Comisión de Ley de Volcanes advierte de que aún hay familias que no han cobrado indemnización por vivienda en La Palma
Archivo - Destrozos cercanos a la vía LP-213, de la carretera de Puerto Naos / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
La comisión promotora de la Ley de Volcanes, que se presenta este miércoles en la Universidad de La Laguna (ULL) y busca 15.000 firmar para iniciar su tramitación en el Parlamento, ha advertido este lunes de que aún quedan muchos afectados por recibir los 60.000 euros comprometidos por el Gobierno central en concepto de indemnización por la pérdida de vivienda a raíz de la erupción volcánica en Cumbre Vieja (La Palma).
Peor ocurre con los 30.000 euros adicionales anunciados por el Gobierno de Canarias pues 15 meses después solo los ha cobrado el 10% de los afectados, denuncian en un comunicado.
Los promotores lamentan la falta de una ley básica y general que garantice los derechos patrimoniales, urbanísticos, sociales y económicos de los afectados sobre sus propiedades y que de los 600 afectados apenas se haya entregado un centenar de viviendas.
El resto, critican, "han sido casas de madera y los humillantes contenedores marítimos reconvertidos en viviendas que no cumplen con las normas de habitabilidad del Gobierno de Canarias y que constituyen la mejor imagen de la nefasta reconstrucción social del volcán".
Alertan también de que se han elaborado dos decretos en materia de recuperación residencial y en materia de agrícola pero que "siguen sin aprobarse y publicarse" y entienden que en la administración pública "hay dinero suficiente" para diseñar un plan a cuatro años y "devolver todo lo perdido" a los afectados previa tasación de los bienes perdidos.
Los promotores aseguran igualmente que las consecuencias post-erupción continúan en la isla, como demuestra que unas 2.000 personas son atendidas por Cáritas.
La futura ley pretende que personas afectadas por otros volcanes que erupcionen en Canarias tengan "garantizados por ley" los derechos sociales y económicos como el derecho al realojamiento en una vivienda digna y "con independencia" de las decisiones políticas que se tomen por los gobiernos de turno.
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