Sin indicios de abusos en el centro de menores de Tafira

El Gobierno descarta cerrar cautelarmente el centro de menores de Tafira. La investigación que Bienestar Social abrió de urgencia después de que este fin de semana trascendiera la denuncia de una docena de internos sobre presuntas agresiones, amenazas y tocamientos por parte de los trabajadores del espacio, gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, fue remitida este lunes a la Fiscalía sin que se apreciaran indicios alguno de malos tratos.

Para elaborar el escrito, tres técnicos hablaron con todos los jóvenes migrantes que conviven en el establecimiento capitalino sin contar con los doce denunciantes, que continúan en paradero desconocido. Durante la inspección para investigar la veracidad de la denuncia, «no verbalizaron» ninguna de las acusaciones, subrayó la directora general de Protección a la Infancia del Ejecutivo canario, Sandra Rodríguez.

Explicó que los entrevistados se han quejado de la ropa y de la calidad de la comida, pero en ningún caso han planteado vejaciones por parte de los empleados que los atienden.

Denuncia por reacción ante el traslado

El informe expone que la fuga de 23 menores el pasado viernes se produjo tras la noticia de que algunos iban a ser derivados a otros centros para mejorar la convivencia.

La decisión se habría tomado después de varios altercados que acontecieron la semana pasada, y que obligaron a la entidad que gestiona el espacio a reforzar temporalmente la plantilla.

Escape y malos tratos

Según la versión de la denuncia interpuesta por los chicos, ese viernes, en torno a las 13.00 horas, escaparon del centro y se dirigieron a la comisaría de la Policía Nacional de San Cristóbal para alertar sobre los malos tratos que supuestamente estaban sufriendo por parte de esos trabajadores de refuerzo, que no eran los habituales del centro. Los agentes no les quisieron tomar declaración, por lo que regresaron caminando hasta Tafira y once de ellos decidieron reingresar. Los otros doce, asesorados por Save de Children y acompañados por voluntarios de Somos Red, fueron los que finalmente interpusieron el escrito ante el juez. 

Fuentes de Save the Children han mostrado especial preocupación por la situación de los once que decidieron volver a la casa de acogida, ya que la última información que habían tenido era que les habían bloqueado las puertas y retirado los teléfonos móviles para evitar el contacto con el exterior. Pero tras la investigación, Rodríguez recalcó ayer que es «totalmente falso» que se esté dando ese trato a los menores.

Medidas judiciales y sentencia pendiente

Además, según fuentes cercanas al Ejecutivo canario, dos de los migrantes que han firmado la denuncia colectiva tienen abiertas «medidas judiciales y están en libertad vigilada»; y otro más está a a espera de que se dicte sentencia de «una causa muy grave».

Bienestar Social continuará con los traslados previstos a otros recursos alojativos y reforzará los controles en el centro de Tafira. En este sentido, el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, anunció este lunes la licitación de un contrato externo de inspección que «permita tener información casi diaria o semanal» de qué está sucediendo en cada uno de los 58 centros de menores en activo en la actualidad.