Cientos de empleados públicos catalogados como temporales pese a llevar incluso más de una década trabajando para el Gobierno de Canarias insistieron ayer en reclamar que no se convoquen oposiciones para cubrir sus puestos y se busque una solución legal para que puedan seguir en ellos. Reunidos en sendas concentraciones organizadas ante las dos sedes de la Presidencia del Ejecutivo, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, los afectados destacaron su decisión de “llegar hasta el final para conseguir una salida justa”, recurriendo a la huelga que ya tenían anunciada si es necesario dentro de unos días, puesto que su decisión es “no permitir que se toque ni a una” de las personas en esa situación, que “no son enchufadas ni puestas a dedo”, sino que “se han visto abocadas a una temporalidad abusiva por culpa de unos políticos que no han hecho el trabajo que les correspondía”, afirmó Julia Jiménez, portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias.

En nombre de ese colectivo y como participante en las movilizaciones de ayer, que recordó se hacían no solo en el Archipiélago sino en toda España, donde los trabajadores en esa coyuntura alcanzan la cifra de 800.000, Julia Jiménez valoró la respuesta a la convocatoria, en especial porque, “no ha podido confirmarse hasta pocas horas antes de su celebración, debido a lo que han tardado en dar los permisos” las autoridades correspondientes.

Y recalcó que esta es solo una de las acciones que planean para mantener su exigencia de que se busque una solución que “garantice la fijeza de ese personal sin que tenga que volver a demostrar unos méritos que ya tiene más que probados”, frente a las pretensiones expresadas en tal sentido por el Gobierno de Canarias. Porque “todos los trabajadores afectados ya pasaron en su momento por algún proceso selectivo, y el ejemplo más sangrante es el de los profesores que han aprobado oposiciones pero se han quedado sin plaza por las restricciones en la oferta de empleo”, añadió.