La tesis del presidente del Gobierno regional de que no cabe una investigación política para el caso mascarillas porque ya la hace la Justicia venció ayer en el Parlamento regional, como se ya se barruntaba. El pacto de las flores puso en marcha el rodillo de la mayoría para bloquear la comisión solicitada hace menos de una semana por populares y nacionalistas. No hubo que esperar ni que el asunto llegara al pleno. El cortafuegos se produjo durante la reunión previa de la Junta de Portavoces, el órgano en el que se elabora el orden del día de las sesiones plenarias. Los representantes del PSOE (Nayra Alemán), NC (Luis Campos), Podemos (Manuel Marrero) y ASG (Casimiro Curbelo) dan por buenas las explicaciones vertidas desde el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres: ya han asumido responsabilidades políticas puesto que el director del Servicio Canario de la Salud cuando se produjeron las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario –Conrado Domínguez– no sigue en su cargo. Permitir tan solo el debate de la idoneidad de la comisión sería, desde el punto de vista de los grupos de la mayoría, poner alfombra roja al uso político del supuesto fraude que ha costado a las arcas públicas de la Comunidad Autónoma cuatro millones de euros. No están dispuesto al vía crucis de una investigación paralela a la judicial, que además ven electoral y con clara intención de desgaste para los socialistas.
Primero el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y ahora la Fiscalía Europea –tras activar esta su derecho de avocación por haberse usado fondos de la UE– investigan si el Servicio Canario de la Salud (SCS), en pleno estado de alarma en 2020, tramitó y adquirió una partida de mascarillas a través de RR7 –una empresa sin experiencia anterior en la importación de material sanitario– que si bien llegaron al aeropuerto de Gran Canaria, Aduanas las intervino y destruyó tras acreditar que eran falsificaciones de productos de la firma 3M. Ante ello, el SCS primero decidió rescindir el encargo a RR7, pero un año más tarde Domínguez habría reactivado el contrato, pese a que legalmente estaba ya rescindido, para dar a RR7 la oportunidad de importar otra partida de 1,2 millones de mascarillas de otra marca a cuenta del dinero que ya había cobrado. Tampoco llegaron.
CC critica «la cerrazón a la transparencia que debe regir toda actividad pública»
El exdirector del SCS – investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa– siempre ha defendido que actuó «bajo la legislación vigente en todo momento», puesto que el marco jurídico estatal en 2020 se flexibilizó para poder tramitar contratos de emergencia sanitaria. Con todo, dimitió a principios de mes tras una conversación con Torres sobre el alcance de la instrucción.
Desde el grupo nacionalista critican que con el bloqueo de los portavoces de cuatripartito se priva a la oposición «de la posibilidad de que todos interviniéramos en el debate, como se había solicitado».
Insisten en un comunicado en que las comisiones de investigación están reguladas en el reglamento de la Cámara y existen precedentes de debates previos a la aprobación de su creación, como fue el caso de las últimas constituidas. «En el trámite de la del incendio de La Gomera o en el de la Montaña de Tebeto se produjeron intervenciones de los grupos parlamentarios, por lo que nada impide celebrarlas en esta ocasión», subraya.
La oposición reclamaba explicaciones de los miembros del comité de emergencia
Para los nacionalistas, «este hecho, además de sentar un preocupante precedente, demuestra la cerrazón del Gobierno de Canarias a la transparencia que debe regir toda actividad pública, y más en un hecho como el que nos ocupa, en el que se han perdido cuatro millones de euros de dinero público y hay indicios de que existen otros contratos fallidos de material sanitario».
CC asegura que no es su intención interferir en la investigación judicial que está en curso, «sino esclarecer si la actuación del Ejecutivo estaba sujeta a la legalidad y a las propias normas internas que le afectan».
La oposición reclamaba que los cargos públicos que participaron en el comité de emergencia creado en marzo de 2020, tras decretar el Gobierno de España el estado de alarma, dieran explicaciones de lo acordado en sus reuniones. Este comité estaba integrado además de por Torres, por el vicepresidente y responsable de Hacienda, Román Rodríguez; el consejero interino de Sanidad, Julio Pérez; y el también interino director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera. Los dos últimos a su vez consejero de Administraciones Públicas y viceconsejero de Presidencia, respectivamente.
