El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha accedido finalmente a dar más tiempo a las instituciones canarias para presentar alegaciones al proyecto de prospecciones petrolíferas en aguas isleñas y ayer decidió ampliar en diez días laborables ese plazo apenas unas horas antes de que concluyera el establecido por ley. El titular del departamento, José Manuel Soria, ha establecido la finalización del nuevo plazo el próximo 28 de febrero. Ni el Gobierno de Canarias ni los cabildos afectados por las prospecciones, el de Lanzarote y el de Fuerteventura, conocían oficialmente a primera hora de la tarde de ayer la ampliación del plazo y trabajaban con el que les había dado el ministerio anteriormente (entre ayer y hoy).
Los servicios jurídicos de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio trabajaron a destajo durante todo el día de ayer para tener listo el documento de alegaciones y remitirlo ayer mismo al ministerio mientras los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura también ultimaban los suyos (Fuerteventura lo hizo ayer). Soria ha garantizado ahora reuniones "técnicas" entre las partes, pero descarta por el momento negociaciones políticas para determinar el futuro de las prospecciones.
Un portavoz autorizado del ministerio de Industria, Energía y Turismo aseguró que la ampliación del plazo tenía como objetivo "facilitar el procedimiento de audiencia" otorgado a las administraciones isleñas implicadas desde la idea de que el ministerio "siempre ha querido mantener los canales de diálogo abiertos y escuchar a todas las partes". Una respuesta que parece indicar que Soria ha recibido con preocupación las críticas canarias a su gestión de la reapertura del expediente de las autorizaciones a Repsol. "Que no se diga que la oposición es por falta de tiempo para realizar presentar las alegaciones", resaltaron desde el entorno del ministro Soria
El ministerio indicó que una vez recibidas las alegaciones se elaborará un informe que incluirá su respuesta a cada uno de los documentos, indicando las razones del rechazo de aquellas que no sean admitidas e incorporando al expediente aquellas que sí lo sean. No hay un plazo definido para la elaboración de ese informe y su remisión a las instituciones canarias consultadas, pero se asegura que "habrá conversaciones" entre los técnicos del ministerio y los del gobierno regional y cabildos de Lanzarote y Fuerteventura para estudiar las posiciones de cada una de las partes.
El ministerio tendrá en todo caso la última palabra para la propuesta de autorizaciones y elevarla al Consejo de Ministros y sobre la que no se quiere avanzar una fecha posible. Distintas fuentes consideran sin embargo que sería sin duda antes de la Semana Santa, es decir, durante el mes de marzo.
