La presencia o no del rey emérito en los actos institucionales, que tendrán lugar este jueves en el Congreso, fue motivo de debate. Inicialmente no estaba prevista, pero al final se valoró que su papel clave en la instauración de la democracia en España no podía ser correspondido con una ausencia tan sonada en fecha tan señalada. El deterioro de su imagen fue uno de los argumentos que pesaban sobre la decisión. Pero tampoco resultaba sencillo encajar a dos reyes en un mismo acto, del mismo modo que es una anomalía histórica que convivan dos Papas, por mucho que uno de ellos esté retirado de su actividad papal o monárquica.
Despejada la duda, el aniversario en sí brinda la oportunidad de reflexionar sobre la evolución de la figura de Juan Carlos I, que reinó en España 39 años. Y eso que su designación por Franco, en noviembre de 1975, llevó a la izquierda a aventurarse en llamarlo Juan Carlos, el breve. Lo que resultó breve, al final, fue el apodo. Pero además fue precisamente la izquierda la que lo apuntaló como el eje sobre el que se vertebraría el emergente sistema democrático, al aceptar el Partido Comunista la monarquía. La seria amenaza de un levantamiento militar, la altura de miras de Santiago Carrillo y el firme compromiso de los comunistas con la democracia, pese al asesinato (o a consecuencia de él) de sus cinco abogados laboralistas de Atocha, sentaron las bases para que un amplio sector republicano aceptara a Juan Carlos como rey.
El rey de todos los españoles
En el día a día, el monarca se ganó el respaldo de la mayoría de los españoles, hasta el punto que no pocos resolvieron el dilema entre monarquía y república sosteniendo: "Yo no soy monárquico, soy juancarlista". Pero el tiempo pasa para todos y hace evolucionar o involucionar tanto a las personas como a las instituciones y los sistemas de organización social y política. Así, el joven regente franquista se transformó primero en respetado monarca parlamentario y, a partir de junio de 2014, en rey emérito tras un evidente deterioro de su imagen pública. La realidad es que la mutación de Juan Carlos I simboliza como nadie la de la propia España en estas cuatro décadas de democracia.
El primer síntoma de que estaba aconteciendo un cambio se puso de manifiesto a finales de 2007: "¿Por qué no te callas?", fue la inesperada frase que el rey de España dirigió al presidente de Venezuela Hugo Chávez, nada más y nada menos que en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. La reacción de los españoles osciló entre el estupor y el cachondeo, cuando la escena se hizo viral. Pero todos percibieron una significativa diferencia entre aquel rey faltón y la imagen, campechana pero protocolaria, que hasta entonces prevalecía de él. Casi todo el mundo se hizo la misma pregunta: ¿qué le había pasado al rey Juan Carlos?
Tocado, pero no hundido
En realidad lo único que había pasado era el tiempo; tiempo biológico y de ejercicio del poder, pese a la insistencia en subrayar las limitaciones de sus funciones: reina, pero no gobierna. El caso es que en 2012, cinco años después del incidente con Chávez y en plena crisis económica, el rey volvió a meter (literalmente) la pata: se fracturó la cadera en una cacería en Botsuana y se difundió una imagen suya, escopeta en mano, delante de un elefante muerto. La fotografía era anterior a esa cacería, pero una gran parte de la sociedad española, que había perdido su trabajo y/o su casa, se sintió indignada. El rey pidió disculpas, pero el mal ya estaba hecho y la institución monárquica quedó dañada.
Lo más duro estaba, sin embargo, por llegar. La estocada al reinado de Juan Carlos I se la dio su yerno, Iñaki Urdangarín, al ser acusado de malversación en el caso Nóos, y posteriormente condenado y encarcelado. Salpicó incluso a la infanta Cristina, que no fue imputada tras un sonado enfrentamiento entre el juez y el fiscal del caso, al que se censuró de ejercer más como abogado defensor de la hija del rey que como acusación pública.
Esta sucesión de escándalos en la familia real coincidió con la llegada a la política de un nuevo partido, Podemos, abiertamente republicano y que rompió un tabú: criticar en público al rey. El viejo debate entre monarquía o república ha vuelto así a la actualidad: "Bien es verdad que esa autoridad moral ha quedado tocada como consecuencia de los errores de la propia monarquía", reconoce el ex diputado José Miguel Bravo de Laguna. Aunque puntualiza que "tocada está, pero no hundida. Su papel arbitral sigue siendo imprescindible".
También el socialista Jerónimo Saavedra considera que hay monarquía para rato y, respecto a la renuncia al republicanismo de su partido, afirma: "Yo en los congresos de los últimos diez años no oigo las proclamas republicanas que había antes. Creo que es un tema ya pasado tanto para el PSOE como para la propia sociedad española". De ahí que concluya que "la monarquía ha cometido errores en el ámbito del comportamiento privado y ha pagado las consecuencias ante la opinión pública, pero eso no quita para que la institución siga siendo útil. Yo no tengo ningún posicionamiento anti-monárquico por puro pragmatismo".
