La Audiencia Nacional analiza si cabe anular el fallo que extinguió a NC

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el incidente de nulidad por posible vulneración de derechos fundamentales presentado por los responsable de la extinta Nueva Canarias contra la sentencia que dio de baja a ese partido político en julio de 2021, por no haber adaptado a tiempo sus estatutos y no acreditar su actividad.

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 ha aceptado estudiar el incidente excepcional de nulidad impulsado por los canaristas, ante la indefensión que consideran que han sufrido con las notificaciones de ese procedimiento, «del que ni siquiera fue parte», informó ayer el secretario de Organización de la formación, Carmelo Ramírez, durante una rueda de prensa.

«Esto permite entrar al fondo del asunto», según Ramírez, y si el resultado es favorable, supondrá la nulidad de la sentencia que determinó la expulsión de la formación del Registro de Partidos Políticos, volver al inicio del proceso y que pueda defenderse.

Ramírez: «Es un error burocrático de carácter administrativo, no es un delito»

NC fue eliminada de ese registro dependiente del Ministerio de Interior tras una sentencia del mismo juzgado que ahora revisa el fallo, que en junio de ese mismo año declaraba su disolución por vulneración de la Ley de Partidos. El incumplimiento legal de no actualizar sus estatutos –amén de no transparentar sus cuentas durante cuatro anualidades seguidas– provocó la apertura de un expediente que, al no recibir respuesta por parte de la dirección del partido tras hasta cuatro requerimientos, pasó al ámbito judicial. Este, finalmente, dictaminó la disolución legal de NC. La formación no supo que ya no existía como tal hasta un año después, cuando lo vio publicado en los periódicos.

Ramírez anunció ayer que además del incidente por nulidad presentado por la organización política, varios de sus militantes han presentado otro similar a título individual, al entender que la resolución judicial les afecta directamente.

El procedimiento judicial que afectó a NC se utiliza para depurar del registro de partidos a aquellas formaciones que llevan mucho tiempo sin funcionar, por lo que los nacionalistas confían en que la decisión del juzgado pueda revertirse y no se demore mucho.

«Se trata de un derecho fundamental, no puede ser que por un error de carácter formal se elimine el partido», en opinión de Ramírez, que subraya que no hay más que estar informado para saber que su partido forma parte del Ejecutivo de Canarias y que sus cargos públicos en el Ejecutivo, ayuntamientos y cabildos superan el centenar.

Subvenciones

Mientras este asunto se resuelve, Nueva Canarias-Bloque Canarista se registró el 30 de agosto como partido para poder concurrir a las próximas elecciones de mayo y en sus estatutos se declara «heredero» de la anterior Nueva Canarias a todos los efectos.

Ramírez ha informado también de que los servicios jurídicos del Parlamento de Canarias, donde cuentan con cuatro diputados, han trasladado un informe a la Mesa de la Cámara en el que indican que el grupo parlamentario de NC es diferente al partido. A su vez, los diputados de esa formación han presentado un escrito en el que informan de que se han integrado en el nuevo partido y NC-Bloque Canarista puede recibir las subvenciones por funcionamiento que distribuye la Cámara entre los grupos porque es continuidad de NC; antes el grupo había decidido devolver de motu propio los 75.000 euros que habían recibido desde que el partido fue borrado del registro sin esperar a que la Mesa se los reclamara formalmente tal y como sí hizo la del Congreso de los Diputados tras recibir la sentencia y la resolución del Ministerio de Interior.

Militantes de la formación reclaman también a título personal al juzgado que revise el caso

Ramírez lamentó ayer que CC y el PP utilicen el « error administrativo» en el que incurrió NC para atacar a su partido con fines electoralistas.

Asimismo, manifestó que NC «nunca ha entrado en asuntos judiciales internos de otros partidos», que deben dirimirse en los tribunales.

«Es un error burocrático de carácter administrativo, no es un delito» y «no vamos a admitir ninguna lección de ética del PP ni de CC», manifestó Ramírez, que ha heredado el cargo de secretario de Organización en NC-BC. La formación mantiene las siglas pese a que la Ley de Partido no lo permite merced a una sentencia del Tribunal Constitucional que impide a Interior decidir al respecto.