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La Provincia - Diario de Las Palmas

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El Parlamento empieza a tramitar la renta ciudadana canaria para 40.000 personas

Esta ayuda sustituirá a la PCI, complementará el Ingreso Mínimo Vital estatal, las pensiones no contributivas y dará prestaciones a la vivienda o a estudios

Román Rodríguez charla con Poli Suárez en el pleno. Miguel Barreto

El Parlamento de Canarias ha puesto este miércoles en marcha la tramitación del proyecto estrella del 'pacto de las flores' (PSOE, NC, Podemos y ASG), la Renta Ciudadana Canaria. El pleno de la Cámara regional abordó en primera lectura la norma, dos años después de lo que el Gobierno de Ángel Víctor Torres preveía para 2020. Todos los grupos reconocieron en la sesión plenaria que "aunque sea un poco tarde", es uno de los proyectos de ley más importantes de la legislatura, que llegará a unas 40.000 personas, y que esperan mejorar en el trámite parlamentario, escuchando a los ayuntamientos y a la ciudadanía.

Si la tramitación parlamentaria no se demora en exceso la previsión más optimista es que pueda aprobarse en la Cámara en junio o julio y entraría en vigor dos meses después.

Esta norma sustituirá a la actual Prestación Canaria de Inserción (PCI) y complementará el Ingreso Mínimo Vital estatal, así como plantea otros complementos para las pensiones no contributivas de Canarias. Además, la renta, basada en el modelo vasco que funciona desde hace años, prevé ayudas a la vivienda, a los estudios y a los trabajadores con salarios bajos. Pero estos complementos se darán como mínimo hasta dentro de dos años, porque ahora esta renta ciudadana se limitará a asumir las actuales PCI -10.800 a día de hoy- de forma automática.

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, afirmó que la primera fase supone un incremento de las cuantías que van a percibir las familias, de modo que una unidad de convivencia de dos adultos y dos menores percibirán 160 euros más, lo que puede ayudarles en la cesta de la compra o pagar la luz. Además su tramitación será más ágil y se encargará la Consejería, por lo que que descargará de peso a los ayuntamientos y a los trabajadores sociales para que puedan seguir más en los procesos a las familias.

Poli Suárez, diputado del PP, reconoció que es "una buena ley", pero con años de retraso a lo que dicta el Estatuto de Autonomía, esto es, 18 meses después de la entrada en vigor de la ley de Servicios Sociales. Recordó que hay sectores que no están de acuerdo con la redacción de esta ley que " al final viene siendo de la PCI mejorada". No obstante, recalcó que "existe la necesidad y los datos de la pobreza en Canarias son peores semanas tras semanas", expuso.

Cristina Valido, diputada de CC, señaló que enmendarán cuestiones del texto que no les gustan, y hay cosas que les decepcionan sobre lo que el Gobierno vende de esta norma. Y recordó que el Colegio de Trabajadores Sociales la ha criticado al considerar que es una PCI mejorada, la ficha financiera es insuficiente y se le otorgan funciones a los ayuntamientos que no están claras.

La renta mínima canaria ha pasado por varias vicisitudes, la principal la puesta en marcha por el Gobierno central del Ingreso Mínimo Vital , que hoy perciben 19.000 familias canarias, lo que obligó a modificar el sentido inicial de la renta canaria. Por tanto, la norma entrará en vigor, apurando, en la recta final de la legislatura.

Entre las novedades, no hay límites en el tiempo que dura la prestación si los beneficiarios no cambian sus condiciones socioeconómicas; se agilizan los trámites administrativos para la concesión de la ayuda y desaparecen las renovaciones, de tal forma que habrán revisiones anuales que realizará los técnicos de Derechos Sociales. El proyecto de Ley contempla que la Renta de Ciudadanía complemente al IMV en caso de que éste no ofrezca la cuantía completa y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias.

Entre estos perfiles se encuentran la inclusión social de los jóvenes o como complemento de los ingresos por trabajo en aquellas situaciones en que los salarios sean muy reducidos. También dará cobertura a los menores tutelados que alcanzan la mayoría de edad y se quedan literalmente en la calle. La horquilla de las ayudas es de 517 euros para una persona sola, hasta 1.082 euros para una unidad familiar con cuatro hijos y 1.190 euros si es familia monoparental con cuatro hijos.

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