La Consejería de Derechos Sociales está estudiando revisar los precios de las plazas que tienen concertadas con centros sociosanitarios, de discapacidad o que atienden a menores o mujeres víctimas de violencia de género, Unos precios que han quedado desactualizados debido a la inflación que ha generado sobrecostes en la factura de muchos servicios como la luz o los gastos de alimentación. La consejera Noemí Santana aseguró ayer durante el pleno que «peleará» para que los centros «tengan el refuerzo que necesitan», aunque puntualizó que para ello necesita la autorización de la Consejería de Hacienda.
Asimismo, detalló que está analizando junto a ayuntamientos y cabildos esta revisión, para redactar un informe que cuantifique el precio real de estas plazas y poder así renovar los acuerdos con cuantías acordes a las nuevas necesidades. Además, señaló que prevé que los precios puedan estar actualizados para el próximo año.
Valido reclama que se tomen medidas transitorias porque «no pueden esperar más»
Santana explicó que ya hay cabildos como el de Gran Canaria que están sacando licitaciones por encima de los precios recogidos en el convenio, aunque reconoció que es posible porque se trata de una administración que cuenta con músculo financiero para poder hacerlo. Por eso, recalcó que «está claro» que el Gobierno de Canarias tendrá que acompañar a las instituciones insulares y locales ante esta situación.
La consejera respondió así en una comparecencia solicitada por la diputada nacionalista Cristina Valido, quien insistió en la urgencia de la actuación del Ejecutivo regional porque la situación de estos centros es muy grave. Se trata de instituciones que prestan sus servicios a través de contratos que licita la administración, que tienen unos precios cerrados, y que ya no se corresponden con los costes reales que deben afrontar. Unas carencias que acaban sufriendo los usuarios de estos centros, que en Canarias suponen un porcentaje «altísimo» del total de servicios sociales que se prestan a los ciudadanos.
Valido criticó que mientras para otro tipo de sectores como la ganadería o la construcción se han activado medidas de manera ágil este no ha sido el caso de los contratos vinculados a los servicios sociales. «Saben que el tercer sector no va a dejar de atender a las personas necesitadas para ponerse a pitar ahí fuera», reprochó Valido al Gobierno, así que «terminen pronto las reuniones o si no tomen medidas transitorias».
Valido recordó que gastos como el del aceite han subido un 40% y en los centros sociosanitarios los residentes «comen cuatro veces al día». Además, advirtió que nadie sabe realmente cuál es la situación de los usuarios porque el Gobierno de Canarias no cuenta con inspectores suficientes para garantizar que la prestación es correcta.
Podemos, CC y PSOE consideran que es necesario «rescatar» al tercer sector
«¿Qué van a hacer cuando los costes se disparen y las familias no puedan asumirlos?», preguntó, e instó a la Consejería a concluir el catálogo de servicios sociales con precios justos para que haya equidad en todas las islas y que durante «el otoño caliente» los servicios no dependan al final de si un Cabildo consigue aportar fondos propios, porque quizás otro no puedan y los derechos de las personas son los mismos.
El resto de los grupos admitieron la necesidad de revisar los precios de estos contratos vinculados al tercer sector al igual que ya se está haciendo con las licitaciones de obras públicas. La diputada del PSOE, Teresa Cruz Oval, anunció que su formación presentará una Proposición No de Ley para instar al Gobierno de Canarias a que acuda al rescate del tercer sector. Una iniciativa a la que tanto Valido como Santana mostraron su apoyo.
