El Ejecutivo duda que salga la ley de policías locales por falta de tiempo y de consenso
Pérez se opone a los agentes interinos pero
admite «situaciones excepcionales»
El Gobierno regional admite que la escasez de tiempo por la finalización de la legislatura y la falta de consenso entre los ayuntamientos y los sindicatos y asociaciones profesionales del cuerpo hacen que la ley de las policías locales tenga un «futuro incierto», reconoció ayer el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez. No obstante, el departamento que dirige Pérez mantiene su hoja de ruta y envió ayer al Consejo Consultivo el anteproyecto de ley de Ordenación General y Coordinación Supramunicipal de las Policías Locales de Canarias. Ni siquiera el hecho de que se haya solicitado el dictamen al Consultivo por la vía de urgencia garantiza más rapidez en la tramitación ya que el órgano ha hecho una «llamada de atención» al Ejecutivo por utilizar en exceso la petición de urgencia.
Pérez indicó que el «deseo» del Gobierno es que ayuntamientos y sindicatos puedan aparcar sus diferencias y que la ley llegue a la Cámara regional con el «mayor consenso posible», asumiendo que la ley deja «muy abierta» la regulación porque cada ayuntamiento puede atender a sus «peculiaridades». Asimismo, Pérez se mostró contrario a la figura del policía interino, que critican los sindicatos y las asociaciones de jefes, y puntualizó que entiende que no se debe prohibir de forma taxativa su creación ya que solo sería para «situaciones excepcionales» y de forma temporal.
Con esta reforma a la Comunidad Autónoma le compete, por un lado, la ordenación general, a nivel normativo, de los cuerpos de Policía Local de Canarias en su vertiente orgánica, funcional y funcionarial, persiguiendo, por tanto, una ordenación de todos los aspectos nucleares que afectan a los mencionados cuerpos. Por otro, es responsable de la regulación de los medios y sistemas que posibiliten la acción conjunta de las policías locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, en orden a conseguir la integración de las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana que tienen confiado.
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