Víctor M. M., el joven discapacitado de Arucas que ha crecido bajo la guarda de las instituciones canarias y que el día de su decimoctavo cumpleaños fue rechazado del hogar que debía acogerlo, sufre carencias afectivas por su periplo por centros de acogida, según se desprende de uno de los informes emitidos por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Gran Canaria sobre su situación.
El área de discapacitados de la corporación insular reconoce en el texto que "Víctor ha presentado carencias afectivas importantes por haber permanecido acogido durante prácticamente toda su vida en acogimiento residencial". Su institucionalización comenzó nada más nacer, cuando fue llevado al Centro Maternal de Santa Rosalía, según expone otro informe y reconoció su madre, María Melián, que recordó que "le sentó como una piedra" que le quitaran a su hijo. Ella no pudo hacerse cargo de él, al igual que del resto de su descendencia, al haber sido declarada incapacitada jurídicamente por sufrir una discapacidad psíquica del 73 % y su padre una minusvalía física.
Víctor, tras pasar por Santa Rosalía, visitó hasta un total de seis centros de acogida de menores y uno de mayores con discapacidad, el hogar funcional Adepsi, donde entró el pasado martes 18 de octubre por un decreto judicial después de negarle sus responsables el acceso alegando ser incapaces de cubrir sus necesidades. Fuentes forenses describieron la situación del chico como la típica que sufre una persona con una "institucionalización crónica". Uno de los problemas que planean ahora sobre la situación jurídica de este joven discapacitado es la cuestión sobre si se debe prorrogar su tutela legal al ser declarado incapacitado.
En principio, es el Cabildo el que ostenta ahora su guarda y custodia al ser ya un mayor con una discapacidad, pero hasta el día de su cumpleaños había sido un menor desamparado que "aún no tiene una tutela definitiva por la tardanza de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias en iniciar la demanda por incapacidad", explicaron fuentes judiciales.
En el caso de Víctor, Menores no inició el procedimiento hasta finales de septiembre de este año, casi una veintena de días antes de que el muchacho alcanzase su mayoría de edad.
Para declarar a una persona incapaz, el ordenamiento jurídico impone que sólo pueda ser dictaminado por un juez mediante una sentencia tras tramitarse el oportuno procedimiento judicial.
El proceso, en el que se practican diversas pruebas como la audiencia de los parientes más próximos, la exploración forense o el examen del presunto incapaz por el juez, suele "tardar un año o un año y medio", comentaron estas fuentes judiciales, por lo que "hacerlo tan tarde es sólo un recurso para cubrir el expediente y dar la apariencia de que se actuó correctamente".
El último capítulo de la truculenta historia de este joven que sufre una discapacidad psíquica del 44 % y social del 15 % sucedió el pasado lunes 17 de octubre, cuando al cumplir la mayoría de edad su guardia y custodia pasó de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia al Cabildo de Gran Canaria y hubo de cambiar su lugar de residencia: del centro de acogida de menores Harimaguada al hogar funcional Adepsi.
El nuevo centro, siguiendo las contestaciones negativas que desde junio había enviado a Menores sobre la acogida, negó el ingreso de Víctor a los responsables del Cabildo, que aludían a un convenio que la corporación mantiene con el centro de ocho plazas disponibles todo el año.
La disputa, en la que Víctor era el mayor perjudicado, culminó de madrugada con un auto de la juez de guardia decretando su ingreso cautelar en Adepsi.
