El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria puso en marcha en 1998 una negociación para la compra del Canódromo de Schamann que fijaba el valor de la parcela en 250 millones de pesetas (1,5 millones de euros), casi la tercera parte de la valoración que se hizo del suelo que se cedió a Urbacan en la esquina de Henry Dunant, donde van las torres, y Almatriche, a cambio del recinto, y que superó los 5,5 millones de euros.

La cifra llegó a ser pactada por el entonces concejal de Deportes, Pascual Mota, con los propietarios del Canódromo en aquel momento, la familia del abogado Díaz Sosa. Aunque la operación no se concretó, llegó a hablarse de una permuta por suelo urbano. El ex edil recordó ayer, en una conversación con este periódico, que planteaba para esta parcela un polideportivo con pistas de atletismo, canchas de deportes de sala y una escuela de tenis de mesa en el edificio que hoy alberga dependencias sociales. "Yo creía que estaba conseguido y se lo dije al alcalde", José Manuel Soria, "pero él me dijo: 'Estupendo, Pascual, pero como tú de estas cosas no entiendes se lo voy a decir a [el entonces concejal de Urbanismo] Jorge Rodríguez para que él negocie".

Pero pasaron ese año 1998 y el siguiente, terminó el mandato y Pascual Mota no pudo presentarse a la reelección. Era uno de los cuatro concejales díscolos de Soria, como se les denominó entonces a él y a los también ediles del PP Rafael Viñes, Tino Montenegro y Julio Aldaz, por bloquear la aprobación del Plan General. Tras los comicios, con mayoría absoluta de los populares, se retomó el planeamiento urbanístico y se conoció la operación del Canódromo, con otros vendedores -Inprocansa, inmobiliaria propiedad del empresario Eduardo Fernández, que participa en Lifeblood, que acaba de conseguir un polémico contrato millonario con la Consejería de Sanidad-, y a través de un convenio urbanístico de por medio que planteaba la permuta de parcelas.

"Yo no puedo acusar a nadie y no tengo pruebas, pero cuando salí de la política y vi aquello, con las torres previstas en la esquina, no me encajaban las cosas y sospecho que hubo algo raro", comentaba ayer Mota. El ex concejal considera ahora, once años después de abandonar el Ayuntamiento, que de haber continuado él con la negociación las cosas habrían sido distintas. "De lo que estoy seguro es de que si hubiese salido mi idea, nadie se habría llevado un duro de más", abunda.

Pascual Mota, eso sí, jamás supo qué empresa era Inprocansa -que creó luego Urbacan, promotora de la operación del Canódromo- ni conoció a Eduardo Fernández. "Nunca oí hablar de ellos, pero tampoco Jorge Rodríguez me contaba nunca nada sobre cómo iban las negociaciones. Simplemente, después de aquel día que le conté mi propuesta a Soria, nunca más supe del asunto. Hasta creo que fui yo quien les abrí los ojos con lo que se podía hacer allí", recuerda.