Pelotacito, el pelotazo". El empresario y vocal de la Cámara de Comercio de Lanzarote, Fernando Becerra, no dudó en alardear en una de las conversaciones grabadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de la posibilidad de obtener presuntas comisiones ilegales por actuar de intermediario en diferentes negocios urbanísticos tanto en los municipios de Arrecife como en el de Yaiza.
La lectura de las conversaciones telefónicas grabadas con autorización judicial en el marco de la operación Unión y de las declaraciones realizadas por algunos de los más de 30 imputados recogidas en el sumario ponen al descubierto una extensa mancha de corrupción que sacude a Lanzarote de norte a sur.
Una operación que se inició el 5 de junio de 2008 cuando el por entonces consejero de los Centros Turísticos del Cabildo y secretario insular de los socialistas lanzaroteños, Carlos Espino, puso en marcha la grabadora entregada por la Guardia Civil durante la reunión mantenida con Fernando Becerra en el que le iba a hacer llegar la propuesta del promotor Luis Lleó para construir el megaproyecto de las 1.000 viviendas en Costa Roja, en Playa Blanca.
A partir de ese momento y ante la gravedad de los posibles delitos que se estaban cometiendo, el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife, la Fiscalía y los agentes de la UCO pusieron en marcha la mayor operación contra la corrupción que se ha desarrollado en Lanzarote.
Los servicios de vigilancia especiales de los agentes de la UCO a los principales implicados les llevó a realizar todo tipo de grabaciones y fotografías. Unas medidas que incluyeron también las escuchas telefónicas realizadas con el pertinente mandamiento judicial durante varios meses.
El dinero corría de un lado para otro y las presuntas comisiones ilegales a empresarios por la adjudicación de obras se convirtió en una actividad más dentro de las labores diarias de algunos concejales y miembros destacados del PIL. "Los paquetes (sobres con dinero) los preparaba Matías Curbelo", llegó a decir ante el juez el que fuera concejal de Urbanismo en Arrecife, Ubaldo Becerra, para justificar cómo se repartía en algunas ocasiones las comisiones recibidas por los empresarios.
Dinero que incluso se llegó a entregar en el baño del aeropuerto de Lanzarote, un sobre con 6.000 euros, ante el viaje a Cuba de dos de los imputados. En otras ocasiones "las bolsas" como las llamaba Alfredo Rodríguez, trabajador del Cabildo y utilizado presuntamente en ocasiones como la persona encargada de recoger las comisiones, se repartían en cafeterías o viviendas de los implicados. Cualquier sitio era válido siempre y cuando no levantara sospechas.
La lista de políticos y empresarios que salen en las conversaciones telefónicas y en las declaraciones ante el juez es inmensa. Sin embargo, muchas de las acusaciones que se realizan por los propios imputados no están del todo demostradas en las investigaciones que han salido a la luz pública después del levantamiento parcial del secreto de sumario. La trama de la corrupción sigue abierta.
