Malestar y frustración. Así describen la situación que están viviendo los 59 aspirantes que han sido seleccionados en las oposiciones del cuerpo técnico de la administración general de la Comunidad Autónoma de Canarias (Grupo A, subgrupo A1) y los 39 que optan a integrar el cuerpo de gestión (Grupo A, subgrupo A2), después de haber transcurrido cinco meses desde la apertura de la fase de concurso de estas pruebas y permanecer aún a la espera de la baremación por parte del órgano competente. Ante esta realidad, piden celeridad al Ejecutivo autonómico en la resolución del proceso, para que, finalmente, les sea asignada una plaza.
Lo cierto es que, según han relatado algunos de los afectados, una parte del colectivo mantuvo una reunión el pasado 9 de agosto con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el viceconsejero de Administraciones Públicas, Alejandro Rodríguez, y la directora general de la Función Pública, Laura Martín, para poner sobre la mesa el conflicto. "Nos prometieron que la situación se iba a resolver a lo largo del mes de septiembre, pero estamos en octubre y seguimos en el mismo punto", apostilla una de las opositoras del subgrupo A1.
Precisamente, los titulados que forman parte de la citada categoría fueron convocados el pasado 13 de junio para presentar la relación de méritos y establecer, por tanto, el listado definitivo de aspirantes admitidos. Todo esto, después de que el 27 de mayo se hicieran públicas las puntuaciones finales. Por su parte, los que integran la categoría A2 se mantienes a la expectativa desde el pasado 10 de mayo, con el fin de conocer el destino que les corresponde.
"Esto es un sinvivir. Hemos estado examinándonos desde 2017 y, cuando por fin conseguimos nuestro objetivo, frenan el proceso y no nos dan ningún tipo de información", lamenta otro afectado. Para después agregar que, lo peor de todo "es que no podemos aspirar a otro puesto de trabajo, porque no sabemos cuándo vamos a tener que incorporarnos".
Plazo límite
Asimismo, los afectados ponen en valor lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley de la Función Pública, que establece un período máximo de "15 meses" para la resolución de estos procesos selectivos. "Ya el plazo ha expirado y no hemos obtenido respuestas. La situación ya se sale del marco legal y no hay transparencia", anotan.
Sin embargo, se mantienen optimistas y confían en que no se demore mucho tiempo más esta situación. "Si esto sigue así, tendremos que tomar otras medidas, pero confiamos en que podamos ocupar pronto las vacantes", comenta el grupo.
