La Comunidad Autónoma contempla recuperar competencias perdidas en materia urbanística y territorial tras la aprobación de la Ley del Suelo hace dos años. El Gobierno de Coalición Canaria modificó el proceso de aprobación de los planes generales, hasta ese momento en manos de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), para dejarlo en manos de los ayuntamientos, que también asumían la responsabilidad de la evaluación ambiental de los planes. Con el nuevo pacto cuatripartito en el Ejecutivo regional, se pone sobre la mesa la necesidad de que la Administración autonómica fortalezca de nuevo su papel en la ordenación del territorio ante la evidencia de que en este periodo no se han aprobado nuevos planes y que los ayuntamientos tienen muchas dificultades para sacar adelante las evaluaciones ambientales.
En el cuatripartito hay tres fuerzas políticas -PSOE, Podemos y Nueva Canarias- que se opusieron a la actual Ley del Suelo. Ahora que están en el Gobierno la pretensión es revisar y modificar la norma, una tarea que no será nada fácil por las reticencias de los cabildos y ayuntamientos a que la Comunidad Autónoma recupere una figura similar a la Cotmac, que centralice de nuevo parte de la tramitación y aprobación de los planes urbanísticos.
El viceconsejero de Planificación Territorial del Ejecutivo regional, Leopoldo Díaz, explica que el debate sobre la modificación de la Ley del Suelo está aún a nivel interno en el Ejecutivo y todavía no es una prioridad a corto plazo porque la Consejería está trabajando primero en la redacción de la nueva ley del cambio climático, norma que tendrá su influencia en la ley territorial. Díaz subraya que los planes tendrán que prever una evaluación en cada municipio de las emisiones de gases de efecto invernadero en la ordenación urbanística, así como fijar los suelos urbanos neutros en emisiones. "La ley de lucha contra el cambio climático afectará a muchas leyes, entre ellas a la Ley del Suelo", apunta el viceconsejero.
Pero más allá de la nueva legislación relativa al cambio climático, el Ejecutivo constata que la evaluación ambiental de los planes por los ayuntamientos no está funcionando y que al final son los cabildos y la propia Comunidad Autónoma los que están asumiendo esta tarea, esencial para que se apruebe el planeamiento.
El equipo de la Consejería de Transición Ecológica está inmerso en realizar un diagnóstico de la aplicación de la ley en estos poco más de dos años. Además de recuperar competencias urbanísticas, el actual Ejecutivo quiere cambiar la filosofía de los proyectos de interés insular y autonómico, una de las principales controversias que produjo el debate de la norma en su momento. Díaz ratifica lo dicho recientemente por el consejero José Antonio Valbuena de "repensar" las grandes infraestructuras que se han previsto pero no se han ejecutado: "la ley prioriza lo sectorial sobre la ordenación del territorio, lo que quiebra el urbanismo y la planificación territorial para permitir infraestructuras, hay que darle una vuelta a eso porque los proyectos deben ser realmente de interés público o de servicios esenciales", indica el viceconsejero.
El Ejecutivo pretende también retomar el apelativo de Ley del Territorio como término más amplio que incluye también el mar y el aire y no solo el suelo, una denominación que figuraba ya desde la primera ley de Ordenación del Territorio de 1999 y que se mantuvo vigente hasta 2017.
Uno de los problemas con los que se va a topar el Ejecutivo es si los cambios en la ley van a afectar a los planes generales que se están tramitando. De hecho ya hay municipios que han expresado su preocupación y el Ejecutivo se ha visto obligado a tranquilizarles y decirles que se ajuste a la legislación vigente y que buscarán un mecanismo transitorio para que la nueva ley no suponga un obstáculo en la tramitación de aquellos planes más avanzados.
