El dueño del Grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, compareció ayer como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la reunión que mantuvo el pasado 16 de marzo con el magistrado Salvador Alba en la Audiencia de Las Palmas. El empresario negó que apelara a sus influencias "políticas y judiciales" para lograr un trato de favor en la causa por fraude fiscal abierta contra él, y sostiene que fue Alba quien le propuso la reunión y le grabó para protegerse porque desconfiaba de sus intenciones.

El imputado rechazó el delito de tráfico de influencias que le atribuye la magistrada Margarita Varona, culpó a Alba y recordó a la instructora que Alba se comprometió a llegar a un acuerdo con la fiscal, según la grabación realizada por el empresario.

Ramírez se refiera a la fiscal de Delitos Económicos, Eva Ríos, que se querelló contra él en 2014 por un delito contra la Hacienda Pública. Luego Victoria Rosell abrió diligencias en el Juzgado de Instrucción número 8 y Alba la sustituyó a finales del año pasado, cuando Rosell pidió la excedencia para presentarse con Podemos a las elecciones del pasado 20 de diciembre. Entre una fecha y otra se han producido varios enfrentamientos entre Rosell y Ríos y, sobre todo, entre Alba y Rosell. La fiscal deberá comparecer hoy en calidad de testigo para explicar su participación en el interrogatorio posterior a la cita de Alba y Ramírez.

El empresario, en ese sentido, reprocha a Ríos su participación en dicho interrogatorio, pues los hechos sobre los que le preguntó el juez y la fiscal no guardan relación con la investigación por fraude fiscal que afecta a Ramírez. En esa declaración, que se realizó el pasado 23 de marzo, el empresario reveló que tenía relaciones comerciales con la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa.

Tanto Varona como el fiscal jefe del TSJC, Vicente Garrido, investigan si Ramírez pactó previamente esa información con Alba para introducir una causa de nulidad en el procedimiento por fraude fiscal, con el argumento de que Rosell podría haber vulnerado su deber de abstención al investigar a un empresario que tenía vínculos con su compañero sentimental.

El empresario, sin embargo, sostuvo en su declaración que se reunió con Alba a instancias de éste y que no sabía para qué lo había citado. Asegura que decidió grabar la conversación porque no se fiaba de los propósitos de Alba. Ese archivo sonoro, que fue encontrado por la Guardia Civil de casualidad en la grabadora, fue reconocido ayer por el empresario. Eso es importante porque los agentes hallaron el documento de forma casual, sin que mediara una autorización previa o una resolución judicial que lo ordenara. Ramírez había entregado al TSJC dos audios y había declarado que el archivo original había sido borrado de la grabadora, pero ahora asegura que lo dejó en el aparato de forma consciente. En la conversación alude a importantes cargos políticos y judiciales, entre ellos el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y el exministro José Manuel Soria. Ayer insistió en que todas esas alusiones fueron figuradas para ganarse la confianza de Alba.