El Gobierno abrirá un concurso para buscar viviendas inacabadas y convertirlas en públicas

El Gobierno de Canarias abrirá antes de verano un concurso para que los propietarios de urbanizaciones y viviendas inacabadas le planteen en qué plazos y condiciones las pueden terminar, con el propósito de seleccionar las mejores opciones e incorporarlas al parque de vivienda pública. Así lo anunció el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, al exponer en rueda de prensa algunos de los detalles del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que ha aprobado el Consejo de Gobierno para hacer frente a la falta de vivienda y "emergencia habitacional" que atraviesan las islas.

La nueva norma contiene dos grupos de iniciativas, unas destinadas a incrementar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda, y otras enfocadas a la promoción e impulso de la construcción de viviendas protegidas. A través de 30 artículos y varias disposiciones transitorias, adicionales y finales, el decreto aborda todos los aspectos de la oferta de vivienda, ha asegurado Rodríguez tras el Consejo de Gobierno.

Así, se aborda la disponibilidad de suelo donde construir, facilitando su transformación jurídica y material; la viabilidad de usar como viviendas construcciones y edificaciones ya existentes, incluyendo las no terminadas, y la adecuación de las normas sobre viviendas protegidas para favorecer su rápida construcción y puesta a disposición de los demandantes. El consejero ha informado de que se hará un concurso antes del verano para que los titulares de los edificios inacabados puedan presentarse y decir en cuánto tiempo los acaban, pues el Gobierno adquirirá edificios acabados.

Aplicación directa

Además, el decreto determina una serie de mandatos que responden al objetivo de aplicación directa y simplificación de los procedimientos, como la reducción de seis a tres meses en el cumplimiento de trámites y procedimientos administrativos.

El consejero ha indicado que el Gobierno ha abordado esta propuesta con los sectores implicados durante los últimos meses, con la intención de alcanzar un documento de consenso en el que se recogieran políticas reales y "de aplicación directa", para aportar soluciones al problema. Asimismo, este jueves se reunirá con los grupos parlamentarios para explicarles el decreto.

Rodríguez admitió que este problema tiene "mucho que ver" con la "tensión" entre la oferta y la demanda, de ahí que el nuevo decreto ley incorpore medidas para actuar en el incremento de la oferta para "dar respuesta a la enorme" demanda que existe de acceso a la vivienda. Además, agregó, que esas medidas incorporadas al decreto ley tengan también un efecto "directo, no interpretable". En este sentido, la norma recoge dos "grandes" paquetes de medidas, por una parte para aumentar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda, y, por otro lado, para promover, impulsar y facilitar la construcción de vivienda protegida.

En cuanto al paquete de medidas para incrementar la utilización de edificaciones con destino a vivienda, el primero recoge la recalificación de locales y de edificios completos cambiando su uso actual al de vivienda, el 50 por ciento de vivienda protegida, "acogiéndose todos" al decreto de habitabilidad.

Obras públicas de interés general

Por otro parte, señaló que también se recoge la calificación como proyecto de obras públicas de interés general la construcción de vivienda de promoción pública con efecto de prevalencia sobre las determinaciones del planeamiento discordante, lo que supone "declarar la obra pública de vivienda en el caso de la Administración como obra de interés general". Asimismo se recoge que la declaración de urgencia permitirá reducir los plazos en los cumplimientos de trámites y procedimientos administrativos. Añadió que el decreto ley lo que busca es "promover, impulsar y facilitar" la construcción de vivienda protegida.

En cuanto a la modificación del Módulo Básico canario, indican que se adecuará a la realidad actual del mercado y a cada isla. En Gran Canaria y Tenerife se elevará a los 1.905,26 euros/metro cuadrado, y en el caso de La Gomera, La PalmaEl HierroLanzarote y Fuerteventuraa 2.133,89 euros. Por último, señaló que se amplía el tipo de unidades familiares que pueden acceder a las viviendas protegidas de régimen general, incluyendo a los núcleos que no excedan cinco veces el Iprem (las que no excedan seis veces el Iprem, solo en determinados supuestos), permitiendo que las clases medias también puedan beneficiarse de esa medida.

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