayuntamientos, pequeñas instituciones, que no pueden contratar mejor porque no tienen recursos. Pero sí, en los contratos menores se bajan los umbrales y se establecen más controles.
Otra novedad no precisamente menor es la imposición de que todo el proceso de contratación, desde el anuncio hasta la adjudicación del convenio, se lleve a cabo vía electrónica. Hay quienes ven aquí un problema por el proceso de adaptación que puede exigir.
Problemas va a haber seguro, pero es una obligación, y como tal hay que cumplirla. Aquí hay dos opiniones: la de quienes sostienen que hay que ser prudentes y que el proceso debe ser pausado, y la de quienes dicen que hay que hacerlo ya porque si lo haces de un modo pausado nunca lo lograrás. Pero es indudable que es una obligación que facilitará la contratación, como también es indudable, insisto, que habrá problemas y que con el tiempo se resolverán. Inconvenientes, muchos, pero se acabarán solventando. La contratación electrónica es más eficiente y es más eficaz, y el principio de eficacia es uno de los que han de regir en la Administración pública.
Hay cierto miedo en parte de la patronal por la posibilidad de que la adaptación de los pliegos de contratación que tendrán que hacer muchas instituciones desemboque en una cierta paralización de la obra pública.
La demora en la elaboración de un pliego siempre ralentiza, pero quiero creer que no va a paralizar una determinada contratación, básicamente porque las necesidades seguirán existiendo y no desaparecerán por la ausencia de un pliego. La Junta Consultiva de Contratación está elaborando los pliegos y estarán en un tiempo razonable, y si no se licitará con los viejos y habrá que adaptarlos a cada ramo administrativo. O no se licitará con pliegos generales pero sí se licitará con algún pliego adaptado. En definitiva, entiendo la preocupación de la patronal, pero la necesidad de la Administración no está sujeta al pliego y habrá que atenderla existan o no existan pliegos. Habrá que elaborarlos, adaptarlos o buscar otra fórmula aunque sí, es verdad que puede haber algún retraso.
Las empresas que quieran optar a un contrato público deberán, sí o sí, inscribirse en un registro.
Ahí, y como opinión muy personal, veo un problema en esa exigencia de estar inscrito en el registro de licitadores. Al fin y al cabo, si tratas de estimular que la pequeña y mediana empresa licite y tratas de ganar en rapidez, introducir la carga de un registro me genera dudas. Luego la simplificación de trámites sí es un gran acierto.
¿Llegará la tarta de los fondos públicos a más empresas?
Es una de las cosas que preocupa a Europa. Se quiere una competencia leal entre empresas, no puede ser que la contratación pública sea para grandes empresas. A Europa le preocupa la concurrencia y la competencia, y eso se soluciona promoviendo que la pequeña empresa acceda a la contratación pública. Y para ello se arbitran una serie de medidas en cuanto a los lotes, en cuanto a cesión de contratos, en cuanto a subcontrataciones...
