Los cabildos insulares no solo quieren que la Consejería de Hacienda les rebaje la factura que les cobra por encargarse de la recaudación de los tributos del Bloque de Financiación Canario, es decir, por la tarea de procurar los ingresos por el Impuesto de Matriculación, por el AIEM y por el IGIC –el 58% de este dinero va para las arcas de los cabildos–, sino que también pretenden que se les compense por el «grave perjuicio» que les acarreó la puesta en práctica del nuevo Sistema de Información Inmediata (SII) del IGIC en 2019. El perjuicio para las arcas insulares ascendió, según los cálculos que manejan los propios cabildos, a unos 20,5 millones de euros.
La idea en la Federación Canaria de Islas, la Fecai, la entidad privada que armoniza los intereses de los siete cabildos y que en estos momentos preside el máximo dirigente de la corporación insular de Fuerteventura, Sergio Lloret, es reunirse con los representantes de la Consejería de Hacienda, que tiene como consejero a Román Rodríguez y como viceconsejero a Fermín Delgado, para abordar también la cuestión del SII. Lo que ocurrió en 2019 con el nuevo sistema de información del IGIC ya había pasado en 2017 con la entrada en vigor del SII del Impuesto sobre el Valor Añadido, el IVA peninsular, del que es gemelo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
El sistema trajo consigo dos grandes ventajas para los contribuyentes: por un lado, el aplazamiento por unos días de la deuda tributaria; por otro, el adelanto de las devoluciones por el impuesto. Pues bien, el aplazamiento de la deuda impositiva desembocó en que el montante a ingresar en diciembre de 2019, el correspondiente a noviembre, no se ingresara hasta enero de 2020. Dicho de otro modo: en el primer ejercicio con el nuevo sistema del IGIC la recaudación efectiva, es decir, el dinero contante y sonante que entró en la caja pública, correspondió en realidad a once meses, y no a doce como es menester. Se produjo así, a juicio de los cabildos, «un grave perjuicio en la participación de las entidades locales en los recursos derivados del Bloque de Financiación Canario».
La recaudación por el IGIC de aquel mes de noviembre de 2019 ascendió a algo más de 35,3 millones de euros, una cuantía que no se distribuyó entre las entidades locales, ya que Hacienda aplicó el criterio de caja y no el de devengo. Si se tiene en cuenta que los cabildos reciben unas entregas a cuenta con cargo a la futura recaudación y que parte de estos adelantos deben reintegrarla si finalmente los ingresos tributarios resultan menores de lo esperado, no extraña el mosqueo en la Fecai, ya que las entregas a cuenta de 2019 se calcularon sobre la base de doce meses y al final se liquidaron solo once.
La merma en las arcas públicas insulares por ese mes desplazado asciende a los susodichos 20,5 millones de euros, de los que la mayor parte corresponde, claro, a los Cabildos de Tenerife, casi 8,1 millones, y Gran Canaria, cerca de 7,5. Además, algo más de 1,6 millones es la parte que le tocaría a la corporación insular de Lanzarote, y alrededor de 1,4, a la de Fuerteventura. Poco más de un millón de euros corresponde –siempre según los cálculos que maneja la Fecai– al Cabildo de La Palma. Los de La Gomera y El Hierro recibirían algo más de medio millón y de 400.000 euros respectivamente.
Un ejercicio de 13 meses
La solución que los presidentes insulares pondrán sobre la mesa en la próxima reunión con los representantes de la Hacienda autonómica –de momento sin fecha– es que se modifique la normativa y se adelante unos días la recaudación correspondiente al último mes de cada ejercicio. De este modo, el primer año presupuestario tras esta reforma no sería de doce meses, sino de trece, un mes de más para compensar así el mes de menos de 2019.
No obstante, y como adelantó ayer este diario, son varias las cuestiones que los dirigentes insulares quieren trasladarles a Rodríguez y Delgado. En primer lugar del orden del día planteado por los cabildos está la excesiva factura que la Consejería de Hacienda les cobra por la gestión de la recaudación tributaria. ¿Por qué la consideran excesiva? Porque el departamento autonómico no resta del coste del trabajo que supone la recaudación impositiva la parte que corresponde a los tributos cedidos, de los que las entidades insulares no ven ni un euro.
Es más, en la Federación Canaria de Islas incluso están dispuestos a llegar a los tribunales en caso de que el departamento de Hacienda no les dé la razón, algo que no parece cercano. El Gobierno de Canarias no tiene de momento la más mínima intención de modificar la normativa sobre el coste de la gestión de la recaudación tributaria.
