Tras un año de espera, la aplicación de la ley de transparencia en el Cabildo de Gran Canaria ha generado más de una sorpresa en la declaración del patrimonio de los representantes políticos y también deja al descubierto las dificultades para verificar los datos aportados, pues no existe ningún organismo que compruebe la veracidad del número de propiedades, los valores catastrales de los inmuebles o el dinero en las cuentas bancarias.
La transparencia, al menos en este arranque, depende de la buena voluntad de los cargos públicos. No se han creado mecanismos de control para aquellos casos en que se oculte información o se intente hacer trampas. Tampoco existen garantías de que se sancione al infractor si algún ciudadano descubre y denuncia por su cuenta una mentira muy evidente en la enumeración de los bienes. Todo dependerá, otra vez, de la voluntad del gobierno de turno, tanto en los cabildos como en el resto de las instituciones públicas. Evidentemente, ningún partido va a actuar contra uno de los suyos por esconder su patrimonio personal, y menos si de ello depende la estabilidad de un pacto.
Pero no todo son sombras en la ley de transparencia. En una decisión inédita, un alto cargo del Cabildo como Carlos Trujillo, precisamente el encargado de asesorar al gobierno insular en el estricto cumplimiento de las leyes, prefirió dimitir como director de los Servicios Jurídicos para ahorrarse presentar su declaración de bienes y actividades. Solo la puesta en marcha de ley ha dejado en evidencia a Trujillo y, además, ha permitido descubrir que en el Cabildo se ha incumplido la ley de incompatibilidades de funcionarios públicos durante los últimos veinte años sin que nadie mueva un dedo.
Patrimonio personal
En la declaración de los 29 cargos electos se han detectado lagunas a corregir el próximo año. Algunos consejeros han declarado únicamente los bienes que están registrados solo a su nombre, mientras que otros han incluido los bienes compartidos con cónyuges o parejas, lo que ya genera un agravio de cara a la opinión pública. Por eso sorprende que más de la mitad de ellos declaren menos de 6.000 euros en ahorros tras recibir sueldos mucho más altos que la media de los ciudadanos, y algunos desde hace muchos años, o que cuatro ni siquiera declare la cuenta corriente en la que recibe la nómina. También es sospechoso el abismo en las valoraciones catastrales que se asignan a los inmuebles, que van desde los 275.688 euros de la vivienda de José Miguel Bravo de Laguna o los 96 euros de un piso de Esther Monzón o los 17.437 euros de la casa de Ylenia Pulido.
Con gran revuelo mediático, el presidente Antonio Morales ya advirtió de estas carencias en la ley de transparencia y vino a decir que "si alguien quiere hacer trampas lo tiene muy fácil". Por ejemplo, en el Cabildo grancanario han tenido un año de plazo para poner los bienes a nombre de cónyuges, hijos o familiares.
El jefe de la oposición del PP, Felipe Afonso El Jaber, considera que lo importante es saber lo que poseían los consejeros cuando entraron al Cabildo en junio de 2015, algo que no se ha hecho público todavía, y lo que tendrán cuando dejen el cargo a mediados de 2019. Pero tampoco en ese momento habrá nadie para verificar si eso es verdad o mentira.
