El REF, eterno argumento de campaña

La campaña electoral en Canarias retoma como uno de los argumentos centrales de la misma, y de lo que está en juego para las Islas en la próxima legislatura, el grado de cumplimiento del REF por parte del gobierno que surja de las urnas el próximo día 23. La transversalidad del fuero económico fiscal isleño en relación a las políticas estatales que se impongan con la nueva mayoría parlamentaria en Madrid obliga a una constante vigilancia, y los partidos canarios, tanto los de índole estatal como los nacionalistas, fijan gran parte de sus posiciones teniendo en cuenta esta premisa. En teoría, el REF está claramente definido en sus más relevantes aspectos de incidencia en las leyes estatales y medidas que se adopten desde el Gobierno central, pero en la práctica se ha demostrado que son muchos y variados los incumplimientos que se producen.

No hay sin embargo un consenso básico entre los partidos canarios sobre las circunstancias y momentos en que se vulnera la ley llamaba a compensar a Canarias por los sobrecostes que conlleva la lejanía y la insularidad, porque con frecuencia el análisis y valoración que hacen al respecto siempre está condicionado a la posición política de cada uno de ellos, de si gobiernan o no en Madrid en el caso de PSOE y PP, y de si con sus escaños en el Congreso apoyan o no a ese gobierno en el caso de los partidos nacionalistas, CC y NC. Es cierto que en los últimos años se han producido incumplimientos o vulneraciones flagrantes que han aunado posiciones hasta el punto de consensuar en el Parlamento de Canarias acuerdos unánimes de reclamación al Estado o incluso recursos al Tribunal Constitucional, pero también en ocasiones se han visto discrepancias sobre si determinadas leyes estatales, especialmente en el caso de los Presupuestos Generales del Estado, cumplen o no el fuero económico y fiscal.

De entrada, hay una gran diferencia en los planteamientos iniciales entre los partidos en Canarias entre los de ámbito estatal y los territoriales a efectos de campaña electoral. Mientras PSOE y PP apenas mencionan el asunto en sus programas electorales, o si lo hacen es muy de pasada, los partidos nacionalistas centran gran parte de sus argumentos y propuesta en aspectos relacionados de una u otra forma con el REF. En el caso de Surmar como heredera de Podemos a efectos electorales del 23-J, incluso se cuestionan determinados elementos del REF, mientras que Vox está en otra dimensión de onda respecto a sus prioridades políticas. En todo caso, los candidatos de todas las formaciones o coaliciones que pugnan en las Islas por los 15 escaños en el Congreso y 11 en el Senado sí tendrán que clarificar sus respectivas posiciones sobre sus estrategias políticas en las Cortes cuando leyes o medidas del Gobierno central, independientemente de su color político, afecten al fuero isleño.

La reforma del REF de noviembre de 2018 ha puesto sobre la mesa nuevos elementos a tener en cuenta sobre la necesidad de nuevas compensaciones a las Islas y eso no siempre se ha trasladado a las leyes estatales, incluidas las de los presupuestos. Una de las grandes polémica que surgen cada año a este respecto, y con seguridad se mantendrá en la nueva legislatura, es si los presupuestos estatales respetan el principio inapelable de la norma de que la inversión estatal en Canarias tiene que ser equivalente, como mínimo, a la media en el conjunto del Estado. Pero siempre surge la discrepancia sobre si para calcular la ficha financiera canaria en las cuentas estatales se tiene en cuenta únicamente la inversión directa de los ministerios y entes autónomos recogida en el Capítulo VI, como sostienen los nacionalistas y el partido que en ese momento no esté gobernando en Madrid, o si hay que sumar la proveniente de las transferencias de fondos a la comunidad autónoma en materia de inversión, integrada en el Capitulo VII de la ley de presupuestos. Eso determina totalmente el puesto que ocupa Canarias en inversión por habitante y si realmente se cumple el REF o no a estos efectos.

