Pleno del Parlamento de Canarias | Nuevas leyes al final de la legislatura

«No es no y no tengo que explicarte por qué no»

La ley de José Antonio Valbuena ha costado parirla más de tres años pero nació bastante gruesa | Es un prodigio de ordenancismo cominero y furor planificador

Los consejeros José Antonio Valbuena y Sebastián Franquis durante el pleno, ayer . | | EFE/RAMÓN DE LA ROCHA

Los consejeros José Antonio Valbuena y Sebastián Franquis durante el pleno, ayer . | | EFE/RAMÓN DE LA ROCHA / Alfonso González Jeréz

Alfonso González Jerez

Alfonso González Jerez

Después de la anodina sesión de control, tan animada, por lo general, como la consulta de un dentista, el pleno tomó velocidad –es un decir– hacia la aprobación de los dos principales objetivos legislativos del presidente Torres y su mayoría parlamentaria: la ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias y la ley que regula la Renta Básica Canaria. Aun así fue muy divertido disfrutar de Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas, al evitar concretar el número de viviendas que se han construido en esta legislatura a preguntas de la coalicionera Socorro Beato. Al final aseguró que había construido 500 viviendas sin mayor detalle. Lo peor fue la ayuda que recibió Franquis, que no fue otra que la de su conmilitón Jorge González. El diputado palmero no tuvo otra ocurrencia para defenderlo que pedirle a Beato que CC apoyase la inminente ley de Vivienda que se tramita en las Cortes. «Venga, apoyen ustedes la ley… por qué no la apoyan…. Apoyen ustedes la ley, apóyenla». Hay que estar imbuido de un delirante patriotismo de partido para creer que lo tienes hecho si pides con insistencia aguardentosa a la oposición que voten tus leyes. Y como técnica argumentativa se antoja, sinceramente, un poco cantinflesca.

Tampoco estuvo mal la otra comparecencia de Franquis a petición de Esther González, la diputada wonder woman de Nueva Canarias, sobre la gratuidad del transporte terrestre en las islas a partir del 1 de enero. En realidad la señora González quería poner a parir a Ana Oramas y María Fernández, y por extensión a Coalición Canaria, por el pecado de haber conseguido que se subvencionase al 100% las guaguas y el tranvía para multiviajes, es decir, para las personas que lo utilicen asiduamente. Lo de González, más que un discurso, fue un bolero. Llorona, por ejemplo. La gratuidad del transporte público terrestre provocará un apocalipsis porque no habrá guaguas, ni chóferes, mi marquesinas suficientes, y de esta catástrofe –que al parecer no amenaza a ningún otro territorio del Estado español– la ensoberbecida estulticia de CC será la única responsable. «Ay de mí llorona, llorona, llorona/llévame al río. /Ay de mí llorona, llorona, llorona,/ llévame al río». Hasta Franquis parecía ligeramente incómodo. Como dijo más tarde el joven diputado Jesús Machín «este parlamento es tan asombroso que podemos ver aquí cómo se solicita la comparecencia de un consejero para criticar una negociación de dos diputadas en otra cámara legislativa». En realidad hay algo todavía más sorprenderte. Fue CC quien pidió en la negociación de los presupuestos generales del Estado la gratuidad del transporte público terrestre, pero fue el PSOE quien lo admitió y las introdujo en las cuentas anuales. ¿Por qué la señora González no protesta y le afea la conducta al PSOE?

La ley de José Antonio Valbuena ha costado parirla más de tres años pero nació bastante gruesa: tiene nada menos que 90 artículos, cuatro disposiciones adicionales y tres disposiciones transitorias y se impone como objeto «regular las medidas encaminadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como garantizar la transición energética la acción por el clima, alcanzando la neutralidad en carbono y la reducción de gases de efecto invernadero». Les aseguro que el cronista está abreviando. En realidad existían dos opciones para enfrentarse a los problemas y encrucijadas del cambio climático y la transición energética en Canarias: o promover una batería de normativas y reglamentos específicos para los distintos ámbitos y objetivos o trabajarse una ley monumental que simbolizara por sí misma el parteaguas entre un sucio pasado y un futuro descarbonizado. El presidente Torres, por supuesto, optó por lo segundo, como su consejero Valbuena. Lo cierto es que Valbuena se tomó su tiempo y Torres lo presionaba suavemente. Lo que estaba claro es que tenía que votarse y aprobarse antes de finalizar el año. Y se ha conseguido. Tanto en la comisión como en la ponencia la mayoría bloqueó hasta brutalmente las enmiendas de la oposición. Se llegó a responder –así lo recordó ayer Machín– que «no admitimos tu enmienda porque no y no tengo que explicarte por qué te digo que no». «En todos los años que llevo en esta Cámara», dijo Luz Reverón, «jamás he visto este grado de soberbia y de desprecio hacia nuestro trabajo por parte de la mayoría que apoya al Gobierno».

La flamante ley es un prodigio de ordenancismo cominero y furor planificador. Mandata el frondoso crecimiento de una jungla de estrategias, planes, adaptaciones, autorizaciones y programas que convertirán su cumplimiento en una hazaña técnica que incluso si es culminada no llevará menos de un lustro. Es una ley que ha crecido y engordado a los pies de José Antonio Valbuena, como si fuera su mascota predilecta, alimentada exclusivamente por una decena de técnicos de su máxima confianza en la Consejería de Cambio Climático, y no en el resto del Ejecutivo. Ricardo Fernández de la Puente recordó una de sus enmiendas: que los integrantes del órgano decisorio que crea la ley, la Agencia Canaria de Acción Climática, los eligiera el Parlamento por mayoría de tres quintos. Casi se le rieron en la cara. Tanto Reverón como Fernández de la Puente coincidieron en el «sectarismo ideológico» de la norma, y la diputada del PP avanzó que su implantación «amenaza con frenar en seco el desarrollo económico de Canarias».

Cuando todo parecía que la ley se aprobaría con los votos exclusivos de la mayoría parlamentaria, el pasado jueves, para estupefacción de Coalición Canaria, empezaron a admitir sus enmiendas a toda velocidad. Les admitieron hasta el 95% de las mismas. Al parecer Valbuena intervino más o menos directamente porque, a su juicio, era imprescindible que la ley contase con más de 36 votos. Al menos con la incorporación de las enmiendas de CC se proyectaba cierta voluntad de consenso sobre una norma con ambición de pervivencia. La mayor parte de las enmiendas coalicioneras están dirigidas a racionalizar determinados excesos burocráticos y simplificar otros. Machín hizo uno de sus mejores discursos agradeciendo ese súbito consenso, pero también censurando el trato brindado a la oposición. Finalmente la ley fue aprobada por una mayoría ciertamente amplia. La sonrisa de perillán travieso pero que sabe disimular de Valbuena contrastaba con la expresión de desolación de Fernández de la Puente.

También, ya digo, se aprobó la Renta Básica Canaria, otra disposición estatutaria que finalmente se ha podido materializar, y que merece más espacio, por supuesto, que el disponible aquí y ahora. Los pobres de solemnidad van a tener tantos recursos que igual seguir escribiendo crónicas parlamentarias es una tontería. Una tontería más grande, quiero decir.

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