Las personas afectadas por los trágicos sucesos ocurridos durante la pasada celebración de la Suelta del Perro Maldito en Valsequillo, que ayer se cobró su primera víctima mortal, tendrán difícil pedir una reparación a través de la vía penal.

Fuentes de la fiscalía de la provincia de Las Palmas aseguraron que los requisitos para lograr imputar un delito a la organización del evento son varios y que, aunque sería posible encartar a los miembros de la asamblea vecinal y del Ayuntamiento de Valsequillo responsables de la organización del evento popular por un delito de homicidio por imprudencia grave, sería difícil que prosperara. Eso no quita, sin embargo, que la familia de la fallecida no pueda recibir una indemnización por la vía civil.

Pese a que la Guardia Civil de San Mateo ya ha iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos durante la noche en la que más de una treintena de personas terminaron heridas, varias de ellas de gravedad, esta es una actuación habitual siempre que ocurre un percance en el que hay faltas.

La explicación está en consonancia con la dada por la delegada del Gobierno en Canarias, Dominica Fernández, cuando aseguró que por las diligencias "no se buscan culpables sino saber exactamente qué pasó".

Para que los hechos pudiesen llegar a un juicio penal, debería quedar acreditado que se dio una negligencia de la organización. Para ello, habría que investigar y demostrar una larga serie de requisitos: que no se tenían preparadas las medidas de seguridad adecuadas a las características del evento, si en años anteriores se han dado situaciones de riego parecidas que han sido advertidas y que no se han corregido o si los miembros de la seguridad no actuaron siguiendo los protocolos, entre otras muchas.

Por otro lado, explicaron, también habría que determinar si lo que sucedió no se debió a una mala actuación de la persona que se prendió fuego o de cualquier otro participante o asistente al evento.

La necesidad de explicar todos estos requisitos, en consecuencia, es lo que hace muy complicado que los afectados puedan pedir una responsabilidad penal de lo sucedido la noche del pasado miércoles, cuando este espectáculo callejero, en el que el fuego ocupa un lugar esencial, se convirtió en un infierno que engulló a Néstor Rodríguez y a un grupo de mujeres.