La preocupación crece entre los empresarios y economistas y asesores fiscales promotores del Manifiesto del REF. España sigue sin defender en Bruselas que las Islas queden excepcionadas -en base al Régimen Económico y Fiscal- en la tributación mínima del 15% en el impuesto de Sociedades, que se aplicaría con carácter general a grandes empresas, con una facturación anual superior a los 750 millones de euros. No solo una veintena de grandes firmas en las Islas podrían estar afectadas, sobre todo del sector turístico que tienen establecimientos permanentes en Canarias, sino que en la UE se obviaría el fuero isleño. Por ello, reclaman al vicepresidentre y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que sea "más contudente" y, poco menos, que se plante en Madrid para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo reciba e intente desbloquear no solo este asunto sino las retricciones que el Ministerio está poniendo a intrumentos del REF, como el comercio triangular en la Zona Especial Canaria (ZEC) o la ampliación del plazo de las dotaciones de 2017 de la Reserva para Inversiones (RIC).
También piden al presidente Ángel Víctor Torres que use sus influencias para convencer a sus compañeros de partido en el Gobierno central.
Los promotores del Manifiesto del REF se reunieron este lunes para estudiar precisamente la escasa respuesta de España ante la tributación mínima que se volverá a tratar en el Ecofin, el órgano que agrupa los ministros de Finanzas europeos. Su intención es elevar la intensidad de sus quejas para que desde Canarias "se pelee" este asunto en Madrid, no solo con cartas o llamadas telefónicas sino con toda la fuerza necesaria y no lo den por perdido. Precisamente mañana el vicepresidente comparece en el Parlamento de Canarias a propuesta de Coalición Canaria para hablar sobre el impacto del incremento del impuesto de sociedades al 15% sobre las empresas canarias.
El viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, expuso tras la reunión del Ecofin del 5 de abril que no hay por parte del Gobierno de España ninguna excepción presentada ante la UE para excluir a Canarias de la aplicación mínima de ese impuesto. En los presupuestos de 2022 del Estado, tras un enfrentamiento con la Hacienda estatal, se eximió a Canarias de que las grandes empresas tuvieran que pagar un mínimo del 15% en ese impuesto porque podía afectar a los incentivos de la RIC, la ZEC y a las deducciones a la inversión, instrumentos centrales del fuero canario, pero ahora es la Unión Europea la que estudia establecer esa tributación mínima, principalmente para controlar a las multinacionales tecnológicas. «No se trata de defender a los grandes o a los chicos sino que el REF no se debe aplicar según la facturación», sino para compensar la lejanía e insularidad de las Islas, recalcó entonces Delgado. «Sería la primera vez que el REF se ve limitado por la facturación de las empresas y eso es impresentable», remarcó, porque sentaría un precedente introducir una limitación del uso de los incentivos para las empresas en función de su facturación.
Para el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, "Canarias no existe" para el Gobierno de España en el tratamiento que le está dando al REF, "Es tremendo y ¿de quién es la culpa?". cuestionó hoy lunes. Considera que especialmente Román Rodríguez tiene que dar la batalla en Hacienda estatal porque "esto afecta a las grandes cadenas y va a retraer inversiones en Canarias", asevera.
Los promotores del Manifiesto del REF afirman que España no ha solicitado que haya excepciones y si no lo pide se va a a aprobar sin que Canarias quede fuera cuando se trate esta tributación en el Ecofin. La próxima reunión es el 24 de mayo y en principio no está en el orden del día aunque aún puede entrar, precisó el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. Los economistas y asesores fiscales entienden que se ha de excluir del ámbito de aplicación de la directiva comunitaria a las entidades que desarrollen su actividad económica en una región ultraperiférica, sobre la base jurídica del artículo 349 del Tratado de la Unión Europea, que reconoce las especificidades de estas regiones de Francia, Portugal y España, como Canarias. Tanto los promotores del REF como la Consejería de Hacienda consideran que la manera de evitar este impacto sería prever una excepción para las RUP en la propia directiva, como se ha hecho en los impuestos especiales o en la directiva del IVA.
En este caso, Francia no ha pedido excepciones para sus regiones si bien estas no tienen el volumen de Canarias. A juicio del economista y asesor fiscal Orlando Luján, uno de los impulsores del Manifiesto del REF, España tiene que empezar a moverse en Bruselas para que no se ponga en cuestión el fuero canario con esta tributación. "Hoy es para las empresas de más de 750 millones pero esa cifra que parece inmensa es la inicial y se irá reduciendo y el número de afectados se incrementará", argumenta. Por ello, hay que imponer la excepción en "el primer momento", afirma ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez. "Las directivas se tienen que transponer al derecho interno y son de obligado cumplimiento", recuerda.
Este tributo lo planteó la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) al objeto de controlar a los gigantes digitales, y la Unión Europea está en la línea de regularla. Polonia bloqueó en el último Ecofin el texto que traspone el acuerdo alcanzado en la OCDE el pasado otoño, un pacto de casi 140 países, para fijar ese suelo en todo el mundo, lo que dio un respiro a Canarias.
El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, más optimista que el viceconsejero de Hacienda, está convencido de que España lo defenderá cuando se vuelva a tratar en el Ecofin, porque es "de justicia hacerlo y hay motivos". Afirma que han hablado en varias ocasiones con el Gobierno central y saben de la importancia, porque "de hecho cuando han regulado el tipo mínimo han dejado fuera el REF". No obstante, el problema es que la Unión Europea lo acepte porque ni Francia ni Portugal están en este asunto.
Los promotores del Manifiesto del REF no lo tienen nada claro al igual que desde el área de Hacienda de Canarias. La Consejería afirma que ha mandado cartas la ministra del área , María Jesús Montero, a la de Economía, Nadia Calviño, además de al secretario de Estado para la Unión Europea, junto a diversas comunicaciones y gestiones con la Unidad RUP de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea y con los representantes españoles en la Reper (Representación Permanente), pero en las negociaciones España no ha mencionado la excepcionalidad de Canarias.
Para los promotores del Manifiesto del REF se ha de actuar ya. Y también denuncian que el Ministerio de Hacienda no haya contestado a sus reclamaciones sobre las restricciones al comercio triangular de la ZEC o la extensión a todo el aó 2022 de las dotaciones de la RIC de 2017 o en en otras cuesitones de la Reserva como la creación de empleo. Le pidieron una reunión al secretario de Estado de Hacienda, el palmero Héctor Izquierdo, y no ha contestado.
Respecto al posible impacto en los incentivos fiscales del REF, podrían verse afectados (tras el periodo transitorio de cinco años) los grandes grupos nacionales y multinacionales con una cifra de negocios de al menos 750 millones de euros anuales, con un efecto aún más importante en los grandes grupos canarios con actividad esencialmente en el Archipiélago, pero además supone un retroceso para conseguir inversores en las Islas, como grandes grupos tecnológicos o energéticos interesados en los beneficios del REF, indican los promotores del Manifiesto del REF.