Ratios de inversión

En los años del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, como consecuencia de los presupuestos récord en gasto e inversión por los fondos europeos de recuperación tras la pandemia, la ficha financiera isleña ha superado con creces las cifras de la legislatura anterior, pero el puesto en la tabla regional sobre inversión directa por habitante (166 euros en 2023) seguía siendo de los peores frente a los 248 euros de media estatal. Sin embargo, sumados elementos como el convenio de carreteras y otros programas de inversión cuyos fondos se transfieren a la comunidad autónoma para que ella los gestione, esa ratio mejoraba hasta alcanzar este año los 402 euros por habitante, aunque en este caso se incluían 200 millones de deuda estatal del convenio de carreteras que se abonan este ejercicio y que sin embargo no debían contabilizar como inversión porque son fondos que ya había gastado la Comunidad Autónoma con sus propios presupuestos en años anteriores.

También en materia presupuestaria, el Estado ha ignorado durante los últimos años conceptos del REF añadidos en la reforma de 2018, o destinando a algunos de ellos partidas simbólicas unicamente para justificar precisamente que se tenían en cuenta. En los de 2021 y 2022 hasta más de diez de estos conceptos quedaban con partidas a cero en el proyecto de ley, si bien se corrigieron algunas durante el periodo de enmiendas. Sin embargo, la inconcreción en muchos casos que al respecto recoge el propio REF, y las dudas sobre la posición de cada gobierno de Madrid que sobre cada una de esta materias puede ofrecer en cada momento, mantienen siempre el riesgo del incumplimiento. Ha pasado por ejemplo con las partidas de lucha contra la pobreza, o la atención a migrantes menores no acompañados, que se han tenido que incluir o corregir sobre la marcha. Asuntos como las ayudas al sector primario, al desarrollo industrial, a la conectividad aérea, a las infraestructuras turísticas, a la infraestructuras educativas, o ayudas para la movilidad de estudiantes o artistas son algunos otros sobre los que se siguen sin afianzarse en las normas estatales. La subvención del 75 % del coste de los billetes en el transporte aéreo y marítimo sí está afianzada en la práctica desde su implantación, pero también en este capítulo las dudas sobre las verdaderas intenciones del Estado se han multiplicado tras conocerse que la Airef propone su transformación en una ayuda fija a los residentes.

Afectación legislativa

La otra gran preocupación respecto al cumplimiento del REF es la asiduidad con que el Gobierno y el Congreso suelen plantear o modificar normas que afectan al fuero canario sin tener en cuenta su adaptación. El ejemplo más emblemático en este sentido se dio en 2021 cuando sendos decretos del Gobierno sobre lucha contra el fraude fiscal y sobre fiscalidad energética incluían bonificaciones al sector audiovisual que no respetaban el diferencial fiscal del REF, establecido en un 80 %, entre Canarias y el resto del Estado en los rodajes cinematográficos. Este asunto estuvo a punto de provocar por primera vez la convocatoria de la Comisión Bilateral Canarias-Estado para dilucidar una discrepancia en relación con el fuero isleño.

Hubo que corregirlo aprovechando otra norma estatal, pero expresó claramente cómo el REF se cambia con frecuencia por la ‘puerta de atrás’, o se incumple no previendo la incidencia de algunas leyes en sus preceptos. Con frecuencia se complica la aplicación de esos preceptos a través de trabas de la administración e impidiendo reformas que faciliten los objetivos de la propia norma, como ha sucedido en casos como la materialización de la RIC o ante la posibilidad de que las entidades de la ZEC puedan dedicarse al llamado comercio triangular, como han denunciado en reiteradas ocasiones las asociaciones de asesores fiscales.

La nueva etapa política se iniciará tras el 23-J con muchos de estos aspectos del REF todavía sobre la mesa y pendientes de que los candidatos en las Islas concreten sus posiciones al respecto. La campaña electoral en las Islas no eludirá la mayoría de estas cuestiones pese a ese marco de batalla ideológica y frentista entre bloques que se ha instalado en la política española.

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