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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Un asesor de Ciudadanos pone en tela de juicio a la Junta Electoral

El canario Andrés Betancor cobraba un sueldo del partido naranja mientras era vocal de la JEC

Un asesor de Ciudadanos pone en tela de juicio a la Junta Electoral

El doblete del canario Andrés Betancor como asesor de Ciudadanos (Cs) y miembro de la Junta Electoral Central (JEC) entre los años 2017 y 2019 ha crispado de nuevo el conflicto catalán y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad de este órgano. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, oriundo de Las Palmas de Gran Canaria, cobraba un sueldo del partido naranja a la par que debatía asuntos que afectaban tanto a la formación liderada en su momento por Albert Rivera como a sus rivales políticos, especialmente los partidos independentistas catalanes. Nada más conocer la noticia, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció en su cuenta de Twitter que tomará acciones legales. "Dado que es el origen de mi inhabilitación, presentaré una querella por soborno, prevaricación y/o delito electoral contra Betancor y los que sean responsables de este escándalo que pone en duda todas las decisiones tomadas por la JEC durante los últimos dos años".

Betancor -que actualmente ejerce como secretario de la gestora de Cs hasta que se celebre el congreso de la formación- entró como vocal de la Junta Electoral Central precisamente a propuesta de Ciudadanos. Según la información publicada ayer por eldiario.es, a pesar de que el partido le pagaba un salario mensual como asesor en el Congreso, donde disponía también de un despacho propio, ninguna de las partes hicieron mención a esta vinculación laboral en la comparecencia ante la comisión de nombramientos del Congreso. La JEC, que se encarga de velar por la neutralidad de los comicios, está formada por ocho magistrados de distintas salas del Tribunal Supremo elegidos por sorteo, así como cinco juristas propuestos por los partidos con representación en el Congreso.

Durante estos dos años, el catedrático participó en decisiones de gran calado, especialmente en lo relativo a la situación política de Cataluña, como la exclusión de la candidatura a los comicios europeos del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, así como de los exconsejeros Oriol Junqueras y Toni Comín. De hecho, la coalición electoral Lliures per Europa se querelló contra Betancor y contra otro vocal de la Junta Electoral, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, Carlos Vidal, por votar a favor de esta exclusión. Una denuncia que no llegó a buen puerto ya que fue rechazada por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.

De todas formas, ahora se abre un nuevo frente judicial contra Betancor. Además de la querella contra Betancor anunciada por el presidente de la Generalitat en un tuit, fuentes de la defensa de Torra y Puigdemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, señalaron que ya se trabaja para actuar contra esta irregularidad en otros frentes jurídicos. Por ejemplo, preparan una demanda civil en Bélgica similar a la presentada en su día contra el instructor del caso del procés, Pablo Llarena, por falta de imparcialidad. Además, se presentarán alegaciones informando de las circunstancias que rodean al vocal de la JEC en los tres pleitos que esta defensa tiene abiertos ante el Tribunal General de la Unión Europea, además de impugnaciones en el Parlamento europeo.

No sólo las decisiones de Betancor sobre Cataluña resultaron controvertidas. El catedrático también emitió un voto particular frente al acuerdo de la JEC que censuraba la entrevista que la dirigente de Ciudadanos Inés Arrimadas concedió a un periódico durante la jornada de reflexión de las últimas elecciones catalanas. El actual secretario de la gestora de Cs, al contrario que sus compañeros, consideró que esta comparecencia mediática no era merecedora de una sanción.

Críticas de los partidos

Andrés Betancor declinó hacer declaraciones, pero sí lo hizo el partido al que pertenece para defender la legalidad con la que actuaron ambas partes en todo momento. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, aseguró desconocer si Betancor había cobrado del partido a la par que era vocal de la Junta Electoral Central pero aseguró que, de ser así, este hecho "no sería ilegal". En una rueda de prensa ofrecida en el Parlament, Roldán respondió con dureza a las críticas lanzadas por los partidos catalanes. "No recibiremos lecciones de ética y moral de personas que están huidas de la justicia", recalcó.

Roldán pidió al independentismo que deje de lanzar cortinas de humo y de intoxicar con fake news, y recordó que Carles Puigdemont ya llevó esta cuestión a la justicia y no la admitieron a trámite. "En la querella de Puigdemont se ponía en cuestión la imparcialidad de los miembros de la JEC, que es lo que hace ahora el independentismo. El que ha inhabilitado a Torra es el Tribunal Supremo, nada que ver con la Junta Electoral Central", zanjó.

Sin embargo, el resto de partidos aprovecharon para criticar duramente la actuación del partido de Inés Arrimadas -que no se pronunció al respecto-. El secretario del Área de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE, Odón Elorza, también empleó Twitter para definir como una "desvergüenza" la actitud de Cs. Para el socialista, en caso de confirmarse lo que considera una inmoralidad y una ilegalidad, Ciudadanos mostraría de nuevo "su cinismo" mientras habla de despolitizar las instituciones ya que se dedican a judicializar las diferencias políticas en vez de buscar acuerdos. "Ya son un apéndice del PP y más cercanos a Vox", concluyó.

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso y diputado de En Comú, Jaume Asens, advirtió a la formación naranja de que deberá explicar si mantuvo en nómina al catedrático mientras era vocal de la JEC. Asens aseguró que le parece preocupante que el partido que quería regenerar la política y despolitizar la justicia haya acabado "comprando al árbitro" de las reglas del juego electoral. "Es un grave atentado a la democracia y tendrá que rendir cuentas ante esta Cámara o ante los tribunales", apuntó en el Congreso.

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