A principios de noviembre de 1980 el pesquero grancanario Mencey de Abona desapareció a escasas millas de las costas del Sahara bajo un halo de misterio. De los doce marinos que viajaban a bordo jamás se supo nada. Sólo fue hallado un cadáver, el de Domingo Quintana, de 36 años, atado de pies y manos al mástil del barco con signos evidentes de tortura, como un mensaje macabro. Las familias fueron resarcidas como si sus maridos, hijos o hermanos hubieran sufrido un accidente laboral. Ningún gobierno quería hablar de atentado hasta que la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo, aprobada en 2011 por el Congreso, consideró a estos marineros como tales.

La normativa se aplica con carácter retroactivo a partir de 1960 en reconocimiento a los españoles afectados por atentados -sea cual fuera la banda que los perpetra- y amplía las indemnizaciones hasta los 250.000 euros en caso de fallecimiento. Tras superar muros infranqueables, los allegados de los tripulantes del Mencey de Abona perciben ahora sus compensaciones económicas como damnificados por estos crímenes. En algunos casos, las viudas perciben 60.000 euros y los hijos de los asesinados unos 15.000 euros, que se suman a los importes recibidos hace años.

Desde finales de la década de los 70 fueron frecuentes los abordajes a barcos españoles, especialmente desde que en 1976 España abandonó el territorio saharaui. La presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), Lucía Jiménez, señala que tanto la Audiencia Nacional como el Ministerio del Interior culpan al Frente Polisario de los ametrallamientos, vejaciones, heridos, secuestros, asesinatos y desapariciones en alta mar y en tierra en la antigua colonia española hasta buena parte de los años 80.

La Ley 32/1999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo fue la primera que atendió numerosas reclamaciones históricas de estas personas. Varias familias canarias se movilizaron, pero sólo unas pocas consiguieron ser reconocidas. Tres décadas después, cien familias de las Islas han sido identificadas como víctimas del terrorismo y quedan 150 aún por reconocer.

Mencey de Abona, Santa Ana, Gargomar, Magamuda, Cruz del Mar, Génesis, Santa Ana, Junquito, Terranova y Las Palomas son sólo algunos de los nombres de las embarcaciones que padecieron los "ataques" del Polisario, según Acavite, que censura el "abandono absoluto, desamparo y olvido" que han sufrido las víctimas del terrorismo en Canarias "por una justificación romántica" hacia la organización independentista saharaui. "La reparación y el reconocimiento como víctimas del terrorismo ha sido un proceso lento y doloroso", pero se está desarrollando "con éxito", sostiene Jiménez.

Por el contrario, el terrorismo en las Islas ha sido "paradigma del olvido", lamenta la representante de Acavite, para quien todos los "partidos políticos en Canarias adolecen de una falta de sensibilidad vergonzante con las víctimas isleñas". De hecho, hasta en tres ocasiones ha solicitado al Parlamento regional la aprobación de la Ley Canaria Complementaria de Víctimas del Terrorismo", dado que todas las regiones, excepto el Archipiélago, tienen esta norma paralela de protección, reparación y ayuda a las víctimas directas y parientes. Según Jiménez, el presidente canario, Paulino Rivero, se comprometió en marzo de 2010 a impulsar esta norma, pero "todavía no ha hecho nada", por lo que las víctimas se ven "desprotegidas".

"Impotencia, rabia y dolor" es lo que siente Inmaculada Aulló, cuyo padre, Miguel Aulló Artiles, realizó su primer y último viaje como cocinero en el Mencey de Abona aquel 28 de octubre de 1980. Él partió con 27 años y dejó a su madre viuda con 26 años, mientras que ella tenía tres años. Su madre temió lo peor cuando envió un telegrama a su marido y el día 30 fue devuelto.

Sólo conserva de él una corbata y una foto de carné. "No tengo nada más. Estos días sólo podemos prender una vela", señala este testimonio, que añade: "Sé quienes son los verdugos de mi padre, el Frente Polisario, y no les puedo sentar en el banquillo". Confiesa que ha derramado "muchas lágrimas de sangre". "Esto también es historia de Canarias y ha estado totalmente oculta. Lo han tapado a conciencia, pero somos igual de víctimas que las de ETA y las del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid", agrega Aulló.

No tienen ni un monolito donde recordar a sus muertos, ni un acto de homenaje, ni una condena. Un reconocimiento público a las víctimas del terrorismo en Canarias es lo que al menos reclaman sus familiares, que piden un punto de encuentro. "No tenemos nada", pero el Archipiélago "no puede olvidar a sus muertos", apunta la mujer.

El Consejo de Ministros ha aprobado en diversas reuniones la concesión, a título póstumo, de la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. Las familias canarias esperan por la condecoración y desde el Ministerio del Interior se les ha comunicado que se les entregarán antes de estas navidades.