Miguel Zerolo sólo visitó una vez siendo alcalde de Santa Cruz de Tenerife el colegio García Cabrera antes de decidir junto a su equipo de gobierno, en marzo de 2003, convertirlo en oficinas municipales. A ese fin la corporación dedicó más de siete millones de euros sin sacar las obras a concurso y asignando los trabajos a la empresa con la que estaban contratos los servicios municipales de mantenimiento. Una decisión que a la postre ha llevado al actual senador de CC al banquillo de los acusados y cuyo juicio tuvo lugar ayer en el Tribunal Supremo por su condición de aforado. En la vista oral, el político nacionalista, alcalde de la capital tinerfeña durante seis años entre 1995 y 2011, defendió su inocencia mostrando su convencimiento de que actuó avalado por los servicios jurídicos de la corporación y que se limitó a "levantar" los reparos que le advertía la intervención municipal en base a los informes técnicos correspondientes. Varios técnicos municipales, sin embargo, revelaron graves irregularidades en la adjudicación y ejecución de las obras, sin proyecto, sin concurso y vulnerando todos los principios de legalidad.

Junto a Zerolo, se sentaron en el banquillo en relación con la caso García Cabrera el exconcejal de Economía y Teniente de Alcalde Guillermo Núñez, y el ex director general de Organización y Régimen Interno, Joaquín Castro, todos ellos acusados por el fiscal de la sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo y por la acusación particular ejercida por Izquierda Unida de prevaricación continuada y con una petición de pena de nueve años de inhabilitación para cargo público.

Traslado forzoso

El exalcalde relató que el histórico edificio municipal había registrado en los meses anteriores tres conatos de incendio en sus cuadros eléctricos y que la Inspección de Trabajo declaró su peligrosidad, por lo que se decidió trasladar provisionalmente al antiguo instituto Hermanos García Cabrera a los funcionarios afectados para evitar riesgos de accidentes. El alcalde reconoció haber dado el visto bueno a ese traslado tras una sola visita al centro educativo y junto al concejal responsable y que posteriormente se encargó los trabajos de acondicionamiento a la empresa Instalaciones, Montajes Eléctricos y Saneamientos, SA (IMES.SA), que era la que se ocupaba del mantenimiento de colegios y edificios municipales en virtud de un contrato previo.

Zerolo aclaró que el concejal propuso el traslado provisional de los funcionarios, pero que más tarde los servicios técnicos dijeron que el edificio histórico no se podía arreglar y que por ello el traslado provisional se convirtió en fijo y que de ahí "que se sacara el proyecto", aunque negó relación alguna con la empresa beneficiaria de las obras.

El ex alcalde defendió que contrató las obras guiado por las pautas del servicio gestor del ayuntamiento y la asesoría jurídica del consistorio, que gozaban de su "absoluta confianza". Tras la llegada de varios reparos por parte de la Intervención de Fondos a la obras de rehabilitación el alcalde recurrió a otros informes jurídicos internos para resolver.

Frente a la versión del alcalde y de los otros dos acusados, cuatros técnicos del ayuntamiento que declararon como testigos señalaron que son varios los elementos de posible tramitación irregular del expediente. La interventora Beatriz Montesdeoca, por ejemplo, relató que uno de los grandes reparos apreciados era que no había proyecto de obras, ni presupuesto global, ni publicidad en el proceso adjudicatario. Por su lado, Santiago Gómez, también interventor durante esa etapa, aseguró que las obras encomendadas a IMES "estaban fuera del contrato" que ligaba a esta empresa con el ayuntamiento; que el fraccionamiento de los contratos podría estar sujeto a fraude de ley y que la urgencia de las obras debía haberse declarado al inicio de las mismas.