Blas Acosta, presidente del Cabildo de Fuerteventura que se enfrenta a una inminente moción de censura, formalizó ayer ante el secretario general del PSOE canario y presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, su decisión de presentarse como candidato al Senado tras la renuncia al cargo de su compañero, Pedro Ramos. Lo hizo tras meditarlo el fin de semana y por petición de compañeros de otras ejecutivas insulares, de los que, según asegura, tiene el refrendo mayoritario - seis de siete islas- para plantarle cara a Santiago Pérez, apoyado por la Ejecutiva insular de Tenerife. Este abandonó el partido en 2011 lanzando duras críticas al PSOE; regresó en diciembre y con una investigación de la fiscalía en la ‘mochila’ como presunto autor de un delito contra la Administración de Justicia por intentar influir, supuestamente, en una declaración judicial.
La propuesta de la Ejecutiva insular de Tenerife para que Pérez ocupe el escaño libre como representante de la comunidad autónoma en el Senado ha puesto al rojo vivo las cocinas socialistas, en un momento en que el presidente del Gobierno tiene que lidiar con problemas tan graves como la crisis económica y social derivada de la pandemia o la masiva llegada y atención a los migrantes.
En el PSOE no quieren que se abra una brecha interna por esta cuestión, pero lo cierto es que la controversia está servida y hay malestar por la proposición de Tenerife de apoyar a Pérez como candidato cuando su actitud durante todos estos años, fuera del partido, ha sido beligerante. Blas Acosta fue uno de los primeros en evidenciar que “chirriaba” y ayer expresó oficialmente su deseo de presentarse como candidato autonómico en sustitución de Ramos. El Parlamento de Canarias ha acordado dar de plazo hasta el próximo pleno -del día 23- para que el PSOE presente un candidato, que deberá ser consensuado en la Ejecutiva regional del partido, precisa el secretario de Organización, Jorge González.
Blas Acosta tomó la decisión de concurrir al cargo después de las llamadas de sus compañeros de partido y de sondear a otros: calcula que tiene el apoyo del 95% de las islas, aunque, recuerda, es una decisión que se debe adoptar en la Ejecutiva regional. En todo caso, quiere aclarar que su decisión no responde a que tenga nada en contra de Santiago Pérez, sino que simplemente se topó con que ese puesto en el Senado se quedaba vacante y cree que puede ser un digno representante en las Cortes. De hecho, precisa, lleva 34 años en el partido, y lo dirige en la Isla.
Acosta se enfrenta de forma inminente a una moción de censura que, con toda probabilidad, lo descabalgará de la presidencia insular y se quedará en la oposición.
Tanto él como Pérez están inmersos en procesos judiciales por presuntos delitos con lo cual ambos conseguirían el estatus de aforados si son designados por el Parlamento al Senado. En el caso de Acosta, la fiscalía lo acusa de delitos de administración desleal e insolvencia punible en la gestión de la empresa pública Gesturpa, en su etapa como concejal de Pájara. Ayer volvió a defender su gestión en este asunto. Sostiene que la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas nacional han dado “por buenas” las cuentas de ese ayuntamiento y no hay reparos. Son siete largos años de instrucción que achaca a particulares y a personas de otras organizaciones políticas que necesitaban una apertura de juicio oral para causar daño a su imagen como candidato, recalca.
Lo de ser senador “es otra cosa distinta”, subraya, porque es un “histórico” del partido, tiene 51 años y lleva 34 años en esta formación, y si lo han llamado de otras direcciones insulares para que tome esta decisión es que han visto en él que puede representar a su organización. En el caso de que no sea censurado y mantenga la condición de presidente del Cabildo, asevera que ambos cargos son compatibles y complementarios.
Por tanto, se abre un proceso complicado en el seno del PSOE que debe resolverse en una semana y en donde Tenerife está echando un pulso para reclamar mayor cuota de cargos públicos. El partido en la Isla se ha quedado sin dos representantes con la salida del Gobierno durante la gestión inicial de la pandemia de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, y de la de Educación, María José Guerra. Además, ha perdido poder en Santa Cruz de Tenerife con la moción de censura a Patricia Hernández.
Pero desde otras islas hay bastante “cabreo” por que el candidato sea precisamente Santiago Pérez y se deja claro que el reparto de cargos por islas está fuera de contexto y, si fuera así, las cuentas tampoco están bien hechas: se ha nombrado al tinerfeño Pablo Hernández González-Barreda nuevo presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), o, por hablar de provincias, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, es palmero.
