De insólito calificaban muchos ayer la reacción del Partido Popular (PP), el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al abstenerse de votar en el pleno municipal a favor de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito presentado por ellos mismos y con el que se va a poder pagar 786 facturas que el anterior gobierno dejó pendientes. El expediente, con un valor superior a los 6,9 millones de euros, salió adelante gracias a los 13 votos favorables de los dos grupos de la oposición, el socialista y el mixto (Compromiso y Nueva Canarias).

La portavoz del gobierno municipal, María del Carmen Hernández Bento, justificó esta postura para desmarcarse de la manera de hacer las cosas del anterior mandato socialista que fue quién dejó las facturas pendientes de pago. "Trajimos este expediente al pleno por responsabilidad y porque los proveedores que están pendientes de cobro no tienen culpa de la mala gestión del gobierno socialista anterior; no estamos de acuerdo con la herencia recibida ni con la mala praxis del PSOE y si hoy sale este expediente adelante es gracias a la tramitación del PP porque cuando el PSOE tuvo que hacerlo no cumplió". La portavoz aclaró que pese a su abstención las facturas serán pagadas a los proveedores.

El concejal de Hacienda, Agustín Gutiérrez, fue más allá y explicó que el grupo de gobierno había detectado muchas facturas "irregulares" entre las 786 reconocidas ayer. "No es que sean facturas ilegales, ni mucho menos, son facturas que han tenido una tramitación irregular al no haber detrás un contrato reglado o una retención de crédito". Gutiérrez manifestó que la abstención sirve al PP de salvaguardia ante una hipotética reclamación en forma de procedimiento de responsabilidad contable de alguno de los acreedores.

"Esto no es más que una irresponsabilidad de un gobierno cuyo partido ha estado 12 años al frente de la ciudad y sabe que estas operaciones contables son habituales", manifestó el portavoz del grupo socialista, Sebastián Franquis, "no hay ninguna irregularidad en esa facturas lo que si ha habido es un riesgo de que esos 786 proveedores se quedaran sin cobrar por la irresponsabilidad del PP".

Dentro de esa partida de 6,9 millones aprobada ayer por la oposición se incluyen los más de 900.000 euros que se destinan a pagar deudas pendientes de 2009 y 2010 a Santana Cazorla por la contrata de Parques y Jardines. Precisamente ayer, durante el pleno, medio centenar de trabajadores de esta contrata se concentraron en la plaza de Santa Ana para protestar por los retrasos de dicha empresa en pagarles los salarios de los tres últimos meses.