Más crítico con la institución se pronuncia el ex secretario general del PC de Canarias, José Carlos Mauricio, pese a reconocer que la decisión de Carrillo y del partido durante la Transición, al aceptarla, fue la adecuada: "Cualquier cambio histórico ha tropezado en España con el Rey, la Iglesia y el Ejército. Pero, en esta ocasión, es la primera vez que un rey español acepta la democracia y no la entorpece. Aún así se reserva el control del Ejército, como garantía de que no éste no irá contra el pueblo, pero también de que el pueblo no irá contra él. Pero como el Ejército franquista no fue en realidad desplazado, la consecuencia fue el 23F".
¿Militares y jueces franquistas?
Pero la monarquía no es, ni mucho menos la única institución que ha entrado en crisis en estas décadas de normalidad democrática. Tanto los poderes ejecutivo, legislativo y judicial han protagonizado acontecimientos nada gratificantes en los últimos años. El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acabó finalmente perdiendo el poder por la corrupción, ya que la contundente sentencia del caso Gürtel permitió a Pedro Sánchez recibir el respaldo de una mayoría del Congreso en su moción de censura. Un buen número de ex ministros, ex altos cargos y ex presidentes de corporaciones locales y autonómicas han sido imputados, condenados y encarcelados. Sería inexacto circunscribir la lacra de la corrupción al tiempo actual y al Partido Popular. Ya a principios de los noventa el PSOE de Felipe González se vio salpicado por varios casos de financiación irregular y mal uso de fondos públicos, que también contribuyó a su pérdida del gobierno.
El sistema judicial español, por su parte, también atraviesa malos tiempos. Dos acontecimientos han dejado igualmente tocada a su cúpula. Por un lado, el frustrado nombramiento de los nuevos miembros del Consejo General Poder Judicial, tras la ruptura del acuerdo inicial entre PP, PSOE y Podemos. El detonante fue el gesto del juez canario Manuel Marchena, que renunció a presidir el organismo para despejar las sospechas de pérdida de independencia respecto a los partidos políticos. El otro foco de atención ha estado en el Tribunal Supremo y su polémica autorectificación de la sentencia contraria a los bancos en el pago del impuesto de las hipotecas. Estos hechos están derivando en una pérdida de confianza de los ciudadanos en quienes tienen la enorme responsabilidad de juzgarlos, hasta el punto movilizarse masiva en contra de algunas sentencias como la de La Manada o de las hipotecas.
Pero más grave aún que el mayor o menor deterioro de las instituciones, avaladas y reguladas por la Constitución, resulta la difuminación de la delgada línea roja que separa a unos poderes de otros, incluyendo en este caso incluso al poder financiero. La división de poderes es el principal pilar de un sistema democrático y la garantía de que los mecanismo de control de unos y otros funciona. "Al hablar de crisis institucional hay que ser cautos", recomienda el ex ministro y ex presidente del Gobierno canario Jerónimo Saavedra. Y explica que "las instituciones están integradas por una complejidad de personas y no todas actúan del mismo modo. Creo que fue un error pensar, como pasó con el Ejército, que todos los jueces eran franquistas. Y creo también que no se hemos encontrado la fórmula para designar al poder de los jueces para tener una justicia menos ideologizada".
¿El rey de todos los españoles?
Ante el clima político y social existente, las principales instituciones españolas se enfrentan al reto de recuperar el prestigio perdido en estas décadas. Incluidas las universidades, sobre las que pesan igualmente sombras de duda desde el caso Cifuentes y otros másteres. Y hasta la prensa, tras el importante papel que jugó a la hora de apuntar la democracia: "Generalizar es malo, en todo y sobre todo en esto. Pero sí me siento libre para decir que creo que los periodistas han sido mejores que el periodismo que hemos podido hacer", opina uno de estos profesionales canarios con mayor proyección nacional, Juan Cruz. Aunque precisa que "naturalmente, eso es también, o sobre todo, porque la situación económica de los medios ha ido empeorando hasta ser extremadamente vulnerable. La competencia de las redes ha desmejorado nuestra presencia en quioscos, y el alimento que hay que dar a esas redes ha hecho pensar que el periodismo se basa en la burla, el insulto o el rumor". Creo, en fin -concluye Juan Cruz- que toda la sociedad ha perdido calidad porque el poder político no se ha dedicado a crear valor democrático, sino a preservar sus privilegios y a utilizar sus propios medios para alejar a la sociedad de la costumbre saludable de la crítica y de la autocrítica".
En el caso de Felipe VI el desafío está en lograr lo mismo que su padre en su mejor etapa: ser el rey de todos los españoles. Su intervención el 1-O, ante el desafío catalán, ha sido sin embargo cuestionada no sólo por los nacionalistas, sino también por una parte de la izquierda, que vuelve a reivindicar su republicanismo. Algunas corporaciones locales han presentado iniciativa solicitando un referéndum, y estudiantes de varias universidades se han sumado a la iniciativa, poniendo de manifiesto que el relevo generacional tampoco favorece la consolidación de la monarquía (el 80% de los estudiantes es contrario a ella). La actitud por último de parte de la derecha española, patrimonializando tanto la figura del rey como la de la bandera, tampoco contribuyen a que Felipe VI sea percibido como el rey de la mayoría de los ciudadanos y no de algunos españoles.
