El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, cerró ayer la puerta a la celebración de la Conferencia de Presidentes solicitada, entre otros dirigentes territoriales, por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y apostó por una fórmula de inferior calado político como es el debate sobre el estado de las Autonomías, cuya convocatoria solicitó ayer al Senado para que se celebre en el primer trimestre de 2019. La iniciativa del líder socialista se interpreta como una maniobra para evitar una cumbre al más alto nivel y, en teoría, de carácter decisorio como es la cumbre de presidentes autonómicos, y celebrar en su lugar un debate parlamentario que, pese a contemplar la presencia de los distintos mandatarios regionales, no supone ningún mandato al Ejecutivo central en relación con los temas de la agenda planteada por el conjunto de las comunidades autónomas, entre ellas y de manera fundamental la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales y la reforma del sistema de financiación con que se cubre su coste.
La petición de Sánchez sorprendió ayer a todos sobre todo en el contexto de la ofensiva de diferentes presidentes autonómicos de exigir una cumbre presidencial para reclamar al jefe del Ejecutivo central que el debate político sobre la situación en Cataluña por el desafío independentistas en esa comunidad no paralice el resto de la agenda territorial y que, además, no se acuerde nada bilateralmente con la Generalitat que pueda afectar al resto de Autonomías.
Sánchez envió ayer un escrito al presidente del Senado, Pío García Escudero, solicitando la convocatoria del debate en esa Cámara para el primer trimestre del próximo año, y recuperar así una cumbre de carácter autonómico en la Cámara territorial que no se celebraba desde el 2005, durante el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.
El debate, pese a estar tasado en el reglamento del Senado para que tenga lugar una vez al año, sólo se ha celebrado en tres ocasiones, dos con gobiernos socialistas y una con gobierno del PP. La primera vez fue en 1994 durante la última legislatura del Ejecutivo de Felipe González, y la segunda en 1997 a los pocos meses de que el popular José María Aznar si hiciera con la riendas de la gobernabilidad del Estado. Desde entonces, sólo se celebró una vez en los ocho años de Zapatero, ya que Mariano Rajoy, del PP, se negó siempre a convocar este foro en el que, además de los presidentes regionales, intervienen los grupos parlamentarios de la Cámara Alta.
En todo este tiempo, los diferentes gobiernos y los propios grupos parlamentarios mayoritarios en el Senado (PSOE y PP) han entendido el formato como escasamente operativo y han dejado que los temas autonómicos se abordaran en la Conferencia de Presidentes, que por su parte se han celebrado en seis ocasiones entre 2004 -desde que fue creada a instancias de Zapatero-, hasta 2017.
Durante todos estos años, el debate sobre el estado de las Autonomías se ha mantenido congelado pese a las reclamaciones que, en unas u otras circunstancias, se han hecho desde diferentes partidos políticos.
Demanda de la senadora de NC
Durante la presente legislatura, esa bandera la ha alzado en diferentes ocasiones la senadora de NC, María José López Santana, que en febrero del 2017 logró que el pleno del Senado aprobara una enmienda suya a una moción del PP en la que la parlamentaria grancanaria solicitaba que se cumpliera el reglamento de la Cámara y que se celebrara al debate anual que se contempla en él, así como su institucionalización a la manera en que se celebra el Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso.
López Santana acogió ayer con reservas la iniciativa de Sánchez ya que, si bien aplaude que el debate vuelva a la agenda política y parlamentaria, reclamó que no se espere hasta el primer trimestre del 2019 y que se celebre a lo largo del presente año.
A ese fin ha presentado ya un escrito a la presidencia del Senado, considerando además que un hipotético adelanto electoral podría frustrar de nuevo un debate que considera "trascendental" para repasar la "urgente" situación de las comunidades autónomas y la necesidad de abordar una actualización y reforma del modelo territorial español, sobrepasado por la situación de Cataluña.
La senadora grancanaria considera que "es una buena noticia que el presidente del Gobierno se muestre favorable a realizar este debate, pero debemos recordar que este no depende de la voluntad del presidente de turno, sino que es una obligación marcada por el reglamento del Senado".
