La situación de Canarias se asemeja cada vez más a la de Lesbos o Lampedusa. Así lo afirma la Fundación pro Causa en su informe Frontex: el guardián descontrolado, en el que alerta de que el Archipiélago, al igual que estas dos islas europeas, son «limbos» en los que se corta el flujo migratorio, con lo que no se permite el acceso al continente. Según apunta la Fundación, en la crisis de acogida de 2015, España no quiso alojar puntos críticos (hotspot) en su territorio, como sí hicieron Italia o Grecia, y destaca que la razón podría estar en la escasa presión que sufrían las fronteras nacionales, ya que la migración se concentraba especialmente en las rutas del Mediterráneo central y oriental. A esto se suma que no se quería asociar Canarias a la inmigración, puesto que el principal motor económico de las Islas es el turismo. El informe señala la frontera sur española como «uno de los teatros fronterizos más presionados y desiguales del mundo» y, en cuanto a Canarias, augura que «en cuestión de tiempo» se convertirá en una frontera integrada como Grecia o Italia. Si bien, aunque en el Archipiélago se están dando los ingredientes para intuir la creación de un hotspot, ni el Gobierno de España ni la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) quieren reconocerlo, aseguran desde la organización.
Los intereses de la industria privada de control migratorio tienden a militarizar las fronteras
El informe revela que, además de Frontex, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO, por sus siglas en inglés) desarrolla en el Archipiélago un Plan Operativo concluido en diciembre de 2020 con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este plan, que se implementará en 2021, consiste en el apoyo de EASO para «cubrir las necesidades identificadas en el sistema de protección y recepción internacional». Con lo que, Por Causa destaca que «tan solo faltaría que Europol y Eurojust establezcan una delegación permanente» en las Islas, para completar el abanico de las agencias europeas que forman parte del Área de Justicia e Interior de la UE. Si bien, la Fundación destaca que el Ministerio del Interior de España «parece resistirse a ceder terreno y autonomía a Frontex, tras años de inversiones en recursos, capacidades y liderazgo regional en África». Este recelo podría deberse al temor ante una posible «pérdida de poder estratégico en la frontera sur, especialmente con Marruecos».
El informe destaca que Frontex, además de «un símbolo de la política de blindaje fronterizo y control migratorio», es la agencia comunitaria descentralizada con más personal y con mayor presupuesto de la Unión Europea. En 2005 comenzó a operar con apenas 50 empleados, un presupuesto de 6 millones de euros y funciones técnicas y de análisis de riesgos. Quince años después, esta organización «se ha convertido en un artefacto político y policial», que maneja 460 millones de euros y cuenta con 1.200 empleados. Asimismo, la agencia está embarcada en el reclutamiento, despliegue y equipamiento (incluidas armas) de 10.000 guardias fronterizos. En una década y media, Frontex ha multiplicado por 77 su presupuesto y por 24 el número de empleados.
Opaca y sin control
La organización lamenta que la expansión de la agencia de fronteras no haya estado acompañada de «un aumento equivalente en los mecanismos de transparencia, responsabilidad y control» y, añade, que «los que había no funcionaron o fueron ignorados». Así, Por Causa sostiene que Frontex «parece haber adquirido vida propia, actuando sin transparencia ni control, asumiendo funciones ejecutivas de los Estados miembros y convirtiendo la securitización migratoria en una profecía autocumplida». La presencia de Frontex en los países de origen y tránsito migratorio, alega la Fundación, «se produce sin transparencia, adecuado control democrático y garantías para las personas migrantes o retornadas».
El pasado 7 de junio, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) publicó un informe en el que señalaba que la actuación de Frontex para ayudar a los Estados Miembros y asociados Schengen en la gestión de las fronteras exteriores de la UE no ha sido suficientemente eficaz; y que su apoyo en la lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza es insuficiente. Además, el TCE duda de la capacidad de la agencia para desarrollar adecuadamente la nueva Estrategia europea sobre el Retorno voluntario y la Reintegración, que le brinda más responsabilidades y capacidades. Por su parte, el Parlamento Europeo bloqueó en marzo y abril de 2021 el cierre de las cuentas de Frontex para 2019, como medida de presión por su falta de transparencia.
En 15 años, la agencia europea ha multiplicado por 77 su presupuesto y por 24 su personal
Frontex está destinado a cooperar con el sector privado para responder a los nuevos retos tecnológicos y logísticos. Esta colaboración, sin embargo, señala Por Causa, «se ha hecho sin transparencia, sin el debido control y de manera descuidada». Así, la agencia europea se ha convertido en «un intermediario muy poderoso y codiciado por esos intereses económicos». La industria del control migratorio se trata de un sector cada vez más militarizado, basado en armas de fuego y vigilancia biométrica, «con los riesgos para los derechos humanos que este enfoque implica», advierte la organización en su informe. Que también destaca que la apuesta de Frontex es «sustituir sus capacidades de rescate marítimo por la vigilancia aérea, a través de drones de alta resistencia desarrollados por tecnología militar». En este sentido, el Parlamento Europeo reveló que, en 2019, la agencia adquirió drones de vigilancia militar a Airbus y a dos empresas de armamento por valor de 100 millones de euros. El director de Airbus Defence & Space declaró que la agencia europea es su único cliente no militar.
Si Frontex es hoy el mejor símbolo de la «Europa Fortaleza», es en parte por el impulso de una madeja de intereses económicos, políticos e ideológicos de la industria del control migratorio, que buscan moldear el enfoque de Frontex a su favor. Mientras, la agencia, «sin mecanismos de transparencia o rendición de cuentas», deja sus puertas abiertas a una industria que «endurece el blindaje fronterizo vendiendo soluciones cada vez más intrusivas, letales e irrespetuosas con los derechos humanos». El informe de Por Causa explica que «no se trata de una relación inocua o estrictamente comercial sino de un verdadero rearme político e ideológico en pos de la militarización de las fronteras y la antimigración.
Frontex cuenta con mecanismos de control y supervisión del respeto de los derechos fundamentales en sus actividades y funcionamiento. Sin embargo, subraya el informe, «no son suficientes y ni siquiera funcionan». Por esto, la organización sostiene que la agencia europea «no solo ha sido negligente en su puesta en práctica, sino que no ha funcionado el control interno ni externo por parte de las instituciones encargadas de su supervisión». Así, concluye que «los derechos humanos en el mandato de Frontex son marginales, aunque en el cumplimiento de sus obligaciones sí se exige que se respeten».
