Canarias se situó a la cabeza en litigiosidad en 2020 con una media de 154,1 asuntos por cada 100.000 habitantes si bien bajaron un 10,3% con respecto al año anterior hasta un total de 335.375, según ha informado este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así, se dejaron en trámite de resolución 598.456 casos (un 13,5% más que en 2019) y resolvieron 316.000 litigios, un 13,8% menos que en el ejercicio previo.

El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evidencia las consecuencias que el confinamiento y la suspensión de la actividad judicial derivados de la crisis sanitaria tuvieron en el funcionamiento de los juzgados y tribunales durante el año pasado.

Según el estudio del Gobierno de los jueces, Canarias volvió a ser el año pasado -como ya lo fue el anterior-, el territorio del Estado donde más se litigó: 154,1 pleitos por cada 1.000 habitantes, 37,6 más que la media del Estado (116,5) y 25,8 más que la segunda en el escalafón, Andalucía, que computó 128,3 litigios por cada 1.000 habitantes.

El territorio donde menos se pleiteó durante el año pasado en España fue La Rioja, que contó 80,5 litigios por cada 1.000 habitantes.

En lo que se refiere a ingreso de asuntos, Canarias registró el año pasado una bajada generalizada que afectó a las cuatro jurisdicciones: en la Civil, los órganos judiciales pasaron de 130.508 nuevos pleitos en 2019 a 124.720 en 2020 (un 4,4% menos); en el ámbito penal, se pasó de 204.808 diligencias previas a 176.464 (-13,8%); en lo Contencioso Administrativo se pasó de 8.034 demandas en 2019 a 7.996 en 2020 (-0,4%), y en la jurisdicción social, a priori la más conflictiva por la situación sobrevenida de crisis, se bajó de un ingreso de 30.931 pleitos en 2019 a 26.195 en 2020, esto es, un 15,3% menos.

Si en los ingresos la disminución fue la constante, en la pendencia el denominador común fue el crecimiento. Los asuntos en trámite de resolver, que a final de 2019 fueron 527.008 en todo el archipiélago, pasaron en 2020 a 598.458, esto es, se incrementaron en un 13,5%.

Por jurisdicciones, la pendencia creció un 9,6% en las islas en la Civil (de 311.182 casos en 2019 a 341.216 el año pasado); un 17,2% en la Penal (de 128.210 casos a 150.366); un 6,8% en el ámbito de los litigios contra las administraciones públicas (de 24.200 demandas a 25.860), y un 25,7 por ciento en la jurisdicción social o laboral (de 64.416 a 81.016).

Los asuntos resueltos también operaron a la baja durante el año en el que la pandemia irrumpió en la vida cotidiana. Así, los órganos judiciales canarios, que habían resuelto 367.386 casos de las cuatro jurisdicciones en 2019, resolvieron el año pasado 316.328, un 13,8% menos.

Por órdenes jurisdiccionales, el Civil acusó una disminución en Canarias del 8,8% (de 127.419 pleitos en 2019 a 116.145 el año pasado); el Penal, del 16,6% (de 204.622 casos en 2019 a 170.543 en 2020); el Contencioso Administrativo, del 11,8% (tuvo 8.437 demandas en 2019 y 7.433 en 2020), y el Social, del 17,3%: de 26.908 asuntos resueltos en 2019 pasó a 22.247 el año pasado.

CUATRO TRIMESTRE

El informe estadístico no sólo alude a los datos referidos al total de la actividad de los juzgados de Canarias durante 2020, también incluye los datos referidos a la actividad judicial durante el cuarto trimestre de 2020 y su comparativa con el mismo periodo de 2019 --de los tres trimestres anteriores ya había informado en las previas entregas periódicas--.

El análisis de estos datos evidencia que en el cuarto trimestre de 2020 hubo en el servicio público de las islas menos entrada de asuntos que en el mismo periodo del año anterior (un 2,4% menos), aumentaron los asuntos en trámite a final del periodo (un 14,2%) y bajaron los asuntos resueltos (un 0,42%).

La jurisdicción social fue la que más acusó los efectos derivados de la crisis sanitaria entre octubre y diciembre de 2020: si bien se registraron un 15% menos de asuntos en comparación con el mismo peirodo de 2019, la pendencia se incrementó un 25,7% (de 64.416 casos en el cuarto trimestre de 2019 a 81.016 en el mismo periodo de 2020) y la resolución bajó un 17,3%, de 26.908 casos entre octubre y diciembre de 2019 a 22.247 en el mismo trimestre de 2020.

DATOS NACIONALES

A lo largo de 2020 tuvieron entrada en los órganos judiciales españoles un total de 5.526.754 asuntos, cifra que muestra un descenso del 12 por ciento con respecto al año anterior, con una media de 116,5 asuntos por cada 1.000 habitantes.

También descendieron significativamente, un 14,1 por ciento, el número de asuntos resueltos por los tribunales, que fueron 5.224.742; mientras que los 3.156.877 asuntos que quedaron en trámite suponen un incremento del 11,3 por ciento.

Estos datos, contenidos en el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el cuarto trimestre de 2020 realizado por el órgano de Gobierno de los jueces evidencian las consecuencias que el confinamiento y la suspensión de la actividad judicial derivados de la crisis sanitaria tuvieron en el funcionamiento de los juzgados y tribunales durante el año pasado.

Si se comparan con los de ejercicios anteriores, los datos de 2020 invierten la tendencia que se experimentó, por ejemplo, en 2019 con respecto a 2018. En dicho ejercicio ingreso de asuntos en los órganos judiciales de toda España ascendió en 2019 un 4,8 por ciento en relación con 2018. Ese año, también aumentó, en un 5,1 por ciento, la capacidad de los órganos judiciales en la resolución de asuntos y la pendencia se incrementó en un 8,6 por ciento.

Por jurisdicciones, en la Civil el número de asuntos ingresados en 2020 alcanzó los 2.212.084, con una disminución del 7,3 por ciento respecto al año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 2.040.640 asuntos, un 9,2 por ciento menos que en 2019, y quedaron en trámite 1.736.425, un 10,9 por ciento más que al final del año anterior.

DISMINUCIÓN DEL 15 POR CIENTO EN LO PENAL

En la jurisdicción Penal entraron 2.720.219 asuntos, con una disminución del 15,3 por ciento. Se resolvieron 2.656.519 asuntos, un 17,3 por ciento menos, y quedaron en trámite 828.030 asuntos, un 11,7 por ciento más. La jurisdicción Contencioso-Administrativa fue la que acusó el mayor decremento, que se situó en un 22,1 por ciento al registrarse 194.223 asuntos.

Los asuntos resueltos por los órganos judiciales de esta jurisdicción fueron 191.948, un 15,3 por ciento menos que en 2019, y los que quedaron en trámite a final de año ascendieron a 215.973 asuntos, lo que supuso un aumento del 2,1 por ciento de la pendencia. En la jurisdicción Social ingresaron ingresado 400.056 nuevos asuntos, lo que representa una disminución del 7,5 por ciento. Se resolvieron 335.499 asuntos, un 15 por ciento menos que el año anterior, y quedaron en trámite 376.335 asuntos, un 18,3 por ciento más.

Las comunidades que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la media nacional fueron Canarias (154,1), Andalucía (128,3), Murcia (120,8), Madrid (120,5), Comunidad Valenciana (118,5), Cantabria (118,1), Islas Baleares (118) y Asturias (117,8). Las comunidades con una tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (80,5), País Vasco (85,5) y Navarra (88,1).