La urbanización incontrolada de la costa tiene mucho que ver en el grave deterioro que ha sufrido Maspalomas. Así lo cree la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, que ha decidido imponer una bandera negra a la playa del sur de Gran Canaria, "porque la construcción de espigones ha impedido el normal desarrollo del ciclo natural de este espacio y ha favorecido su deterioro ambiental", según aclaró Noelia Sánchez, miembro de la organización.
El Informe Banderas Negras de Canarias, que fue presentado ayer, impone estos símbolos en aquellas zonas del litoral en las que, ya sea por los vertidos, por la insostenibilidad de los recursos pesqueros, por la urbanización o por las infraestructuras portuarias, se haya modificado el equilibrio natural y se estén produciendo consecuencias en la fauna, la flora y la salud pública de quienes se bañan en las playas o comen los peces que están alimentándose en lugares donde las aguas fecales llegan al mar sin ser depuradas.
En lo referente a Maspalomas, el informe refleja que el Plan Territorial Parcial 08 de la zona, cuya aprobación inicial se produjo en marzo de este año, encuentra hasta 16 "enclaves insostenibles", bien por su obsolescencia, porque invaden dominio público marítimo-terrestre (DPMT) o porque producen un impacto severo en la conservación de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. Aunque estos puntos están claramente especificados por el Plan, incluso determina la demolición de algunos de ellos, no sólo no se demuelen, sino que se llevan a cabo obras para su protección. Según los ecologistas, "el efecto de los temporales junto con las actuaciones llevadas (retirada de áridos de la rasa marina y construcción de escollera) a cabo por las administraciones, en defensa de intereses particulares, han provocado un gran impacto en el entorno".
Mogán
Otro de los casos más sangrantes que señala el informe es el de la playa de Arguineguín, en Mogán. Lo sabe bien Jenni Hymoff, presidenta de la asociación de vecinos Las Lomas de Arguineguín, que ha visto desde hace 18 años cómo un emisario a 300 metros de la costa ha dejado el litoral contaminado. "Los vertidos llegan a las especies, incluso a las que están en criaderos y esos peces luego nos los comemos, pero también se trata de un problema de salud pública, porque allí se baña mucha gente, más en temporada alta de turismo". La asociación lleva casi dos déca-das denunciando estos hechos, que incumplen la Ley de Cos- tas, ya que los emisarios han de estar al menos a 500 metros de la costa. "La Unión Europea dice que no puede intervenir porque en los municipios de me- nos de 15.000 habitantes no son necesarias depuradoras, pero Mogán llega a los 70.000 habi-tantes cuando están los turistas y esto no se computa", aclaró la presidenta.
La semiprivatización de Pasito Blanco es otro de los temas que han indignado a los ecologistas, así como el problema de los sebadales de Granadilla, en Tenerife. "Hemos comprobado que el 60 % de los sebadales trasplantados por el proyecto de Granadilla, a una zona en la que ya habían desaparecido, ya están muriendo. Esto sucede porque esa zona ya no es apta para praderas de sebadales. Pero es que, además, los peces viven de esos sebadales, ¿cómo los trasladan a ellos?", se preguntó Jorge Sáenz, capitán del velero Diosa Maat, de Ecologistas en Acción.
