Si Marruecos necesitaba una excusa para prolongar la crisis diplomática a cuenta del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ya la tiene. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado imponerle medida cautelar alguna, al no apreciar que los querellantes hayan aportado "elementos siquiera indiciaros que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno".
El magistrado solo ha entendido necesario solicitarle un teléfono y un domicilio en España, para asegurar su sujeción al procedimiento, como había solicitado el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez Torrijos, tras escuchar a Ghali negar con contundencia los hechos constitutivos de los delitos de genocidio, lesa humanidad y torturas que le atribuyen dos querellas, una de un disidente marroquí y otra de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh). Según el abogado del líder del Frente Polisario, Manuel Ollé -un habitual de los procedimientos de justicia universal, en los que suele ejercer la acusación-, su cliente explicó que las acusaciones en su contra obedecen a motivos políticos contra el pueblo saharaui. El letrado ha anunciado que instará la condena en costas de los querellantes por mala fe procesal.
En sendos autos, el juez dice que "no puede apreciarse riesgo de fuga alguno" que haga necesaria la imposición de medidas cautelares. "No consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración”, añade el magistrado, que tiene muy presente que el líder del Frente Polisario declaró con mascarilla por videoconferencia desde el hospital de Logroño en el que está ingresado.
El juez argumenta que Ghali "no puede ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, máxime a la vista de la fecha de los hechos investigados y que no se ha solicitado diligencias de prueba alguna y menos aún que el mismo pueda actuar contra bienes jurídicos de víctima alguna. Además, es muy duro con los querellantes. Llega a señalar que “el informe de la acusación (cuyo poder otorgado ha sido cuestionado, indica) no ha suministrado elementos siquiera indiciarios (las declaraciones de los testigos en la causa no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado), que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno".
Sin competencia
Añade que no basta, "por obvio, para acordar medidas cautelares personales el indicar que Ghali entró en España ilícitamente". De hecho, el juez ha rechazado la personación de una tercera acusación basada en esta circunstancia, por ser un delito que ni siquiera es competencia de la Audiencia Nacional, por lo que los querellantes volverán a intentarlo en Logroño.
Una de las querellas interpuestas contra él es la del activista saharaui con nacionalidad española Fabel Breica por delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad. Asegura que cuando llegó a los campamentos de Tinduf en abril de 2019 fue amenazado por miembros del Frente Polisario para que los abandonara bajo la acusación de traidor, y acabó siendo detenido en un centro no identificado, donde se le sometió a torturas.
