El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, aseguró ayer que su gobierno está "viendo como se puede sancionar a la compañía" Emalsa, en relación con los múltiples incumplimientos en el servicio. "Para eso estamos trabajando", añadió, "en un marco normativo". El regidor sostuvo que quiere establecer un "sistema socialmente justo y sostenible" y buscar la fórmula que permita actuar en aquellos elementos que "chocan" con el contrato. "Y en esas estamos", sostuvo Hidalgo, quien aseguró que el "problema" con el que se enfrenta el Ayuntamiento es la relación contractual con Emalsa, que "no establece posibilidades de sanción".

Hidalgo, sin embargo, reprochó al exalcalde Juan José Cardona, no haber emprendido ningún expediente sancionador durante el anterior mandato y le echó en cara que se limitara a poner en marcha una intervención que "no sólo era ilegal, como ha dicho una sentencia, sino innecesaria para ejercer el derecho de control administrativo del ciclo integral del agua. Y eso es lo que estamos haciendo con la ley en la mano; haciendo cumplir la norma, creo que con mayor contundencia que durante la intervención, donde no recuerdo ninguna acción contra la compañía. Ahora lo estamos haciendo con tranquilidad y con la norma en la mano". El regidor no aclaró qué medidas se están tomando para corregir las anomalías y saber el coste real de los servicios.

En cuanto al bloqueo del pago de las facturas del saneamiento desde mediados del pasado año por la interventora municipal, el regidor afirmó que la actuación de la alta funcionaria estatal se debe a que la actualización del IPC está provocando que se supere el tope máximo a pagar establecido en el contrato de 1998, que "es quizá lo único positivo" de éste. "Es curioso que algo tan sencillo no se tuviera en cuenta por el gobierno anterior, cuando se supone que iba a controlar la compañía. Eso es lo que dice la interventora yeso es lo que vamos a alegar, que no se puede utilizar el IPC para hacer el cálculo", criticó el regidor, quien eludió valorar el intento de los socios privados de Emalsa de cobrar 56,8 millones en dividendos, por lo que han demandado al Ayuntamiento en los tribunales, una denuncia que el alcalde atribuyó a la intervención del mandato anterior. "Tenemos que actuar para normalizar la situación de caos que nos hemos encontrado, que está afectando económicamente a las arcas municipales con dos sentencias sustanciosas". El Tripartito renunció a recurrir una de ellas.