Tres de cada cuatro viviendas de Canarias están en 'zonas tensionadas'

El Gobierno de Pedro Sánchez le ha dejado una papa caliente al próximo Ejecutivo canario. El Gabinete autonómico que salga de las elecciones del 28 de mayo tendrá que decidir si pone o no en práctica la medida estrella de la nueva ley estatal de vivienda: la limitación de los precios de los alquileres en las localidades, barrios o calles donde se hayan disparado, es decir, en las llamadas zonas tensionadas. A diferencia de otros Gobiernos regionales, con el de la Comunidad de Madrid a la cabeza, el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres siempre se ha mostrado partidario de una normativa con la que el ala de Podemos en el Consejo de Ministros ve colmada una de sus grandes aspiraciones. Los morados tenían en la intervención del mercado inmobiliario uno de sus principales objetivos de legislatura, y al final lo han conseguido –a falta de la convalidación en el Congreso– gracias a los apoyos de los independentistas vascos –Bildu– y Catalanes –Esquerra–, los socios preferentes de Sánchez y el bipartito PSOE-Podemos. Sin embargo, el pacto de las flores cerrará la legislatura autonómica sin verse en la tesitura de elegir entre aplicar esta polémica medida o seguir la recomendación de las patronales de la construcción, que han pedido que no se ponga en práctica. Por un lado, la ley aún no se ha promulgado; y, por otro, el Ejecutivo canario, a poco más de un mes de las elecciones, está ya en el tiempo de descuento. Así que será el nuevo Gabinete el que resolverá qué hacer en las zonas tensionadas, una decisión de enorme calado por cuanto tres de cada cuatro viviendas del Archipiélago se ubican en esas áreas calientes. Dicho de otro modo: tres de cada cuatro viviendas pueden verse afectadas por el control de precios.

El partido morado pretende que las camas en arrendamiento turístico no superen el 2% de la población

El acuerdo entre PSOE, Podemos, Bildu y Esquerra para sacar adelante la flamante normativa da más facilidades a las Comunidades Autónomas –o en su caso los ayuntamientos– para la declaración de zonas tensionadas. El primer anteproyecto de la ley establecía que debían cumplirse dos requisitos al mismo tiempo para que la Administración pública pudiese marcar en rojo una localidad, una calle o una plaza y limitar los alquileres. Pero el texto que llegará al Congreso rebaja los requisitos a uno solo. Bastará con que se cumpla una de las dos condiciones –que el alquiler medio supere el 30% de la renta media de los hogares de la zona o que el precio de la vivienda haya experimentado un incremento acumulado en los cinco años anteriores al menos tres puntos superior al del IPC– para que los Gobiernos autonómicos y/o los ayuntamientos puedan intervenir el mercado. Para que puedan, en definitiva, limitar los precios de los arrendamientos, lo que en la práctica conllevaría que todos los propietarios de los pisos y casas ubicados en la zona intervenida –ya sean grandes fondos de inversión o pequeños rentistas– no podrían subirles el alquiler a sus inquilinos más de un 3%. Da igual que la inflación se dispare y que ese pequeño propietario afronte gastos un 10, un 12 o un 15% superiores. El caso es que la subida del recibo no podrá rebasar el 3% en 2024 y, a partir de 2025, el porcentaje que dicte un nuevo indicador que el Ministerio de turno aún debe diseñar. Todas las viviendas de esa zona quedarán o quedarían subordinadas a ese límite, tanto las que ya estén arrendadas como las recién incorporadas al mercado del alquiler, cuyos precios de salida también estarán topados.

Tras los cambios en el anteproyecto de ley forzados por Bildu y Esquerra –con el beneplácito de Podemos y la rendición del PSOE–, resulta que las potenciales zonas tensionadas del Archipiélago abarcan hasta un 75% de todas las casas y pisos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la friolera de un 79% de las situadas en la demarcación de Las Palmas. En otras palabras: tres de cada cuatro viviendas de Canarias –un porcentaje que se eleva hasta prácticamente ocho de cada diez en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura– son susceptibles de someterse al control de precios. Es la conclusión a la que han llegado los analistas de la consultoría inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics, que en su último informe ponen así cifras a algo que ya se daba por descontado, esto es, que las Islas serían una de las Comunidades Autónomas más afectadas por la nueva y controvertida ley estatal de vivienda.

Casi todo el Archipiélago es en sí mismo una gran ‘zona caliente’ sujeta a un eventual control

De hecho, el análisis de Atlas Real Estate Analytics –una de las principales firmas en el ámbito de la consultoría inmobiliaria– sitúa a las dos provincias canarias entre las siete –cabe recordar que en España hay un total de 50 provincias y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla– con mayores porcentajes de viviendas en zonas tensionadas. Solo cinco territorios tienen una mayor concentración de pisos y casas en áreas amenazadas por la intervención pública. Se trata, en concreto, de Baleares, donde un 94,7% de los inmuebles está en zonas calientes; Málaga, con hasta un 94,4%; Madrid (90%); Cádiz (83,2); y Barcelona (80).

En consecuencia, casi toda Canarias es en sí misma una zona tensionada, lo que añade aún más presión al futuro Gobierno regional. No en vano, la decisión de controlar los precios en una determinada localidad supondría de algún modo romper la unidad de mercado, esa que, en síntesis, determina que haya unas mismas reglas del juego en todo el territorio nacional. Ocurriría a nivel interno lo que se producirá a nivel autonómico, ya que los Ejecutivos madrileño y andaluz, entre otros, ya han avisado que no piensan aplicar la ley en todo aquello que no sea obligatorio, y resulta que la declaración de zonas tensionadas es una medida potestativa. Por eso desde el sector inmobiliario han advertido que muchas inversiones acabarán desviándose desde las regiones o provincias que intervengan el mercado hasta esas otras que no pasen por el aro.

Pero, además, ahora Podemos quiere ir un paso más allá y aprovechar la inminente aprobación de la ley para meterle mano al negocio de la vivienda vacacional. Su idea es colar a través de una enmienda que las plazas en alquiler turístico en ningún caso puedan superar el equivalente a un 2% de la población de la zona caliente. Así que si hay 10.000 habitantes, no se podrían ofrecer más de 200 camas en viviendas vacacionales.

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