17 de septiembre de 2017
17.09.2017
Educación

Vuelta al cole por orden judicial

La Fiscalía de Menores insta al Gobierno de Canarias a trasladar de centro a una niña de 7 años que no sabe leer ni escribir y a resolver el expediente de desamparo

17.09.2017 | 01:33
Sara León, con documentos sobre su sobrina en la cocina de su madre, Inés Peraza.

"Tuve que dejar a muchos amigos"

  • "Hice muchos amigos, pero tuve que dejarlos, porque me marché a otro cole y a otro, fui a muchos coles", recuerda Malena, nombre ficticio de una niña grancanaria de siete años que no sabe ni leer ni escribir a causa de su absentismo escolar. Desde la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, consideran "muy raro" el caso de Malena, porque todos los centros públicos tienen la obligación de realizar un seguimiento del absentismo para evitar el abandono escolar. La labor del departamento dirigido por Soledad Monzón incluye el envío de un informe mensual a los servicios sociales municipales a partir de un determinado número de ausencia del alumno sin justificación, según las mismas fuentes de Educación. El nombre real de Malena ya apareció en los listados remitidos a los servicios sociales municipales por parte de los dos últimos centros educativos en los que se matriculó la niña, aunque su inclusión no facilitó el posterior traslado escolar solicitado por su guardadora de hecho.

"Mi mamá siempre se quedaba dormida, se tomaba unas pastillas y se quedaba troncada", contesta Malena, nombre ficticio como protección del derecho a la intimidad de la niña grancanaria, para explicar su absentismo escolar, la causa de que aún no sepa leer ni escribir a los siete años. Desde el pasado mayo, sin embargo, la menor de edad ya no reside con su madre, sino con su tía materna, Sara León, en régimen de guarda de hecho.

Al carecer de potestad legal, Sara León, hermana consanguínea de la madre de la niña, no pudo trasladar de colegio a su sobrina para que comenzara el curso esta semana en un centro educativo cercano a su domicilio, en el arrabal capitalino, porque mantener a Malena en su anterior escuela acarreaba gastos de transporte y, sobre todo, la posibilidad de "roces" con otros familiares. No en vano, Malena vive con su tía desde que su abuela materna, con quien residían tanto la menor como su madre, denunció a su progenitora por los presuntos delitos de abandono de familia, violencia doméstica, maltrato y lesiones, hecho que se saldó con la detención de la acusada y una orden cautelar de alejamiento de la demandante durante la tramitación de la causa judicial.

Con el padre en prisión, el Cuerpo Nacional de Policía entregó la niña a su tía durante el arresto de su madre, que ya no reclamó por Malena tras su liberación. "Del padre no sé nada, estará aquí en la cárcel, nunca se ocupó de la niña, la verdad, ni lo conozco, así que o iba a recogerla o se iba para un centro de menores", alega Sara León, de 29 años y con domicilio en la vivienda materna.

De 51 años y con contrato a media jornada en un restaurante, Inés Peraza aporta el único salario a la casa donde reside junto a sus dos hijos y, ahora, también Malena, su nieta adoptiva. En su opinión, "Sara metió aquí a la niña desde que tenía tres meses, por corazón, un día que la hermana estaba mal, ya que iban y venían, sin un sitio fijo o estable, a casa de la abuela cuando no les quedaba otra y hasta vivieron en cajeros o en la playa".

A Malena le encanta estar con Sara, que ya le enseñó el abecedario, a escribir su nombre y a sumar o restar. "A mi otra madre, que ya no es mi madre, no la echo nada de menos, y a la abuela tampoco, porque me han tratado mal. Una vez, cuando mi mamá se fue de fiesta, [la abuela] me puso una manta en el pasillo y tuve que dormir ahí", recuerda la niña. "Nos ha contado que la abuela es capaz de comerse una pizza delante suyo sin darle un cacho o echarla de la cama porque ronca, no le tiene cariño", añaden Sara e Inés antes de desear, casi entre lágrimas, "que entre al colegio, carajo, nomás".

Y, finalmente, Malena entrará al colegio del barrio mañana, justo una semana después del inicio del curso escolar 2017-18, según adelantan fuentes de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Desde el departamento dirigido por Soledad Monzón detallan que la normativa establece la obligatoriedad de presentar la firma de los dos padres o tutores legales para aprobar el traslado del escolar a otro centro, por lo que el colegio más cercano a Malena no pudo tramitar el cambio solicitado por la guardadora de hecho.

"Interpretaron en el centro que necesitaban una confirmación, así que llamamos a la Fiscalía de Menores y ahí certificaron que la guarda es suficiente para el traslado", concluyen las mismas fuentes de Educación. Desde la Ciudad de la Justicia, sin embargo, matizan la versión ofrecida por el Ejecutivo autonómico.

"Desde un punto de vista de legalidad estricta es correcta la actuación y me parece estupendo que los centros educativos denieguen [la solicitud], porque así obligamos a la administración a legalizar las situaciones, pero proliferan las guardas de hecho y jamás ha habido ningún problema para la escolarización", subraya la decana de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Montserrat García, que remitió esta semana dos decretos para instar al Gobierno canario tanto a la escolarización inmediata de la menor como a la resolución del expediente de desamparo.

En un limbo jurídico

Según la fiscal García, "tenemos obligación de que las guardas de hecho se formalicen en un acogimiento, porque el guardador de hecho no tiene ninguna base documental que legitime esa guarda y que facilite los trámites de educación, sanidad y todo, están totalmente en un limbo jurídico, por eso hay que erradicarlas y que duren lo menos posible cuando se constituyen por riesgo de los menores y para evitar un acogimiento residencial, siempre la última opción".

A partir de ahora, "una vez se declare el desamparo, hay que constituir la fórmula de acogimiento, en familia extensa, ajena o en centro, valorando en primer lugar la idoneidad de la que hasta ha sido la guardadora de hecho de la menor", explica la fiscal Montserrat García antes de apuntar que, además, trasladó verbalmente los decretos a la directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno canario, Carmen Morales, durante una reunión programada para el pasado jueves. Desde la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo autonómico informan que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria envió a mitad de agosto una propuesta para la declaración de desamparo de Malena, pero aún no se tramitó en Protección a la Infancia al carecer de la consideración de urgente por parte de los asistentes municipales.

"Solo ha pasado un mes, pero al enterarnos que hubo problemas con la escolarización, inmediatamente, se va a agilizar", garantizan sobre la declaración de desamparo desde el departamento dirigido por Cristina Valido. Después de cuatro meses a cargo de Malena, los recientes movimientos de las administraciones públicas satisfacen a Sara León e Inés Peraza, que confían en un final feliz.

"Solo quiero que vaya al cole, que se sienta una niña más y no pregunte todos los días, solo eso, lo demás ya lo solucionaremos, pero no es solo la escolarización, porque llegó sin cartilla del seguro, libro de familia o ropa, nada", concluyen la madre y abuela de hecho de Malena, que también sentencia: "Quiero ir a ese cole, es muy guay". Y Malena vuelve al cole mañana, por fin, hasta con orden judicial.

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