El Parlamento de Canarias exige al Gobierno de Pedro Sánchez que dé marcha atrás de forma inmediata y resitúe a España en su histórica posición de neutralidad en la cuestión del Sáhara Occidental. La postura de la Cámara autonómica es rotunda: el Ejecutivo central debe «volver de manera inmediata a la posición histórica que los distintos Gobiernos de España han mantenido sobre la soberanía del Sáhara Occidental». Debe regresar «al marco de la legalidad internacional». Una postura ante el polémico giro que Sánchez le ha dado a la política exterior del país que la primera institución del Archipiélago le impone al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres. El Legislativo canario mandata al Gobierno regional que exhorte a Sánchez a volver al anterior statu quo en el conflicto entre Marruecos y el Polisario. Un encargo que tiene su origen en una propuesta de resolución de Nueva Canarias (NC) y que parte en dos al cuatripartito que sostiene a Torres al frente del Ejecutivo. De hecho, NC no habría conseguido sacar adelante su propuesta en la tercera y última jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad de no ser por los votos de la oposición. Los diputados del PSOE y de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) se abstuvieron.
El pacto se divide así en la cuestión del Sáhara: por un lado está la indubitable posición de NC y Sí Podemos Canarias –que sí secundó la propuesta de resolución de los neocanarios– y, por otro, la de los socialistas y ASG, que apoyaron iniciativas de otros grupos sobre el mismo asunto pero que no se alinean con la contundencia de NC. En otras palabras: en la bancada del PSOE no quieren aparecer en una resolución que exige con tal rotundidad al Gobierno central –y por extensión a su líder Pedro Sánchez– la urgente rectificación en la cuestión saharaui. En la ASG de Casimiro Curbelo, por su parte, no creen necesario meter el dedo en el ojo al presidente de la nación, entre otras cosas porque de alguna forma conlleva meter el dedo en el ojo también a Ángel Víctor Torres, quien tiene poco margen de maniobra –por no decir ninguno– en un asunto de tanta magnitud como la política exterior del país. Máxime cuando el jefe del Ejecutivo isleño no se arredró este miércoles a la hora de pedir a Sánchez, durante la segunda jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad y desde la tribuna del Parlamento, que dé explicaciones sobre el radical cambio de posición ante el conflicto entre Rabat y el Frente Polisario. Es más, pidió que las explicaciones –del propio Sánchez o de su ministro de Exteriores, José Manuel Albares– se den aquí, en Canarias. Suficiente a juicio de la ASG, que al final cambió así su voto favorable a la propuesta de resolución de NC por la abstención.
En NC, en cambio, ya el miércoles dejaron claro que no estaban dispuestos a moverse ni un milímetro de su postura. La contundencia de su texto, que la Cámara ha hecho suyo pese a la abstención de dos de sus socios de gobierno, no pudo coger a nadie de improviso. El Estado tiene que regresar a su «posición histórica» de neutralidad, repitió el portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos.
Las demás sí prosperan
La propuesta de resolución de NC era la única que comprometía al grupo parlamentario del PSOE ante el Gobierno central. Y por extensión, una vez más, ante Ferraz y Pedro Sánchez. Lo corrobora el hecho de que los socialistas sí secundaran, por ejemplo, el texto de Coalición Canaria (CC) sobre la cuestión saharaui, en el que se pide al Ejecutivo estatal el cumplimiento de los «compromisos internacionales» y las resoluciones de Naciones Unidas pero que no incluye una orden tan tajante como la propuesta de NC. El texto de CC salió adelante con la única abstención del PP, que ve extemporáneo que los nacionalistas incluyeran que el referéndum de autodeterminación de los saharauis se promueva «sin más dilación», algo que hoy por hoy es casi un imposible. También se aprobaron las dos propuestas del grupo mixto, una de Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, y otra de la diputada no adscrita Vidina Espino. Ambas en línea con la resolución de Coalición Canaria. Y también prosperó la del PP, que pide la comparecencia de Sánchez ante el Congreso para explicar el giro en la política exterior, comparecencia que, en principio, se producirá el próximo día 30.
Del lado de los grupos que sostienen el Gabinete de Torres, cada uno registró su propia resolución sobre el conflicto saharaui. La de ASG, también aprobada, agrega la petición de que el Gobierno central informe de eventuales acuerdos con Marruecos en aquello que afecte a la Comunidad Autónoma. PSOE y Podemos presentaron la misma resolución por separado, es decir, cada grupo la suya por más que el texto fuera el mismo. No se mencionan ni el referéndum ni la autodeterminación del Sáhara Occidental, pero piden el cumplimiento de los «compromisos internacionales» y la necesidad de «una solución política justa, duradera y aceptable». Los dos textos se aprobaron por unanimidad –en realidad el PP se abstuvo por equivocación en el de Podemos– gracias a que NC, pese a su tono más laxo, los apoyó. Solo los podemitas les devolvieron a los neocanarios el voto favorable.
